Ante el cierre de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) por parte del Gobierno de Daniel Ortega en agosto, 728 miembros de academias de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y África, condenaron la decisió. Desde diciembre de 2021, según Los Angeles Times, al menos 26 universidades han sido clausuradas por Ortega.

Los docentes, escritores e investigadores firmaron una carta en la que rechazaron «enérgicamente la campaña de acoso y criminalización» que derivó en el cierre de la UCA. Además, aseguraron que hubo una «cosificación» de la casa de estudios por parte del gobierno sandinista que, tras asegurar que la universidad jesuita era un «centro de terrorismo», decidió cerrarla el pasado 16 de agosto.

Entre los firmantes están el expresidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ernesto Medina, la escritora estadounidense, Magareth Randall, y el teólogo, Paul DeHart. Ellos y el resto de académicos destacaron que la UCA «formó a miles de profesionales en distintas disciplinas y especialidades». También valoraron su «sostenida proyección con el compromiso social» y las «importantes labores de investigación científica» que impulsó.

Además de resaltar las actividades de la universidad, hicieron un llamado a todas las instituciones académicas de la región y el mundo para expresar una «solidaridad activa» con la casa de estudios. De acuerdo con los 728 académicos, la UCA ha sido objeto de «sistemáticas campañas de desprestigio», reducciones de presupuesto y «ataques a sus instalaciones». Incluso su rector, José Idiáquez, y vicerrector, Jorge Huete, fueron desterrados.

Desde el estallido social de 2018, calificado por Ortega como «un fallido golpe de Estado», los cierres de ONG e instituciones vinculadas con la Iglesia Católica han sido habituales. El presidente responsabilizó al clero de haber «promovido» las movilizaciones en su contra, de la mano con la oposición y los Estados Unidos.

Según Deutsche Welle, Ortega ha cancelado al menos 3.000 instituciones no gubernamentales, alegando inconsistencias en sus informes o acusándolas de atentar contra el Estado.