Tomada de Curadas.com

Ante el avance de los deseos de cambio por parte de la población venezolana, los  choques violentos contra dirigentes podrían profundizarse en los próximos meses

Francisco Olivares

En la medida en que las bases de la revolución chavista se distancian de sus jefes políticos, el gobierno de Nicolás Maduro cierra más las rendijas de los pocos espacios de libertad que aún sobreviven en el país. Los más recientes estudios de opinión le dan a Maduro un escaso 15% de respaldo y su organización política, que ha gobernado durante 24 años, ya no cuenta con líderes populares que encuentren la aceptación que tuvo en años anteriores Hugo Chávez.

Se registra un incremento del apoyo a un cambio político para el país de 85% a favor según datos de la encuestadora Delphos. De allí que las amenazas contra opositores y los mecanismos de control institucional se profundizan, como el sistema de justicia, con la aplicación de leyes “antiterroristas” y la llamada “Ley contra el odio”, con las que se justifican las detenciones y procesos judiciales contra líderes que dirigen protestas por reivindicaciones económicas o exigencias de derechos civiles, como el caso de los dirigentes sindicales sentenciados a 16 años de cárcel.  

Ante el compromiso electoral que debe fijarse en 2024, la cúpula gubernamental se dispone a ejercer mayor control sobre el organismo electoral e inhabilitar a todo dirigente que cuente con gran apoyo social. Los grupos oficialistas intensifican sus ataques a los candidatos opositores en sus recorridos de campaña para las primarias, les impiden utilizar vuelos comerciales, les cierran el paso con alcabalas militares y hasta les prohíben reponer combustible en las regiones a donde llegan.

El gobierno trata de asegurar el apoyo militar, que es clave para sostenerse en el poder, conscientes de que hay una crisis interna en las filas castrenses, con cientos de deserciones, debido a la situación económica, la cual afecta a la mayoría del componente, que no cuenta con los privilegios que disfruta una minoría.

En paralelo al mundo político, en los últimos tiempos se ha registrado un fortalecimiento del crimen organizado y las bandas delictivas que operan en el país;  estas organizaciones han aumentado su influencia y la agenda de negocios ilegales. Se han convertido en un soporte clave del modelo político y económico reorientado a partir de 2013, consolidándose un nuevo grupo de poder que trasciende al partido oficial y en el que participan distintos sectores, nacionales e internacionales y grupos privados que van más allá de la ideología. 

El alerta de Ecuador

El crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en Ecuador, 11 días antes de que se produjeran los comicios, es un alerta para toda Latinoamérica de cómo el crimen organizado y las bandas delictivas están controlando espacios en el poder político y ejercen la violencia cuando ven amenazado su poderío. Esa violencia puede tener un origen en intereses delictivos, pero también de tipo político. En el caso de Villavicencio parece indicar que confluyen ambos intereses: el de las mafias delictivas, cuyas actividades, han estado amenazadas por las políticas aplicadas por Guillermo Lasso, y las del sector del correísmo, investigado por vínculos con el crimen y denunciado por el propio líder asesinado.

Las primeras investigaciones llevadas adelante por el gobierno de Lasso, quien solicitó apoyo del FBI por las implicaciones, apuntan a un móvil político, de parte del sector del exmandatario Rafael Correa, dadas las reiteradas denuncias de Villavicencio y sus últimas declaraciones, dos días antes del atentado en las cuales anunció que haría públicos documentos y videos comprometedores que involucraban al fundador del partido Alianza País, quien se encuentra asilado en Bélgica, tras una sentencia de ocho años por corrupción.

Pero al mismo tiempo otro móvil que han considerado las autoridades es el de las mafias delictivas ligadas con el narcotráfico. Estas organizaciones se fortalecieron y penetraron altos niveles del gobierno desde el período de Correa y se consolidaron durante las gestiones de Lenin Moreno y Lasso. Es de resaltar que Villavicencio como político y como periodista fue un fuerte denunciante de las mafias del narcotráfico y sus vínculos con factores del poder.

El escenario se complica con un nuevo asesinato, cinco días después, esta vez de un dirigente correísta, Pedro Briones, quien fue abatido por dos pistoleros. La candidata presidencial, para las elecciones generales anticipadas, Luisa Magdalena González Alcívar, quien ha sido una de las dirigentes de mayor confianza de Correa, del Movimiento Revolución Ciudadana, tuiteó: “Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias. Mi abrazo solidario a la familia del compañero Pedro Briones, caído en manos de la violencia. ¡El cambio es urgente!”.

Estado gansteril

Gran parte de los regímenes en Latinoamérica están siendo afectados por el crecimiento de estas organizaciones delictivas y su penetración en gobiernos e instituciones del Estado. Pero hay que diferenciar entre aquellos que son penetrados por las mafias delictivas y las autocracias desde las cuales se forma y se posesiona el crimen organizado. En Latinoamérica se han dado ambos modelos.

El caso venezolano, muy parecido a lo que ocurre en Nicaragua, es quizás uno de los más graves, ya que no se trata de una penetración que viene desde las organizaciones delictivas sino que se formó desde el interior del modelo político y económico.

Como lo señala la politóloga e investigadora venezolana, Paola de Alemán, en su libro “Las Autocracias del Siglo XXI”. Caso Venezuela”, “al estudiar la Revolución Bolivariana encontramos que el Estado venezolano no fue colonizado por el crimen organizado internacional como ha sido en gran parte de los casos en Latinoamérica. Ocurrió al contrario. El crimen organizado emergió desde el Estado socialista para garantizar el poder político”.

La politóloga explica en su análisis que el crimen organizado emerge en lugares donde el Estado es frágil y deficiente en el ejercicio de sus responsabilidades. Como ejemplo, en el origen de estos modelos, indica que Rusia ha sido un caso paradigmático. Citando a investigadores, como Peter Lupsha y Letizia Paoli, señala que la era postsoviética se inició con el desmantelamiento del Estado comunista con la aplicación de medidas de liberación política y económica. Pero esa transformación dio paso a un nuevo orden con graves debilidades institucionales que permitió el surgimiento de organizaciones criminales internacionales que sustituyeron los deberes del Estado en materia de seguridad personal y jurídica.

La presidenta del Instituto de estudios políticos y sociales (FORMA) resalta que en los Estados gansteriles se institucionalizan las tareas del crimen organizado en un territorio específico. Sus integrantes acogen una dinámica cleptocrática donde el fin de sus acciones es la acumulación de bienes para el disfrute personal. Se trata de un saqueo territorial. Desde el Estado gansteril se impulsa la producción económica a partir del desarrollo de actividades lícitas e ilícitas, se solucionan conflictos de poder y se defienden los territorios que han sido dominados.

Las economías  ilícitas

Estudios de Transparencia Venezuela estiman que las economías ilícitas en Venezuela generan 25% del Producto Interno Bruto. Aunque no existen cifras oficiales del expolio sufrido por el patrimonio público venezolano, dada la impunidad y la alta opacidad, sus investigaciones revelan que tribunales de más de 22 países han abierto 116 causas vinculadas con la corrupción venezolana, que involucran más de 64 mil millones de dólares. En el último escándalo de corrupción de PDVSA, el propio gobierno reconoció el desfalco de 21 mil millones de dólares.

Una de las principales conclusiones a las que llega el estudio es que en los últimos años, el crimen organizado se encuentra en una fase simbiótica; esa que se produce cuando hay una interdependencia entre los actores criminales y los grupos de poder del sistema político y económico que hace que sea muy difícil separar unos de otros.

En la fase simbiótica del crimen organizado la corrupción se constituye como una herramienta articuladora, entre los actores meramente criminales y los representantes del Estado (ministros, presidentes de empresas estatales, integrantes de cuerpos de seguridad y defensa, políticos, entre otros), que procura el trabajo conjunto teniendo como norte el éxito de las actividades ilícitas, su continuidad y perfeccionamiento en el tiempo, así como la repartición de las rentas.

En estas redes convergen actores que se dedican a las actividades criminales a tiempo completo, como los narcotraficantes, sicarios o pranes, quienes hacen uso de la violencia y controlan territorios, junto con agentes que también persiguen y promueven objetivos criminales, pero que actúan desde organizaciones legales, públicas y privadas. Estos agentes pueden operar en todos los niveles de la administración pública y en todos los sectores de la economía.

Las investigaciones de Transparencia Venezuela confirman que “en Venezuela estamos ante organizaciones que han logrado tejer importantes redes nacionales e internacionales gracias al apoyo de un grupo de funcionarios públicos corruptos que conviven, apoyan y promueven estas acciones para obtener beneficios personales” .

Se ha profundizado el desmantelamiento progresivo  de las instituciones venezolanas, hasta convertirse en un entorno favorable para el crimen organizado. Esta suerte de “desinstitucionalización” se expresa en acciones reiteradas y sistemáticas impulsadas por un grupo que todavía ostenta altos niveles de autoridad, luego de más de 20 años en el ejercicio gubernamental. 

El informe 2023 de Transparencia Venezuela muestra cómo mientras la corrupción se ha enquistado en buena parte de las actividades en las que interviene el gobierno, el discurso oficial se maneja sobre la narrativa del supuesto combate contra los ilícitos –con detenidos y acusados- que nunca llega a las altas esferas del poder. Las diferentes formas de desinformación son utilizadas como instrumentos de manipulación política, que buscan crear matrices de opinión favorables a la gestión gubernamental, apelando incluso a la victimización.

Un rasgo clave que destaca el estudio es el carácter trasnacional del crimen organizado con sello venezolano que ha tenido un impacto en la región, y presenta cómo las actividades criminales golpean con mayor fuerza sobre las personas y la violación a los Derechos Humanos. Los recursos que obtienen de manera ilícita los grupos criminales se convierten en medios para construir una base social y erosionar el rol del Estado como garante de justicia, equidad, derechos y seguridad. El informe recoge el impacto de las bandas criminales venezolanas y sus actividades ilícitas en Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana.

En las redes criminales conviven narcotraficantes, sicarios, pranes, junto con agentes que actúan desde organizaciones legales, públicas o privadas. El análisis de la información recabada contribuye a identificar a los agentes que participan y han participado en actividades como el contrabando de drogas, oro y combustible, así como la relación simbiótica que han mantenido y mantienen con personas del poder.

Destaca cómo dichas operaciones se realizan en un contexto de corrupción, impunidad y crisis generalizada, con el mayor desplazamiento humano del continente, estimado en 7,2 millones de migrantes. Describe la existencia de formas de esclavitud moderna presentes en el país y la relación con otras economías ilícitas como el narcotráfico, la extracción ilegal de oro y otros minerales, contrabando de chatarra y trata de personas.

Choque contra los deseos de cambio

Paola de Alemán establece una gran diferencia en el modelo venezolano con otras autocracias emergentes. Precisa que en Venezuela el gobierno no se resiste al avance del crimen organizado porque ya es parte de él. Por esa razón alerta que cualquier proceso de democratización que busque liberar al Estado venezolano de estas fuerzas criminales, generará una resistencia desde el poder y conducirá a un inevitable choque contra los deseos de cambio de la población.

En este nuevo escenario electoral, en el que el gobierno de Maduro sabe que no podrá permitir elecciones libres, intentará un acercamiento con factores locales de la economía lícita. Ya estableció zonas económicas especiales, busca apertura con algunos gobiernos latinoamericanos y europeos, pero internamente serán más severas las restricciones a la participación electoral. Desde los órganos de justicia le cerrarán el paso a los dirigentes opositores con mayor proyección popular y será más represivo ante las manifestaciones de los sectores laborales, como la reciente condena a 16 años de prisión de los seis líderes sindicalistas, y seguirá manejando los mecanismos de dádivas a través de los Bonos de la Patria.

Mientras tanto, 15791 personas han pasado por prisión política desde 2014, mientras que 9415 se encuentran con medidas cautelares, informó la ONG Foro Penal. El Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) indicó que en el mes de junio se incrementó de manera alarmante la criminalización de los derechos a la protesta y a la huelga en Venezuela. Al menos 61 actos de persecución y criminalización fueron documentados durante ese mes. En ese escenario resultará complejo abrir los mecanismos de diálogo que puedan evitar el choque entre las fuerzas emergentes y la permanencia eterna del chavismo en el poder.