Carta del Director

El triángulo fatal del autoritarismo para 2021

EDITORIAL
Extraído de: Indepaz

25 de enero de 2021   | Benigno Alarcón Deza

Con el control de los distintos poderes públicos, aún con legitimidad no reconocida, el régimen eleva la represión y persecución contra algunos sectores, vende un diálogo selectivo con otros y pavimenta una nueva ruta electoral bajo su dominio, para reforzar aún más el control político, con algunas acciones de liberalización económica que no resolverán la crisis social y menos aún la humanitaria.

Los acontecimientos políticos de las primeras tres semanas del año, apuntan a que el año 2021 estará marcado por la represión, el diálogo selectivo y elecciones controladas, con acciones desde los distintos ámbitos que ahora domina el régimen: El Ejecutivo desde el ámbito gubernamental, El Legislativo desde la Asamblea Nacional (AN) oficialista, El Judicial desde su Tribunal Supremo de Justicia, y el Poder Moral y Electoral desde las autoridades actuales y las nuevas que serán renovadas desde la Asamblea Nacional, como ordena la Constitución.

Esta tríada no es una novedad, ya que la orientación represiva, los diálogos engañosos o selectivos  y las elecciones hechas a la medida, han sido prácticas recurrentes de la estrategia política del régimen. Pero este año se desarrollan en un cuadro de afianzamiento del autoritarismo con el propósito, no de emprender una progresiva liberalización política y la consecuente reinstitucionalización del Estado, sino con el  de lograr la estabilización del régimen mediante la neutralización y fractura definitiva de aquellos sectores que le adversan.

El primer componente de este triángulo es la represión, que se ha hecho más que evidente contra las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y los medios de comunicación social, en las primeras dos semanas, y que en la más reciente se ha extendido al sector político, lo que era esperable tras los años de agonía a los que le sometió la oposición que controló la Asamblea Nacional entre 2016 y 2020. En este contexto, la vicepresidente del Parlamento oficialista, Iris Varela, le concede 48 horas al Poder Judicial para que dicte las órdenes de aprehensión contra “los diputados de Guaidó“, curiosamente no contra el Presidente interino en particular, lo que implica cierto nivel de precaución hasta que se vislumbre la posición final de la Unión Europea y del recién inaugurado gobierno de Biden con relación al líder opositor. 

Las precauciones en torno a lo que se hará con Guaidó por el momento, se observan como lógicas por cuanto el líder opositor sigue contando con un importante apoyo internacional. La declaración del Secretario de Estado designado por Biden, Anthony Blinken, de reconocer a Guaidó y la Asamblea Nacional electa en 2015, así lo ratifica.  Por ello, la apuesta del oficialismo pareciera inclinarse a construir una amenaza creíble contra Guaidó, lo que puede incluir la materialización de acciones contra sus colaboradores más cercanos, a fin de animarle a “huir” del país antes que a concretar su detención. Sin embargo, no puede descartarse su arresto, aunque el gobierno prefiera evitarlo para no convertirlo en un nuevo mártir, como sucedió con Leopoldo López.

En el caso de la represión contra las ONGs, el caso más representativo hasta ahora es el de la detención de cinco miembros de Azul Positivo, que desde hace 16 años realiza en el Zulia acciones de salud preventiva contra el VIH, violencia de género y asistencia humanitaria. La acusación ha estado argumentada en el financiamiento internacional, lo que indica que parte del propósito es criminalizar el apoyo desde el exterior, pero seguramente también a lo interno, para las organizaciones de la sociedad civil que hacen trabajo por la democracia o atienden espacios asistenciales que el régimen prefiere monopolizar con fines político-clientelares. Evidencia de esto es que la oficina de la ONU en Venezuela anunció que había suspendido temporalmente una parte de las transferencias monetarias para algunos programas humanitarios en el país.

Las ONGs han alzado la voz y han pedido a la comunidad internacional que “preste su total atención a la situación de hostilidad e inseguridad en la que se encuentran las Organizaciones de la Sociedad Civil, y condenen los ataques continuos contra organizaciones humanitarias, defensores y defensoras de derechos humanos”.

En cuanto al segundo eje del triángulo, el pasado 14 de enero la AN oficialista creó la Comisión para el diálogo, la paz y la reconciliación de Venezuela, para el cual se  habría convocado a ciertos sectores políticos, así como a algunos representantes de la sociedad civil y del sector empresarial. La oposición del G4 al parecer no habría sido incluida en este llamado; pero si lo hicieran, probablemente ésta no estaría dispuesta a aceptarlo tras las experiencias fallidas promovidas  desde El Vaticano, República Dominicana, Noruega y Barbados.

Aun así, algunos sectores participan desde antes de este anuncio en el diálogo con el gobierno, unos para evitar posibles persecuciones, otros por un cálculo costo/beneficio sobre las ventajas de acercarse al poder, y otros por ingenuidad, convencidos de que su presencia hará una diferencia en el proceso y permitirá lograr algunos avances.

El  tercer eje del triángulo de la estrategia autoritaria son las elecciones. Es así como Maduro, a principios del mes, anunció que en 2021 solo habrá elección de gobernadores mientras que las municipales serían diferidas para el 2022, acción que es muy típica de regímenes dictatoriales como  el régimen venezolano develando una táctica de secuenciación y timing electoral, estructurando la agenda electoral, no por los términos establecidos en la Constitución, sino de acuerdo con la conveniencia política.

Y en ese marco, donde el gobierno cuenta con el control pleno de la Asamblea Nacional (más de 90% de los diputados), también se anuncia la selección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE),  con la finalidad de tratar de silenciar las críticas, tanto internas como externas, que desconocían el proceso comicial del pasado 6 de diciembre marcado por la inconstitucionalidad en el nombramiento de los nuevos rectores.

A través de lo electoral, el gobierno busca profundizar aún más las divisiones dentro de la oposición. Si algún gobernador o alcalde de oposición quisiera conservar su cargo, como es de esperar, insistirá en ir a la elección, y de no recibir apoyo, competirá por iniciativa propia o buscará respaldo en grupos o sectores que sí participarán en los comicios venideros. De ese modo se afianzarán las distancias con quienes definitivamente no acudan a las contiendas.

En dichos comicios municipales se disputarán 335 alcaldías (337 si se lleva a elección las dos alcaldías metropolitanas). La importancia política del control territorial resulta inidónea para  retornar a una estrategia político-clientelar que incentivaría la postulación de decenas de miles de candidatos, como sucedió con las pasadas elecciones para la AN cuando para 277 curules se postularon 14.000 personas, y un consecuente fraccionamiento del voto opositor y el control de estos territorios por el oficialismo, lo que resulta clave para una futura elección presidencial o un eventual referendo revocatorio.

Hacia la liberalización económica

El otro tema importante a considerar es el económico, donde todo apunta a que se mantendrá la línea del gobierno hacia una cierta liberalización, con propósitos políticos muy pragmáticos que apuntan, no a corregir distorsiones ni a generar crecimiento económico sostenible, sino a lograr su estabilización, lo que comenzamos ya a ver durante 2019 y 2020, ante la falta de recursos fiscales, y cuyo símbolo más visible han sido los bodegones con mercancía importada, así como la dolarización progresiva de la economía.

En ese marco, varios economistas han expresado que habrá nichos que se beneficiarán en algunos sectores, pero no necesariamente habrá crecimiento, a menos que se levanten las sanciones internacionales, sobretodo las que afectan al sector petrolero y se dan garantías a la inversión extranjera especializada en esta área. Aun así, esta realidad ha generado cierto optimismo entre algunos sectores que comienzan a competir ante la posibilidad de participar en algunas privatizaciones o hacer negocios en el país.

Algunos analistas advierten cierto paralelismo con lo que se vivió en Rusia en la época postsoviética con Mijaíl Gorbachov y Boris Yeltsin cuando se quiso pasar de un estatismo total a una liberalización económica sin controles en donde una parte importante de los activos del Estado terminaron en manos de una nueva élite económica conformada por funcionarios públicos y sus socios. Hay quienes piensan que esta línea de acción, de pasar de una economía muy regulada a otra más privatizada, puede resultar muy riesgosa para quienes la aplican pues podrían terminar perdiendo el control político al generarse nuevos polos de poder.

Sin embargo, otros analistas se inclinan más a pensar que la liberalización impulsada por el régimen de Maduro no deja los negocios al azar sino más bien los pone en manos de una élite económica que el gobierno controla y con los cuales se puede asociar. Aun cuando el proceso actual luce bastante invertebrado y anárquico, parecería que hay cierto interés de poner orden y se daría continuidad a la línea de mantener la economía al servicio de lo político. Si bien pudiera suceder lo contrario, de que la economía prive sobre lo político, esto sería el resultado de un proceso más a largo plazo.

En todo caso, valdría la pena revisar otros casos similares de liberalización económica, que pudieran compararse con el venezolano, para ver hacia dónde han llevado a estos países. Hay quienes señalan que estos procesos de liberalización económica pudieran  derivar en un proceso de liberalización política. Otros estudios más recientes advierten que, por el contrario, dicha liberalización económica ha contribuido, en muchos casos como el de Rusia y China, a la estabilización de los regímenes autoritarios que la aplicaron. Muchos regímenes autocráticos, gracias a estos procesos de liberalización económica, han logrado continuar en el poder imponiéndose a través de elecciones.

Lo interno versus lo externo

En materia internacional, la pregunta ahora es ¿cómo queda Venezuela luego de que el gobierno de Maduro asumió el control de la Asamblea Nacional, aun cuando ésta no ha recibido el reconocimiento externo?, ¿Habrá cambios en la política de Estados Unidos hacia nuestro país?

Aun cuando la Asamblea Nacional de 2015 asumió una cuestionada continuidad administrativa para mantener el liderazgo de Guaidó como presidente interino reconocido por más de 50 países, la situación no es muy favorable para la oposición que, al no cumplir con la promesa de “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, ha perdido un porcentaje importante de la confianza de un electorado que se siente frustrado y muy desesperanzado ante la poca certeza de un regreso a la democracia en el corto o mediano plazo.  Esto ha generado que alrededor de un 20% de la población esté considerando irse del país. Es decir, tal y como se ha venido advirtiendo, todo apunta a que el proceso de emigración de venezolanos se incremente este año en la medida que se abran las fronteras cerradas por la pandemia.

Por otra parte, si bien la nueva administración Biden en Estados Unidos ha asegurado que mantendrá la política de ese país hacia Venezuela, con el reconocimiento y el apoyo a Guaidó y al G4, también es cierto que habrá una necesaria revisión de la estrategia implementada durante el gobierno de Trump, que podría incluir conversaciones con el gobierno de Maduro para tratar de lograr acuerdos que permitan un camino hacia nuevas elecciones en condiciones más justas. Pero aún es temprano para saber cuál será la estrategia a seguir por el nuevo mandatario norteamericano, aunque no se vislumbren cambios en la postura de desconocimiento a Maduro.

El régimen, menos por sentirse amenazado y más por buscar el levantamiento de sanciones, intenta acercamientos con las nuevas autoridades norteamericanas. Y una de las vías que podría estarse construyendo, como propósito principal del diálogo, es la instrumentalización de los sectores políticos, sociales y económicos con los cuales se está buscando acercamiento, para que sirvan como frente legítimo de presión para que las sanciones sean levantadas.

Mientras tanto, la posibilidad de sobrevivir de la oposición descansa, en buena medida, en la capacidad que tenga de reestablecer el vínculo con la mayoría de la población que demanda un cambio en lo político para movilizarla y rescatar espacios en las bases de la sociedad. En la medida en que esa movilización se dé habrá un mayor apoyo internacional para la oposición. Por el contrario, si lo que hay es desconexión y desmovilización, la situación de Venezuela podría tender hacia una especie de “cubanización” en la que sectores importantes de la población optan por mimetizarse para sobrevivir con lo que hay, alejándonos, cada vez más, de las condiciones necesarias para una transición.

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