Editorial

Todo lo que legitime, nada de lo que arriesgue poder

Tomado de Flocabulary

Editorial

La organización de una megaelección este mismo año implica la intención del régimen de no darle tiempo a la oposición para generar una estructura que le permita competir de manera eficiente. Ello implica también que las concesiones que el gobierno estará dispuesto a hacer, en una próxima ronda de negociaciones tendrán, límites: Todo lo que legitime, nada de lo que arriesgue el poder. Abierto a las propuestas, pero lento en los acuerdos y la implementación, a los fines de consumir el tiempo útil. 

Benigno Alarcón Deza

Desde que se comenzó a hablar de un nuevo proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición, para la mayoría de la gente estaba claro que si Maduro aceptaba esta propuesta era por la necesidad de lograr el levantamiento de las sanciones internacionales, que han afectado de alguna manera sus finanzas y la actividad económica del país. Y si bien es cierto que aprovechar una posible moderación del gobierno norteamericano para ello, podría ser uno de los puntos más importantes a la hora de reunirse con los adversarios en una mesa de diálogo, probablemente no sea el único objetivo.

Aunque el régimen madurista ha insistido, una y otra vez, como parte de su narrativa política, en que los problemas que atraviesa el país se derivan de las sanciones, la realidad es que, con el tiempo y la ayuda de sus aliados internacionales, ha creado procesos poco transparentes para evadirlas o mitigar su impacto, en unos casos, y para transferir sus costos sociales a la población, y los costos políticos a la oposición y sus aliados internacionales. Ello abona a la tesis de que, si bien es cierto que el gobierno estaría en una posición mucho más cómoda sin las sanciones, el propósito final de la participación del gobierno en las aún no definidas negociaciones, incluye otros objetivos como el efecto deslegitimador y divisor que éstas siempre han tenido entre las audiencias opositoras, así como la posibilidad de salir del aislamiento y ganar espacios en la dinámica internacional, tal como lo han hecho, con gran maestría, regímenes autoritarios como  Cuba, China, Rusia, y Turquía, entre otros que han aprendido a jugar con las reglas del Derecho Internacional y la soberanía nacional a su favor.

El régimen sabe muy bien que con solo levantar las sanciones, la economía nacional no se va a recuperar. El nivel de inversiones que se requiere para dinamizar la economía venezolana es de tal magnitud que es imposible conseguirlo de la noche a la mañana. Tampoco será fácil mejorar las relaciones con la banca foránea de un día para otro, sin que medie una transición política que le dé estabilidad al sistema. Y tampoco es realista pensar que habrá abundancia de recursos gracias a la Ley Antibloqueo, aprobada en octubre del año pasado y que le permite al gobierno ofrecer acuerdos de inversión privada nacional y extranjera en diversas áreas, incluida la tan golpeada industria petrolera, bajo condiciones de confidencialidad para sus inversores. Si se observa la actual matriz energética internacional, Venezuela no es un actor relevante, aun en el caso de que logre aumentar su producción a un millón de barriles diarios.

A todo evento, es innegable que la necesidad de recursos es el gran motivador del gobierno para negociar, lo que implica la necesidad de un cambio en sus relaciones internacionales, estando consciente de las dificultades para sostenerse en el tiempo sin el dinero para mantener las dinámicas clientelares, que aseguran la lealtad de grupos esenciales de soporte. Pero también debe considerarse que la estrategia de avanzar pragmáticamente en una apertura económica, con el apoyo de algunos grupos empresariales, que apuestan a las ventajas de un modelo como el chino, ha generado importantes diferencias hacia el interior del mismo régimen, que se manifiestan tanto en la Asamblea Nacional, a través de actores como Jesús Farías, Diosdado Cabello, y la izquierda originaria, que ven en la nueva Ley de Hidrocarburos y en la Ley de Atracción de Inversiones una claudicación del modelo chavista, así como en el Ejecutivo, donde Tareck El Aissami, ministro del Petróleo y principal impulsor de las reformas, se ha topado con avances y retrocesos que han frenado la dolarización y los ajustes económicos. Pese a ello, el riesgo latente de que Maduro detenga los cambios o retroceda, es bajo, aunque no despreciable, dados los conflictos que eso le pudiese generar internamente y la  irrenunciable necesidad de mantener la cohesión interna. En todo caso, la velocidad de las reformas es hoy mucho más lenta de lo que se apreciaba el año pasado.

Consecuencias en lo político

En este contexto, el gobierno va a aprovechar la oportunidad que se le presenta en este marco de negociaciones para avanzar en su estrategia política. Convocar unas elecciones en pocos meses tendría como una de sus finalidades no darle tiempo a la oposición para organizarse y, mucho menos, para ser competitiva. De lo que se trata es de repetir, en la medida de lo posible, la jugada del pasado 6 de diciembre (elección de la nueva Asamblea Nacional) y mantener el control sobre la mayor parte de las regiones y localidades del país. El gobierno sabe que no está en su mejor momento para competir electoralmente, pero también está consciente de que la oposición, sin partidos habilitados, estructura organizativa, ni candidaturas unitarias consensuadas, no atraviesa una buena hora.

Adicionalmente, es necesario considerar que una cosa es sentarse en la mesa de negociación y otra muy distinta, es avanzar en los acuerdos que importan para materializar un cambio político. Es harto conocido lo sucedido en anteriores intentos como los facilitados por El Vaticano, el Gobierno de  República Dominicana, y el Reino de Noruega en Oslo y Barbados, en los que, cuando la oposición estaba convencida de estar muy cerca de lograr el tan ansiado acuerdo, el gobierno simplemente abandonaba la mesa de negociación, ocasionándole costos políticos considerables a su contraparte.

En estos momentos, entre los objetivos específicos en lo político, el régimen busca el aislamiento de Juan Guaidó, su partido Voluntad Popular y el G-4, para sustituirlos por otra oposición a la medida de sus actuales circunstancias, como la que fue liderada por Henry Falcón en las presidenciales de 2018, y luego por “la mesita” para las recientes parlamentarias, que le resultaron instrumentalmente útiles, aunque insuficientes a los fines de su relegitimación electoral.

En este sentido, Henrique Capriles, Henri Falcón y “la mesita”, con el acompañamiento de algunos actores internacionales moderados, entre los que se cuentan Argentina y España, vienen negociando con el gobierno desde el año pasado su apoyo a la participación electoral, aunque ya Capriles ha anunciado que él no participará en los comicios de este año, lo que ha generado importantes diatribas en la oposición y en el interior de su propio partido, Primero Justicia, en donde algunos de sus lideres principales apuestan a que, gracias a la mediación de Capriles, les devuelvan el control de su tarjeta para poder competir, lo que luce poco probable aunque no imposible, si ello, en los cálculos del régimen, contribuye a fracturar a la oposición deslindándolos de la Unidad liderada por Guaidó. Por su parte, Un Nuevo Tiempo se ha mantenido firme al lado de Guaidó, mientras la Acción Democrática de Henry Ramos no ha definido posición a la espera de la suerte de su tarjeta, sobre lo cual el Tribunal Supremo de Justicia se acaba de pronunciar a favor de Bernabé Gutiérrez. Obviamente, el gobierno tiene el control de las concesiones y decidirá a quién se beneficia y a quién no. En este caso, la jugada en el corto plazo apuntaría, básicamente, a la sustitución de Guaidó y del G4 como referentes de la oposición.

Bajo tal razonamiento estratégico, el régimen enfrenta el dilema entre bajar las barreras a la participación y atraer muchos actores a la competencia electoral, para permitir una oposición diversa pero dispersa y no competitiva, como hizo en las pasadas parlamentarias, lo que no le sirve para sustituir a la representada por el grupo liderado por Guaidó y el G4; o permitir un acuerdo que se traduzca, para quienes negocian, en la oportunidad de reconstruir una oposición más representativa y capaz de sustituir a la Unidad (bajo el re-branding Alianza Democrática que busca dejar atrás la percepción negativa sobre “la mesita”, pese a que son los mismos actores y voceros) y correr el riesgo de que luego se les convierta en un dolor de cabeza durante el período 2022-2024, que es el más delicado para la continuidad del madurismo.

La pregunta para muchos es si de estas dinámicas puede surgir un reacomodo de la oposición en torno a un nuevo liderazgo. Se vislumbran tres vías posibles para ello: la propuesta de Carlos Ocariz (Primero Justicia) de organizar unas primarias para decidir el liderazgo opositor, la que si bien es una alternativa plausible que permite a los partidos un mecanismo de legitimación controlado y razonable, no pareciera factible por la falta de consenso y tiempo para implementarlo antes de la inscripción de candidatos a la próxima elección; la segunda vía, que es la apuesta de los partidos que han decidido participar en la megaelección, y que sea en esta jornada en donde se definan los liderazgos y el posicionamiento de las fuerzas políticas, lo que también luce poco probable si la oposición mayoritaria decide no competir como unidad en este proceso, ya que ello se traduciría en una nueva fractura, abstención, dispersión del voto, y otra derrota que abonaría a las sospechas y desprestigio de quienes compiten en el proceso; la tercera vía, y en mi opinión personal la más probable, es que la inercia en torno a la unidad liderada por Guaidó solo se rompería si se produce algún evento, hoy impredecible, que mueva el centro de gravedad de la oposición hacia otro referente de liderazgo, considerando que hoy existe un terreno muy fértil y abonado por la expectativa popular frenet a la necesidad de un nuevo mesías para cambiar la situación en el país.

Consecuencias para el apoyo internacional a la causa democrática

Precisamente, la coordinación entre los diferentes partidos y corrientes opositoras ha sido una de las exigencias que sostenidamente ha venido planteando la comunidad internacional democrática. Por razones tanto de eficacia política interna, como para poder mantener el apoyo de aliados internacionales y brindar una respuesta clara sobre la unidad que los ciudadanos demandan, es esencial que los liderazgos y los partidos democráticos que se oponen al régimen revisen sus posturas y alcancen consensos que permitan identificarlos como un frente unido en torno a una causa común, para que de esta manera se facilite la concentración de apoyos y recursos de manera eficiente, evitando que las posturas internacionales se conviertan en reflejo de las diferencias internas, produciéndose una dispersión inútil de esfuerzos, apoyos y recursos, como está sucediendo desde hace ya algún tiempo.

Asimismo, vale destacar, por otra parte, que si bien la administración Biden ha exhibido una gran prudencia, luego de las políticas que se implementaron durante el gobierno de Trump, hay que observar con cuidado las tensiones que se desarrollan entre demócratas y republicanos, e incluso al interior de ambos partidos, en torno a qué hacer con Venezuela, lo que se convierte al mismo tiempo en causa y consecuencia de las diferentes posturas internas poniendo en riesgo la posibilidad de contar con el apoyo bipartidista para una estrategia que apunte a resolver la crisis política venezolana. También está pendiente la definición de políticas de la nueva administración hacia Irán y Cuba, donde también hay desacuerdos en las posiciones de ambos partidos, casos que indirectamente impactarían la posición frente a Venezuela.

Conclusiones y recomendaciones

En conclusión, las próximas semanas estarían marcadas por las anunciadas negociaciones entre gobierno y oposición, así como la definición de quiénes se sientan en la mesa con los representantes de Maduro, y si lo harán con la mediación de los noruegos o más bien como lo hizo con la mesita, y cuál será la agenda, teniendo claro que el adelanto de elecciones presidenciales queda, para el gobierno, fuera de toda discusión. ¿Cuál será la posición del gobierno?, está por verse, pero su objetivo estaría enfocado en lograr el levantamiento de las sanciones y en la necesidad de lograr algún nivel de legitimación frente a la comunidad internacional, mientras avanza en su estrategia de estabilización interna.

Por su parte, Guaidó y el G4, han manifestado su disposición para participar en las negociaciones, como parte de la propuesta a la que se le ha denominado “Proyecto de Salvación Nacional”, cuyo propósito está enfocado en lograr elecciones libres en todos los niveles, además de los tan necesarios acuerdos humanitarios.

La organización de una megaelección este mismo año implica la intención del régimen de no darle tiempo a la oposición para generar una estructura que le permita competir de manera eficiente. Ello implica también que las concesiones que el gobierno estará dispuesto a hacer, en una próxima ronda de negociaciones, tendrán límites: Todo lo que legitime, nada de lo que arriesgue el poder. Abierto a las propuestas, pero lento en los acuerdos y la implementación, a los fines de consumir el tiempo útil.

Mientras tanto, el país sigue esperando la definición de una ruta unitaria frente a las elecciones que ocurrirán en seis meses, lo que exige que los factores opositores encuentren un rumbo estratégico que impida el quiebre auspiciado desde la estrategia oficialista. Es también lo que se necesita para que la comunidad internacional pueda redefinir sus actuaciones hacia Venezuela y hacer una inversión más inteligente y eficiente de recursos y esfuerzos.

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