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El quiebre de la Venezuela democrática, de CAP I a Caldera II. La corrupción a debate en 1975

Tomada de Tal Cual

Andrés Cañizález

@infocracia

La forma súbita en la que se dispararon los precios del petróleo a mitad de los 70, multiplicó por dos, y en algunos casos por tres, el presupuesto de Venezuela entre un año y otro. Aquello, que, a simple vista, podía ser una oportunidad para el desarrollo nacional alimentó una corrupción que se hizo endémica y esto representó un cambio cualitativo en comparación con los tres quinquenios iniciales (Betancourt, Leoni y Caldera I) de la democracia instaurada en 1958.

En 1975, con Carlos Andrés Pérez apenas un año en el poder, se hizo evidente que la corrupción se había extendido. Robar el dinero público, no se le puede llamar de otra forma, terminó siendo una de las características más cuestionadas de la democracia venezolana y un claro síntoma de la incapacidad del sistema para autorregularse, lo cual junto a otros factores le llevó a la debacle.

Ya advertía a mediados de los 70 el jesuita Ignacio Castillo, que ante cada caso de corrupción que salía a la luz pública en aquel momento había un conjunto de frases hechas por parte de la clase política: “abrir investigaciones”, “determinar responsabilidades de los culpables, sean personas naturales o jurídicas”, “llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias”, entre otras. Terminaron siendo un recurso gastado. Nada de esto ocurría en verdad.

En un debate parlamentario, el Centro Gumilla resaltó la participación de dos diputados opositores: José Vicente Rangel y Carlos Rodríguez Ganteaume. Rangel había sido candidato presidencial en 1973 por el Movimiento al Socialismo (MAS) y lo sería de nuevo en 1978. Se fraguaba ya la imagen de un periodista que denunciaba la corrupción de Acción Democrática (AD) y Copei, al tiempo que destacaba por sus intervenciones en el Congreso Nacional.

Justamente Rangel puso en 1974 el dedo sobre la llaga. El sistema político no estaba preparado para la propagación que tuvo la corrupción de la mano del boom petrolero en los tempranos años 70. La Contraloría General de la República carecía de una ley que le diera soporte legal a su actuación. Se había aprobado, por otro lado, una Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, la cual según se denunciaba, tenía serias deficiencias y lagunas.

Rodríguez Ganteaume, diputado de Copei y por tanto también en la oposición como Rangel, apuntó lo que sería a la postre uno de los lastres del sistema en su incapacidad por reformarse. Los que debían aprobar las normas anti corrupción, diputados y senadores, eran a su vez beneficiarios de la corrupción de forma directa o a través de empresas ad hoc que comenzaron a proliferar en simultáneo con el maná petrolero.

El diputado copeyano colocó como ejemplo el caso de la firma “Asesoría Jurídica Integral”, que según pudo constatar él en los registros y en documentos públicos fue registrada con el traslado del registrador a la sede de AD en La Florida, Caracas. Esta empresa que sería contratista del Estado no sólo se registró en la sede del partido que estaba en el gobierno, sino que estaba presidida por David Morales Bello, entonces parlamentario adeco.

Esta falta de límites sería una de las características de la corrupción que se propagaba, y esto ocurría no sólo en Caracas. Rangel había visitado por aquel tiempo las poblaciones de Yaritagua (Yaracuy) y Quíbor (Lara). En ambos casos, los concejos municipales, vía situado constitucional, habían visto cómo se había duplicado su presupuesto, que rondaba el millón de bolívares (unos 232 mil dólares para la tasa de cambio de la época), entre 1974 y 1975. En ambos casos se ventilaban ya “manejos turbios”, según el periodista y diputado, en el manejo de los fondos públicos en dichas localidades.

Rangel definía a Venezuela, en medio de aquella bonanza, como un “Estado débil” y su tesis apuntaba en la necesidad de mayor Estado para responder a la corrupción. Rodríguez Ganteaume, por su parte, siendo fiel a su vocación socialcristiana, planteaba la necesidad de una renovación moral entre la clase política.

Ambos coincidían (y Rangel de forma más enfática) en que no sólo debía sancionarse como delitos el peculado y el enriquecimiento ilícito, sino que también debía sancionarse a los funcionarios que sin haberse enriquecido directamente hubiesen hecho un manejo fraudulento de los recursos públicos. Puesto que el dinero que no se ejecutaba correctamente, para lo que había sido destinado, terminaba afectando a la sociedad, al pueblo venezolano, beneficiario, a fin de cuentas, de aquellas obras o planes públicos.

También se planteaba la necesidad de sancionar a los representantes de las empresas privadas que como contratistas o proveedores hacían el juego a las corruptelas. Esto, por cierto, quedó en evidencia con las instalaciones de “El Tablazo”, de la industria petroquímica, según denuncias de la época que reseñó Ignacio Castillo. La prensa, por otro lado, tenía un rol de perro guardián para alertar y denunciar.

Debe decirse que en medio de la abundancia económica que caracterizaba a aquel momento no había capacidad de entender a cabalidad que con la corrupción generalizada se estaba fraguando el inicio del fin. La falta de visión, sobre cómo les impactaría negativamente este tema, era común entre la clase política que ocupaba espacios de decisión, como es el caso del Congreso Nacional.

En la época de las “vacas gordas”, como los años de CAP I, para la población tampoco representaba un problema nacional la corrupción, al menos así lo reflejaban los estudios de opinión pública. Al concluir el ciclo de la expansión con precios altos del petróleo, y caer Venezuela en el default en los 80, cuando llegó la etapa de las “vacas flacas”, la población empezó a mencionar a la corrupción como uno de los problemas de Venezuela.

Era tarde, ya se había instaurado un mecanismo que no supo de color político, y en el imaginario popular se fue consolidando una imagen poderosa: si soy pobre es porque algún político se robó lo que me correspondía de la riqueza nacional. Se abría el camino, tempranamente, para que con el pasar de los años emergiera la figura del vengador; un mensaje de venganza contra adecos y copeyanos, junto a la ilusión de que Venezuela era un país rico que sólo necesitaba administradores honrados y comprometidos con el pueblo.

Fuentes:

Castillo, Ignacio (1975) “El Tablazo. Prensa, corrupción e intereses”.  En: SIC. Vol. 38. N° 371. pp. 22-23. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Rangel, José Vicente (1975) “Debate parlamentario sobre la corrupción”. En: SIC. Vol. 38. N° 371. pp. 41-46. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Rodríguez Ganteaume, Carlos (1975) “Debate parlamentario sobre la corrupción”.  En: SIC. Vol. 38. N° 371. pp. 47-48. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

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