Alex Fergusson

Pese a los eventos ocurridos recientemente en el seno de la oposición -la renuncia de Capriles y la eventual de Superlano,  las declaraciones de Rosales sobre su candidatura independiente a las presidenciales, y las “dudas” de Prosperi-  los candidatos que participan en la primaria de la oposición venezolana sostendrán, próximamente, un debate sobre los contenidos temáticos de la “hoja de ruta” que firmaron en agosto pasado. Una que orientará las acciones de quien resulte ganador en la elección del 22 de octubre, ahora ratificada por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) en respuesta al planteamiento de apoyo del CNE.

El documento ‘Principios Comunes del Programa Mínimo de Gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional’ establece que los candidatos se comprometen a conformar un gobierno de “cambio, unidad y reconstrucción nacional que permita avanzar hacia una reconciliación nacional en libertad”.

Allí señalaron que aspiran a conformar un gobierno democrático y pluralista de unidad nacional cuya prioridad será la solución de los problemas urgentes y estructurales que afectan la calidad de vida del pueblo venezolano, superando las barreras y carencias que imponen las condiciones vigentes.

Entre las medidas que proponen, destacan: la atención a la emergencia humanitaria compleja; la conducción de un plan nacional de respuesta a los efectos de la crisis humanitaria, dedicado a las poblaciones en situación de vulnerabilidad con prioritaria atención en el acceso a alimentos, servicios de salud, reversión de la deserción escolar y el estímulo del consumo doméstico.

En cuanto a la estabilización de la economía, contempla el fortalecimiento responsable de la capacidad material del Estado y expansión de sus recursos financieros internacionales y de la recaudación interna; reasunción de nuestro rol como proveedor de energía segura y confiable.

Respecto a los principios comunes de reformas estructurales, el acuerdo precisa que el país debe avanzar en cambios que “consoliden” un nuevo modelo político, económico y social en Venezuela y que reconozca la diversidad de intereses dentro de una sociedad pluralista bajo el amparo de un Estado de derecho democrático y social, respetando la Constitución como marco y la reinstitucionalización del poder público. También, la afirmación de la primacía de los DDHH con el propósito de restitución de garantías constitucionales; liberación de presos políticos con restablecimiento del orden público en favor de la vida, bienes y derechos de los ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional.

El documento fue suscrito por los candidatos: Andrés Caleca, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas, Delsa Solorzano, Freddy Superlano, Gloria Pinho, Henrique Capriles, Luis Farías, María Corina Machado, Roberto Enríquez y Tamara Adrián.

Planes y temas pendientes

Por su parte, para María Corina Machado, principal candidata a la Presidencia de Venezuela en 2024, la comunidad internacional debe prepararse para la salida de Nicolás Maduro y el inicio de una transición ordenada.  

Así lo manifestó durante la presentación de su plan económico y energético ante la Americas Society y el Council of the Americas, en un evento organizado en Nueva York y en el cual participó vía internet, debido a su prohibición de salida del país.

Aseguró:  “Tenemos un plan robusto para lograr esta transición y las profundas reformas que mejorarán la calidad de vida de los venezolanos y fortalecerán nuestras instituciones democráticas”.

La principal candidata opositora a la Presidencia en 2024 asegura que la comunidad internacional debe prepararse para el fin del régimen y garantiza tener una propuesta robusta de estabilización expansiva, orientada a  restablecer el Estado de derecho, proteger la propiedad privada, abrir los mercados, estabilizar los servicios públicos y abordar las necesidades sociales de los sectores más vulnerables del país

Para lograrlo, María Corina Machado y su equipo económico proponen abordar diversas crisis cruciales y simultáneas (humanitaria, seguridad, soberanía y control territorial y servicios públicos), tratándose de un país devastado por un régimen que arriba a los 24 años en el poder.

En su presentación, dijo que su gobierno se enfocará en cuatro pilares para la transformación de la economía venezolana, tras la salida de Maduro: un programa de estabilización económica; un programa de expansión económica; un plan para la reestructuración de la deuda y, finalmente, un plan para transformar a Venezuela en el hub (concentrador) energético (petróleo y gas) de las Américas, que incluye la controversial propuesta de privatizar la empresa petrolera estatal, PDVSA.

Se trata de acabar con la hiperinflación y la devaluación de la moneda, así como de frenar el caos financiero que mantiene al 80% de la población sumido en la pobreza. A su juicio, esto será posible “reduciendo el despilfarro del gasto público y llevando al gobierno a un tamaño óptimo, privatizando corporaciones propiedad del gobierno que operan bajo pérdidas, incrementando la transparencia del presupuesto del sector público, recuperando la independencia del Banco Central y eliminando las múltiples restricciones que existen en el sistema de pagos”.

Además, habló de ejecutar un plan de inversión masivo en infraestructura y servicios del sector público, solicitando el apoyo de entes multilaterales y un extenso programa de privatización de todos los sectores económicos, comenzando con el sector petrolero. La inversión y privatización mencionadas tendrían como áreas prioritarias  energía, agua, gas, telecomunicaciones, carreteras, aeropuertos y puertos marítimos.

Sobre la reestructuración de la deuda venezolana, Machado colocó como prioridad la reinserción del país en el sistema financiero y global para “cumplir con los compromisos legítimos que la nación esté en capacidad de honrar, en la medida que el país se embarque en una ruta de sostenido y significativo crecimiento económico”.

Al respecto, mencionó los cinco pasos necesarios para la reestructuración de la deuda, que incluyen analizar todos los pasivos para identificar los reclamos legítimos y generar la confianza necesaria en la comunidad internacional, restableciendo las relaciones entre Venezuela y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Agregó: “mi gobierno buscará, desde el inicio, un acuerdo para reestructurar la deuda externa, a través de un proceso de canje de bonos que sea financieramente sostenible en un contexto de alto crecimiento económico, de modo que sea creíble y conveniente para las partes” y adelantó que promoverá la reincorporación de la nación al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Finalmente, sobre la transformación del país en el hub (concentrador) energético de las Américas, sostuvo: “en un contexto de crisis energética global creciente, Venezuela puede convertirse en el proveedor estable, seguro y confiable” de energía limpia para toda la región y más allá.

Finalizó afirmando: “eso sólo se va a lograr a través de un proceso de apertura e inversión en toda la cadena energética, no solo de petróleo y de gas, y con un marco jurídico que le dé confianza a los inversionistas y que haga atractiva la inversión en Venezuela a mediano y largo plazo”.

Por su parte, el candidato César Pérez Vivas, ha señalado la existencia de temas pendientes en el Acuerdo suscrito, que considera medulares: el equilibrio de los poderes del Estado; el modelo de parlamento; el sistema de justicia y el Estado federal municipalizado.

En tal sentido declaró que seguirá insistiendo “en la necesidad de quitarle poder a la presidencia de la república en materias como la potestad de dictar leyes por vía de la habilitación legislativa, la de someter a control parlamentario la política militar, sobre todo lo relativo a los ascensos a los grados superiores, y el manejo adecuado de la hacienda pública nacional”.

Para ello, dijo, “es menester darle más poder al parlamento, estableciendo la figura de un Congreso bicameral. Solo así podremos lograr un Estado democrático garante de un Estado de derecho. Con su establecimiento, vamos a poder instaurar una economía de mercado capaz de generar la riqueza con la cual superar la galopante pobreza existente”.