Carta del Director

Estrategia ante el 6D: una carrera de obstáculos para la oposición

Carta del Director
Foto extraída de: Vecteezy
Editorial Politika Ucab

Para el liderazgo de la alternativa democrática, que ha decidido no participar en los comicios parlamentarios, se impone la necesidad de dar un golpe de timón estratégico ante un posible cisma en sus filas, lo que abonaría a una mayor autocratización y estabilización del régimen.

Benigno Alarcón

Uno de los desafíos más importantes para la oposición está en el escepticismo y la desesperanza que desmoviliza a la población tras los intentos que, durante dos años, han tratado de materializar sin éxito el primer objetivo de la ruta estratégica marcada por la oposición liderada por Juan Guaidó, o sea, el cese de la usurpación. Esto explica la disminución en la confianza como consecuencia de las expectativas no alcanzadas y las bajas probabilidades de poder concretar un cambio político, cuando estamos a menos de 100 días de una elección parlamentaria que no cumple con ninguna condición para ser considerada democrática.

A raíz del ciclo de consultas emprendidas por Guaidó con la sociedad civil, se ha generado un intenso debate, que vemos muy positivo, en torno a la pregunta sobre qué hacer más allá de abstenerse de participar.

Existen dos alternativas que hoy generan la mayor polémica, aunque algunos más ambiciosos no las consideran excluyentes sino complementarias. La primera es la realización de una consulta opositora, cuya oportunidad y objetivos aún no están definidos, pero entre los que se considera la determinación del rumbo de la dirección política tras la elección, la relegitimación del mandato de Guaidó como Presidente Interino, así como el desconocimiento y la deslegitimación del evento electoral. La segunda alternativa la constituyen una serie de iniciativas encaminadas a lograr la suspensión de la elección parlamentaria del próximo 6 de diciembre hasta lograr un acuerdo sobre condiciones de integridad electoral que respeten los estándares internacionalmente reconocidos.


Tres grandes barreras para la consulta

Sin tener mediciones propias sobre el apoyo a una u otra opción, es necesario recordar que la consulta debería superar algunas barreras importantes para poder considerarla exitosa.

Una primera barrera está representada por la memoria negativa sobre la consulta del 16 de julio de 2017, tras la cual ninguno de “los mandatos” dados a la oposición a través de la respuesta a las tres preguntas de esa consulta (desconocimiento de la Constituyente de Maduro, mandato a las FAN para respaldar a la AN, y reforma institucional para elecciones libres), fue implementado. Esto fue el principio del fin de lo que conocimos como la Mesa de la Unidad Democrática, cuando como consecuencia del abandono de la protesta tras la consulta, se produjo la inesperada derrota electoral de la oposición en las elecciones regionales del 15 de octubre de ese mismo año, y la abstención en las municipales que se celebraron dos meses después, el 10 de diciembre.

Otra barrera que se suma al escepticismo sobre la utilidad real de la consulta, es la impuesta por la pandemia de COVID-19, que para la fecha de las elecciones estará lejos de ser superada, lo que obligaría a la oposición a construir una narrativa que justifique la participación entrando en contradicción con algunos de los argumentos que justificaban la suspensión de la elección por razones sanitarias.

Un tercer obstáculo está en el nivel de participación que tendría que alcanzarse para considerar la consulta más legítima que la elección parlamentaria. En este sentido, aunque se espera para esta elección una abstención que puede alcanzar el 60%, una participación del 40% implicaría entre ocho y nueve millones de votos, según nuestras propias estimaciones.

Esta meta luce difícil de alcanzar si consideramos que la consulta de 2017 logró movilizar a unos siete millones de votantes sin ninguna de las barreras mencionadas. Para ello, el liderazgo democrático tendría que considerar un modelo híbrido de consulta que permita combinar la participación presencial, siempre necesaria para visibilizar la movilización a favor de una causa, tomando todas las medidas necesarias para que la gente se sienta y esté protegida, en lo sanitario y en los riesgos ante la represión del régimen, y la consulta virtual que permitiría la participación tanto de los venezolanos que están en el exterior como de aquellos que por alguna razón no puedan hacer presencia en las mesas habilitadas para la consulta. Esto implica un reto adicional, que es el diseño del algún mecanismo que permita certificar los resultados del proceso hacia adentro y fuera del país, a los fines de generar una base sobre la cual fundamentar política y jurídicamente cualquier decisión derivada de la consulta.

A estas alturas, desconocemos si el diseño e implementación de tales condiciones para garantizar el éxito de una consulta en estos términos es posible en lo que queda de año, pero ciertamente ello no luce como un reto de fácil concreción.


¿Es posible suspender las elecciones?

La segunda alternativa, cuyo propósito es la suspensión de la elección parlamentaria del próximo 6 de diciembre hasta que se logre un acuerdo sobre condiciones de integridad electoral que respeten los estándares internacionalmente reconocidos, luce menos complicada técnicamente. La gran traba consiste en la firme determinación del régimen, y del sector militar, de sacar adelante la elección del 6 de diciembre, como medio para cerrar el muy costoso capítulo de la oposición liderada por Guaidó y acompañada por la comunidad internacional. Su idea es sustituir a la oposición actual con nuevos y viejos actores de “oposición”, hoy cooptados mediante prácticas de clientelismo competitivo electoral, bien conocidas en el repertorio de las autocracias electorales, e incluso implementadas de manera exitosa por Chávez en el pasado, para mantener a la oposición dividida en la competencia electoral por espacios regionales, municipales y legislativos.

Tal determinación por sustituir a la oposición a como dé lugar, se hace evidente en las decisiones que permitieron la liberación de varios presos políticos durante este fin de semana, que celebramos porque las personas liberadas jamás debieron estar detenidas, pero cuya concreción, más que un acto de justicia, constituye una jugada política magistral que intenta posicionar a una nueva oposición, para desplazar a la actual, mostrándola como más eficiente y efectiva en la negociación, con la condición de que marque distancia de la oposición mayoritaria y participe en la elección del 6 de diciembre. De concretarse la inscripción del excandidato presidencial Henrique Capriles y/o de otros a través de su partido, La Fuerza del Cambio, se estaría generando un cisma sin precedentes entre los partidos y actores de la oposición democrática.

Lo que no puede perderse de vista es el efecto que estas elecciones parlamentarias, así como la actuación de los partidos que integran la llamada “mesita” (Mesa Nacional de Diálogo) y los demás que participan en el proceso, puede tener para el futuro de la democracia en Venezuela.

Si el gobierno estuviese planificando su salida del poder mediante una reforma democrática dirigida desde el Estado, como fue el caso de Sudáfrica, ante la inminencia de una guerra civil, o de España, tras la muerte de Franco, negociar con actores en los que el régimen confía, siempre facilita el proceso. Si, por el contrario, el régimen busca su autocratización y estabilización en el largo plazo, como de hecho creemos que es nuestro caso, la división y cooptación de una parte de la oposición alejaría las posibilidades de una transición democrática, tal como ha sucedido en casos como los de Nicaragua o Zimbabwe, entre muchos otros autoritarismos caracterizados, como el de Venezuela, por su longevidad.

En tal escenario, a lo único que pueden aspirar tanto los partidos de “la mesita”, como los demás que participen en esta elección, no es a lograr un cambio político sino a compartir el poder con el gobierno en los niveles subnacionales (regional y municipal) y en el legislativo, mediante el desplazamiento de la oposición, y no del gobierno, en una proporción minoritaria de estos cargos, lo que se traduce en la división de la oposición y una lucha por los espacios que hoy ocupa Guaidó y los partidos del G4, fractura que inevitablemente se reproduciría entre sus bases aguas abajo. 


El necesario golpe de timón

Pese a las dificultades evidentes con las que tropezará el liderazgo democrático, éste no puede conformarse con un ejercicio de oposición pasiva, hoy traducido como la abstención en el proceso del próximo 6 de diciembre, sino que debe complementarse con iniciativas como la consulta y/o el boicot activo. Este tipo de acciones deben ser cuidadosamente evaluadas, diseñadas, planificadas y ejecutadas para que su implementación se derive en una victoria, así sea moderada pero significativa, que sirva para reanimar la movilización y la lucha democrática, y alejarnos del ostracismo generado por la desesperanza, el desempoderamiento y la destrucción de las expectativas de cambio.

La dirigencia opositora no puede continuar atrapada en el paradigma del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esta narrativa genera una camisa de fuerza, al instaurarse como un dogma que impide la exploración de otras estrategias, necesarias para avanzar hacia una transición.

El necesario cambio de estrategia debe pasar por recuperar la vía electoral, como campo de lucha, reconociendo su innegable utilidad en buena parte de los procesos de transición democrática, así como la imposibilidad de que una lucha electoral por la democracia se plantee en términos democráticos, sino como un desafío que se produce casi siempre en los términos de quien detenta el poder, por lo cual se impone la necesidad de ser abordada desde una plataforma unitaria y con una estructura capaz de plantear un reto en condiciones de inequidad.

Asimismo, la revisión de la estrategia debe considerar la evaluación, en términos realistas, de los procesos de negociación, incluyendo lo aspectos relacionados con el qué se negocia, con quién se negocia, y bajo qué condiciones se lleva a cabo el proceso.

De la misma forma, deber reconsiderase de manera realista el peso que se le ha atribuido a las sanciones como mecanismo de presión ya que, como sabemos, aunque son importantes no pueden sustituir a la presión social interna, como lo demuestra la realidad política de muchos países con una larga tradición de sanciones que, sin embargo, constituyen regímenes de larga data, como ha sido en el caso de Corea del Norte, Irán o Cuba, dispuestos a transferir los costos de las sanciones a su propia población con tal de mantenerse en el poder.

Finalmente, las transformaciones necesarias en la oposición incluyen la recuperación de la confianza y la reconexión con la gente, la reconstrucción de un discurso que genere un acercamiento con las bases de una mayoría de la población que apuesta a un cambio que les permita vivir en un país en el que la libertad, el bienestar y las oportunidades de progreso sean las condiciones mínimas de una vida normal a las que todo ciudadano tiene derecho.

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