Candidatas y candidatos pueden ejercer recursos de amparo, explica el abogado y profesor universitario Jesús González. Son crímenes de lesa humanidad y como tal deben ser denunciados ante la Corte Penal Internacional, alega el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres

Vanessa Davies

Cuando se postuló como candidato a la gobernación de Barinas, en el año 2021, el dirigente opositor Freddy Superlano (Voluntad Popular) desconocía que estaba inhabilitado. Tampoco lo sabía el Consejo Nacional Electoral (CNE), como lo informó el hoy exrector Roberto Picón: “dejo constancia de que la inhabilitación del ciudadano Freddy Superlano era desconocida para el CNE al momento de su postulación (…) De haber sido notificada hubiese sido imposible procesar su solicitud”, reseñó en su momento el diario Tal Cual.

Esta práctica se repite. Dos líderes destacados, que podrían captar buena parte del voto popular en la primaria del 22 de octubre y ser abanderados de la Plataforma Unitaria, también cayeron bajo el hacha de las inhabilitaciones: María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski.

En los últimos 20 años más de mil dirigentes políticos han sido inhabilitados en Venezuela, señala el Centro de Justicia y Paz (Cepaz). Esto ocurre aun cuando la inhabilitación debería ser una pena accesoria, que acompaña la sentencia firme de un tribunal. “Las inhabilitaciones políticas no solo representan un patrón sistemático de persecución política, sino que además se llevan a cabo bajo procedimientos que vulneran la Constitución Nacional y las convenciones y pactos internacionales en materia de derechos humanos”, enfatiza Cepaz.

Los pronunciamientos internacionales, hasta la fecha, no han logrado cambiar esta realidad política. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que acompañó el proceso regional de 2021, planteó en su informe final la necesidad de “suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa”. De poco, o nada, sirvió este llamado de atención europeo.

Sin embargo las denuncias continúan. Para el abogado Eduardo Torres, activista y defensor de derechos humanos, las inhabilitaciones son crímenes de lesa humanidad, y como tales deberían ser presentadas ante organismos como la Corte Penal Internacional (CPI).

“Todas las vías son necesarias para derrotar estas inhabilitaciones que son ilegales, inconstitucionales y criminales”, subraya Torres en conversación con Polítika UCAB. Son inconstitucionales “porque el artículo 65 establece que es una pena accesoria a una condena, por lo que son nulas las inhabilitaciones de la Contraloría”. Son ilegales porque no cumplen con la Ley Orgánica de Procesos Administrativos, ya que no se respeta ni el derecho a la defensa, agrega.

“Las catalogo de criminales porque considero que son instrumento de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. Tiene que ver con el acto de persecución y encarcelamiento” que recoge el Estatuto de Roma y por el cual la CPI investiga al Estado venezolano en la actualidad, refiere. “El crimen de lesa humanidad es un ataque sistemático, continuo contra la población civil, que se configura en una política en la que los perpetradores tienen conocimiento pleno de lo que están haciendo”. El artículo 7 del Estatuto de Roma confirma que la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos” es un acto que puede ser analizado por la CPI.

Si se amplía la mirada “estas inhabilitaciones no son contra un ciudadano. Son contra todos los ciudadanos. Se inhabilita el ejercicio democrático de todos los ciudadanos venezolanos; el derecho a la participación, al voto”, advierte Torres. El gobierno las utiliza para sacar del juego a los dirigentes opositores: “usa esta arma para perseguir a la disidencia”.

El amparo: una vía nacional

En Venezuela hay una violación sistemática de derechos humanos “porque se hace una práctica habitual” que se agudiza cuando el gobierno entiende “que puede perder elecciones, y eso ya pasó en 2015”, analiza el abogado y profesor universitario Jesús González.

La inhabilitación es una herramienta constitucional, pero tal como se aplica en Venezuela “pierde valor, porque no se hace con el debido proceso, con una sentencia firme y como medida accesoria”; por eso, tal como lo indica González a Polítika UCAB, forma parte “de esa violación sistemática de derechos humanos” que se registra en el país.
Hoy “tenemos un choque entre el mandato constitucional y el régimen de turno, que tiene una visión hegemónica”, razona el abogado. Pese a ello, es partidario de seguir agotando la vía legal interna: “el papel parece muy endeble, pero el papel es durísimo y siempre queda”. Y “si no recibo respuesta, hay denegación de justicia, y puedo ir a los organismos internacionales y hacer valer que no me dieron respuesta”. Por otra parte “si la respuesta es contraria al derecho lo puedo hacer valer ante los organismos internacionales”.

Sugiere, de entrada, introducir un recurso de amparo. “Si a mí se me vulneran mis derechos políticos yo puedo activar un amparo, ante el Tribunal Supremo de Justicia o ante un tribunal. Todos los tribunales tienen facultades para recibir amparos, pero como estamos hablando de una decisión de la Contraloría lo lógico sería ir hasta la Sala Constitucional”. El amparo, según la Constitución vigente, es un proceso oral, público, breve, gratuito: la autoridad competente “tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infrigida”, reza el artículo 27.

La acción internacional

Corte Europea de Derechos Humanos y Sistema Interamericano de Derechos Humanos son instancias ante las cuales se pueden exponer las inhabilitaciones, explica González.

Para que la CPI intervenga es preciso formalizar las denuncias, recomienda Torres. Hay más de 8 mil presentadas por presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero en principio ninguna por las inhabilitaciones. Los funcionarios que las promueven -como el contralor- pueden ser objeto de investigación como parte de la cadena de mando que participó en este hecho.

La vía internacional es necesaria, afirma Torres. Pero también hay que agotar el camino de la justicia nacional, al igual que la lucha de calle. Como lo remarca, “tenemos que hacer respetar la Constitución y las leyes de la República, y hacer valer el derecho y la justicia”.