Opinión y análisis

Las regionales: proposiciones para promover la participación

A voter casts a ballot during the Constituent Assembly election in Caracas, Venezuela, July 30, 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Trino Márquez

Salvo que ocurra un cataclismo impredecible, las elecciones de gobernadores y alcaldes será el acontecimiento político más importante de 2021. El gobierno se valió de su mayoría en la Asamblea Nacional para imponer la convocatoria conjunta. Hace algunos años, fueron los rojos quienes decidieron que ambos eventos deberían estar separados. Los tiempos y las necesidades cambian. Nicolás Maduro necesita mantenerse atado a la Constitución, aunque sea por un hilo. Los comicios de mandatarios estatales están contemplados en la CRBV y no será él quien quebrante la norma,  ahora cuando necesita aumentar aún más su control de las instituciones del Estado.

          Con motivo de esa cita, en el campo opositor han aparecido algunas posturas que se acercan más a los dogmas religiosos que a la ductilidad de la política. Hay quienes sostienen que, como no se participó en las votaciones del 6 de diciembre, tampoco se debe acudir a los próximos comicios regionales y locales. Aplican una regla aritmética que no vale en política. La Asamblea Nacional es un órgano del Poder Nacional cuya misión fundamental consiste en fiscalizar y servir de contrapeso al Ejecutivo Nacional. Desde luego, resulta fundamental que pueda ser dominada por la oposición democrática, pero ya sabemos lo ocurrido a partir de 2015, cuando las organizaciones democráticas obtuvieron los dos tercios del foro: la superestructura montada por el madurismo dio al traste con la Asamblea. Luego de esa amarga experiencia, el gobierno pretende convocar elecciones en las cuales tenga asegurado el triunfo antes de realizar las votaciones.  Tras la búsqueda de ese objetivo, torpedeó las conversaciones en Oslo, Barbados y República Dominicana. Era imposible ir al cadalso solo para complacer la voluntad del hegemón.

          Con las elecciones regionales y locales ocurre algo distinto. Lo que está en discusión es el poder local. La descentralización. El juego de fuerzas en los estados y municipios. Los enemigos de acudir al evento dirán que allí donde gane la oposición, el régimen nombrará un ‘protector’, tal como sucedió en Táchira, cuando Lady Gómez triunfó; o en Nueva Esparta, cuando Alfredo Díaz obtuvo la victoria.  Puede ser cierto. El punto es que a Táchira le ha ido mejor con una Laidy enfrentada al ‘protector’ Freddy Bernal y a Nueva Esparta le ha ido mejor combatiendo a Dante Rivas, el otro ‘protector’, que si hubiese caído en las garras del madurismo sin ningún tipo de amortiguador. En el cuadro actual, se da un forcejeo permanente entre las autoridades impuestas por Maduro  y las votadas por el pueblo de cada una de  esas entidades federales. Si proyectamos el cuadro, ese es el panorama en los demás estados y municipios donde la oposición consiguió la victoria.

          Con un régimen autoritario como el que preside Maduro, no es posible conseguir condiciones que garanticen elecciones transparentes, equilibradas y competitivas. Pero, es factible reducir el control total sobre los procesos comiciales que siempre aspiran los autócratas obligados por las circunstancias a concurrir a eventos electorales cada cierto tiempo.

          Al gobierno le interesa la participación opositora en las venideras votaciones. El 6-D fracasó en su intento de construir una ‘oposición oficial’. La Mesa de Diálogo no le sirve ni como guinda.  Si la oposición situara el debate en un plano más terrenal, entendería este hecho. Ubicados en este plano, creo que los puntos del debate con el gobierno deberían ser los siguientes.

  1. Elección de un nuevo CNE decente. Aceptable para la oposición y el gobierno. Para el cargo de rector han propuesto sus nombres algunos honorables venezolanos en torno de los cuales puede haber consenso, pues poseen una trayectoria intachable.
  2. Levantar la inhabilitación de las organizaciones políticas y de los diputados electos en 2015. En este grupo existen algunos líderes naturales en sus estados y municipios, potenciales candidatos a gobernador o alcalde. Además, el gobierno no debe decidir quiénes pueden y no pueden ser los abanderados opositores. 
  3. Fortalecer la autonomía de las juntas regionales y municipales, de modo que cristalice la desconcentración del Poder Electoral de la cual habla la Ley de Procesos Electorales.
  4. Garantizar a los aspirantes de la oposición su presencia en la red de medios públicos controlados por el gobierno, financiados con fondos nacionales.
  5. Respetar las horas de apertura y cierre de los centros de votación el día de las elecciones, con el fin de impedir el acarreo entre gallos y medianoche.

          Este tipo de conquistas específicas, acreditadas por la comunidad nacional e internacional, podrían obtenerse si la oposición se une en torno al proyecto de rescatar el voto en cuanto instrumento de lucha democrática y defensa de la descentralización. La lista de exigencias debe ser  corta y precisa. A lo mejor no se logra la unidad total de los grupos opositores. Sin embargo, hay que avanzar con los que se adhieran.

A partir de la definición de las metas, será posible establecer una relación más inteligente y equilibrada con los factores internacionales de poder, tan renuentes a aceptar la legitimidad de las elecciones convocadas por Maduro; pero, a la vez, tan interesados en una salida pacífica a la crisis nacional. 

          @trinomarquezc

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