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Editorial

Luego de ganar la elección parlamentaria del 6D, el gobierno se presenta triunfante, y sobredimensiona la percepción de su invencibilidad, al tiempo que alimenta una percepción de derrota y orfandad entre quienes se oponen a él. La Asamblea Nacional le es propicia para alcanzar los objetivos políticos y económicos que permitan la estabilización y fortalecimiento del gobierno. Aun estando en una situación de asimetría, la oposición, necesariamente, debe coincidir en la generación de mecanismos de presión en favor de condiciones electorales que permitan un mínimo de competitividad electoral que hagan posible un stunning election, como el de 2015.

Benigno Alarcón Deza

El año 2021 comienza sin sorpresas en lo político, y sin cambios en los económico y social. El 2020 cerró con la elección parlamentaria ganada por el partido oficialista por un amplio margen, una oposición que se abstuvo y un grupo de partidos minoritarios cooptados por el régimen, que sin éxito trataron de sustituir a la oposición mayoritaria para terminar sub-representados en la nueva Asamblea Nacional, gracias a una predecible abstención, que rondó al menos el 70%, y una importante dispersión del voto, que les coloca en una posición de total vulnerabilidad y sumisión ante una mayoría parlamentaria oficialista que supera el 90%.

Como respuesta la oposición realizó, pese a todos los obstáculos, una consulta popular que, gracias a una combinación de voluntarismo y el uso de herramientas tecnológicas inaccesibles para la mayoría de la población, terminó en unos niveles de participación sobre los cuales persisten las dudas, pero que son similares a los de la elección parlamentaria.

El gobierno se presenta triunfante, y sobredimensiona la percepción de su invencibilidad, al tiempo que alimenta una percepción de derrota y orfandad entre quienes se oponen a él. Como consecuencia, una parte importante de la población responderá con mayor sumisión (adaptarse para sobrevivir), o mayores niveles de emigración en la medida que la pandemia se supere y comiencen a reabrirse rutas de salida.

Con el control de la Asamblea en sus manos, el régimen trata de avanzar a toda velocidad en dos objetivos principales: consolidar su poder político y obtener recursos económicos.

En lo político, tomará ventaja de su absoluto control parlamentario para fortalecer los cuadros de apoyo institucional mediante la revisión de los nombramientos de las autoridades no electas (fiscal, contralor, magistrados, rectores del Consejo Nacional Electoral, etc.), mientras trata de reconfigurar el ecosistema político a través de la intervención o exclusión del juego de partidos y actores que representen una amenaza, el fortalecimiento clientelar de las estructuras de movilización y control comunal, en la medida que haya recursos disponibles para ello, y la celebración de elecciones regionales y municipales que permitirían, gracias a una estrategia del clientelismo político-electoral, mantener el control de la mayor parte de los gobiernos estatales y municipales.

Más allá del Capitolio Federal, lograr el control político-territorial en el resto del país es una ventaja clave que también tratará de lograr, para lo cual el anuncio de la postergación de las elecciones municipales para 2022, a pesar de que el periodo de las autoridades municipales finaliza este año, es un primer paso. El siguiente será, nuevamente, lograr la fragmentación y proliferación de actores y partidos de oposición ante las oportunidades que representa la competencia electoral estatal y municipal, y la disgregación del voto entre una oposición conformada por una multiplicidad de partidos minoritarios y actores cooptados por el régimen que compiten entre sí por cargos a nivel subnacional, como consecuencia de la implementación de una estrategia de clientelismo competitivo político-electoral similar a la utilizada en las pasadas elecciones parlamentarias.

En lo económico, se orienta a mantener el control sin corregir las distorsiones que han generado la mayor y más sostenida hiperinflación en el mundo y la destrucción de buena parte de la actividad productiva, comenzando por la petrolera y las industrias básicas. Para lograrlo la estrategia incluye apartar al empresariado de lo político utilizando una estrategia similar a la que se utilizó en lo político: dividir.

Así como para la elección parlamentaria se excluyeron a los partidos con más oportunidad de competir electoralmente, bien fuera interviniéndolos judicialmente o negándoles las condiciones mínimas para competir, mientras se negociaba con un grupo de partidos minoritarios (Mesa Nacional de Diálogo), y se dividía a la oposición entre los que se sumaron a la carrera y los que se negaron a competir en la elección, hoy se divide a los actores económicos entre los que se mantienen en actitud de oposición al régimen y quienes se suman a una posición más pragmática, alejándose de lo político y aceptando hacer negocios con las reglas impuestas por el régimen.

El régimen construye así una relación clientelar con una élite empresarial conformada por algunos actores nacionales y algunos extranjeros que llegarán de la mano de gobiernos aliados, que dependerán y tendrán que lidiar con los antojos de socios gubernamentales o testaferros. Confiar en que una liberalización económica antecedería a la liberalización política, ignora que los procesos de liberalización económica han servido en muchos casos (China, Rusia, Irán, entre otros) para estabilizar regímenes autoritarios, como es la evidente intención en este caso.

De la promesa de la reconciliación a la realidad de la persecución

En este momento, tras dos años de presiones internacionales sin precedentes, sobre todo desde el gobierno norteamericano, y la audacia de la oposición interna, el gobierno se anota un triunfo importante en medio de un clima de destrucción económica y social, también sin precedentes, que contribuyó, junto a la pandemia y a la falta de combustible, a desmovilizar al país obligando a la gente a centrarse en su propia supervivencia.

Luce inevitable la persecución política contra algunos actores de la oposición que el régimen considera una amenaza para su estabilidad, comenzando por Juan Guaidó. En este sentido, la nueva Asamblea instala una especie de Comisión de la Verdad, que lo que busca es justificar, mediante un proceso inquisitorio, las medidas que se tomarán contra Guaidó y otros líderes políticos y sociales.

La arremetida no incluye solo a partidos y actores políticos, sino también a Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en el área de los Derechos Humanos y en el campo humanitario, para evitar los primeros y regular los segundos a fin de mantener el monopolio de la asistencia social como mecanismo político-clientelar. Adicionalmente, se ha retomado el ataque contra medios de comunicación alternativos como la televisora VPI TV, Caraota Digital, El Pitazo, Tal Cual, Panorama y Efecto Cocuyo. Estos ataques se han traducido en campañas de desinformación, intervenciones cibernéticas, y fiscalizaciones del SENIAT y CONATEL, que han terminado en clausura de oficinas e incautación de equipos de trabajo durante la primeras dos semanas de 2021. 

Como si fuera un guión teatral, mientras está ocurriendo una escena autoritaria, en otro plano el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ya actuó en representación del gobierno liderado por Maduro en las negociaciones de República Dominicana y posteriormente en las mediadas por el Reino de Noruega, anunció la instalación de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional que, sin lugar a dudas, formará parte del repertorio táctico para alcanzar los objetivos políticos y económicos que permitan la estabilización y fortalecimiento del gobierno.

Este proceso, que es visto por algunos actores políticos, empresarios y miembros de organizaciones de la sociedad civil, con un optimismo que raya en la ingenuidad, no tiene como finalidad alcanzar acuerdos que sirvan para superar el grave conflicto político que ha caracterizado la dinámica nacional desde hace años, y mucho menos para avanzar en un proceso de democratización que se traduciría, entre otras cosas, en reinstitucionalización y mayor integridad electoral, lo que traería como consecuencia inevitable un cambio de gobernantes al cual el régimen no está dispuesto, y mucho menos en un momento en que se siente en capacidad de imponer su propio juego. 

Así comienza el 2021. No faltará quien subraye las debilidades y errores de la actual dirigencia, y sobredimensione la percepción sobre el poder, la inteligencia y la invencibilidad del gobierno. La verdad se ubica, como sucede casi siempre, en un punto medio. Ni el gobierno es invencible, como se ha demostrado en varias oportunidades (al menos en 2007 y 2015) ni las derrotas son totalmente atribuibles a la oposición, sino a las dinámicas que el régimen impone de facto. Lo que sí queda claro es que las probabilidades de éxito de la oposición democrática son directamente proporcionales a su capacidad para mantenerse cohesionada.

El liderazgo democrático y la comunidad internacional deben continuar coincidiendo en la generación de mecanismos de presión en favor de condiciones electorales que permitan un mínimo de competitividad electoral que hagan posible un stunning election, como el de 2015. Cualquier intento de negociación o mediación implica, como primer paso para incrementar las probabilidades de éxito, quitar al gobierno el control de la agenda y la metodología de negociación y asumir el proceso de manera realista, comprendiendo que gobierno y oposición están en una situación asimétrica en la cual el régimen no tiene razón alguna para cooperar con la oposición y arriesgar o perder el poder. Cambiar el equilibrio del juego implica, necesariamente, cambiar la estructura del juego para que la cooperación tenga sentido para quienes hoy se encuentran en una posición dominante.