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El quiebre de la Venezuela democrática, de CAP I a Caldera II. 1988 o el preludio del Caracazo

Tomada de El Carabobeño

Andrés Cañizález

@infocracia

A muchos tomó por sorpresa el estallido social conocido como “El Caracazo”, que tuvo lugar a fines de febrero de 1989. No pocos políticos de entonces, para salvarse de responsabilidades, en lo que sin duda, era el fracaso del sistema, sostuvieron la tesis de que estos sucesos habían sido inducidos.

En verdad es que comenzando 1988, a propósito de los 30 años de democracia en Venezuela, se hicieron públicos no pocos llamados de alerta. Se fraguaba en el país una crisis de envergadura sin que el liderazgo político de aquel momento le prestara la debida atención.

En torno al 23 de enero de 1988, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) difundió un extenso y crítico pronunciamiento. La lectura de este documento, que tuvo amplia difusión en su momento, evidencia que los obispos católicos coincidían con otros sectores nacionales en señalar una serie de graves falencias que debían ser atendidas con urgencia.

El modelo democrático de 1958, cuya base principal consistía en la distribución de la renta, había fracasado y aquello era público y notorio, pero la clase política dirigente, conformada por el bipartidismo de Acción Democrática y Copei, no parecía con capacidad para enderezar el rumbo.

“El deterioro en las condiciones sociales y económicas del país ha provocado manifestaciones públicas que, por diversos factores, se tornan violentas y gravemente perjudiciales. Estas a su vez han sido reprimidas, en algunas ocasiones, con excesos que han causado la pérdida de vidas y  bienes materiales”. Esta cita fue extraída del documento de la CEV publicado un año antes de los sucesos del Caracazo.

Los obispos reconocían que, en comparación con generaciones anteriores, el sistema democrático de 1958 había mejorado las condiciones de vida del venezolano, al mismo tiempo denunciaban cómo se había establecido igualmente “una distribución de la riqueza que no ha beneficiado equitativamente a todos los sectores de la sociedad”.

En febrero de 1988, un año antes del estallido popular, por ejemplo, un editorial de la revisa SIC del Centro Gumilla, denunciaba la existencia de “dos Venezuelas”. Una formada por “las manos encallecidas” de los pobres y trabajadores, en el campo o en los cinturones de miseria de las grandes ciudades, y otras manos -de un sector medio y alto- que ya entonces “se abre paso por la era de las computadoras”.

La CEV, por su parte, alertaba que se había puesto a pagar “a los más pobres” los costos de una crisis económica que ellos no habían generado ni tampoco se habían beneficiado del todo de la bonanza previa. La sociedad observaba cómo se habían perdido “muchas oportunidades de genuino crecimiento gracias a la renta petrolera”,  debido a la mala administración, el clientelismo partidista y la corrupción.

Por su parte, la entonces influyente Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) sostenía que, dentro de un conjunto de años muy negativos, el año 1987 “ha sido sin duda alguna el más duro para los trabajadores, la clase media y la el pueblo en general”.

Buena parte de la gestión económica del gobierno de entonces, del adeco Jaime Lusinchi (1984-1989), estaba enfocada en cumplir con los compromisos de pago de la deuda externa. Endeudamiento que, paradójicamente, se multiplicó en los años de la bonanza petrolera, entre la segunda mitad de los 70 y al iniciarse los 80.

El presidente de la CTV, Juan José Delpino, adeco como Lusinchi, denunciaba que el gobierno iba a proseguir en aquel 1988, año electoral, con su posición “de pagar hasta el último centavo de la deuda externa”. Aquello, a juicio del líder sindical, le restaba recursos que podían destinarse a la recuperación económica y a paliar el impacto de la crisis entre los más pobres.

“La paz social no puede mantenerse, salvo en regímenes represivos y a costa de la persecución, cárceles y muerte, sobre base de injusticias crecientes”, advertía la CTV en enero de 1988, y adelantaba que la situación, “en la que una minoría saca provecho de la crisis” no podría mantenerse sin que hubiese como respuestas “justas demandas sociales y protestas populares”.

La principal central sindical del país le pedía al poder político que prestara atención al “clamor de una colectividad golpeada e irritada por las injusticias”.

La falta de conexión del liderazgo político con el pueblo, que a fin de cuentas es lo que puso en el tapete la CTV, también era denunciada por los obispos católicos al comenzar 1988. La CEV señalaba la “imperfección de la democracia venezolana, su paulatino alejamiento del pueblo” y decía que en Venezuela se respiraba “un aire de frustración”.

El jesuita Arturo Sosa, director de la revista SIC de análisis sociopolítico, llamaba la atención de la urgente necesidad de llevar adelante una transición en Venezuela hacia un modelo político que llamaba “post-populista”,  que debía ir de la mano de transformaciones en el modelo económico nacional para dar paso a una “Venezuela post-rentista”. El modelo de 1958 estaba sencillamente agotado y debía reinventarse.

1987 había dejado a una población más empobrecida, años de secuelas tras el llamado “Viernes Negro” de 1983. Había crecido el desempleo abierto y aumentado vertiginosamente la informalidad. En un año, como recuerda Sosa, el salario había perdido su poder adquisitivo en 40%.

El tono de urgencia de lo planteado por Sosa, así como los señalamientos de la CEV y la CTV, en verdad parecieron caer en caso roto. Venezuela presenciaría en 1988 una campaña electoral costosa, hecha a manos llenas, cuando el país-votante estaba con los bolsillos vacíos. En diciembre de ese año fue electo, para un nuevo período, Carlos Andrés Pérez, quien en el imaginario popular era sinónimo de “la Gran Venezuela” de los 70.

CAP, como se le llamaba a Pérez por su acrónimo, como buen político populista, nunca dijo abiertamente que con su gobierno no regresaría la bonanza, sino que en realidad el país debía prepararse para un programa de ajustes macroeconómicos severos.

Tras su elección vino una fastuosa toma de posesión, en febrero de 1989, que no se caracterizó por la austeridad, la misma que casi en simultáneo se le pedía al pueblo. Aquel mes de febrero cerraría con los sucesos del Caracazo que aún algunos intentan ver con sorpresa, cuando en el año anterior había sido preludio de este malestar social que finalmente explotó.

Fuentes:

Centro Gumilla (1988) “Las dos Venezuelas”.  En: SIC. Vol. 51. N° 502. pp. 52-53. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Conferencia Episcopal Venezolana (1988) “A los 30 años del 23 de enero de 1958”.  En: SIC. Vol. 51. N° 502. pp. 86-91. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Delpino, Juan José (1988) “Mensaje de la CTV”.  En: SIC. Vol. 51. N° 502. pp. 92-93. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Sosa, Arturo (1988) “¿Tiene futuro nuestra democracia?.  En: SIC. Vol. 51. N° 502. pp. 54-56. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

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