Tomada de Runrunes

El desconocimiento de las Primarias y la inhabilitación de quien logró una aplastante victoria en el evento cívico y democrático del 22-O, cierra la puerta del diálogo y pone de nuevo en el camino de la autocracia  al gobierno de Nicolás Maduro. Con ello enfila a Venezuela a una crisis económica y política aún más severa a la sufrida en los últimos 6 años

Francisco Olivares

El evento de las Primarias opositores con la alta participación de electores y el aplastante triunfo de María Corina Machado, quien ha sido la más crítica dirigente contra el régimen chavista, le ha cambiado completamente el juego al gobierno de Nicolás Maduro y al grupo que dirige el partido oficialista para mantenerse en el poder.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria y ratificando la inhabilitación política de la candidata electa, pone de nuevo en evidencia cómo el gobierno seguirá utilizando todos los recursos de los que dispone para impedir que en 2024 una oposición unida y una candidatura con gran respaldo popular se mida en un proceso electoral, a pesar del control que mantiene el sector oficial sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los cambios que están ejecutando para tener mayor control del electorado.

Esta nueva acción del gobierno elimina el acuerdo de Barbados, en el que se contempló permitir elecciones libres y participativas, cierra nuevamente la puerta al diálogo y alivio de sanciones internacionales, y pone al madurismo, otra vez, en el camino represivo, su consolidación como autocracia, al tratar de anular un acto cívico y pacífico de participación política.

De nuevo se viola la Constitución creada por el propio chavismo, que en su artículo 6 define al país como democrático: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.

De inmediato el gobierno de Estados Unidos advirtió que “tomará medidas” si el presidente venezolano, Nicolás Maduro, incumple el acuerdo alcanzado con la oposición, después de que el TSJ suspendiera «todos los efectos» de las primarias opositoras. Y, desde luego, las licencias comerciales otorgadas por el gobierno de EEUU en el área de petróleo, gas y minería a las empresas estatales, pueden ser revocadas. 

El candidato único

Lo que busca el sector que domina en el chavismo es crear un escenario que permita presentar a Nicolás Maduro como el líder único respaldado por todo el chavismo en donde, como contraparte, solo participen partidos y candidatos que conviven con el gobierno de quien depende su sobrevivencia, no solo política sino económica.

Desde hacía unos meses se había iniciado una intensa campaña de imagen para posesionar a Maduro y recuperar parte de la pérdida de la base social que se viene produciendo en profundidad desde que el designado sucesor se instaló en el poder tras la muerte de Hugo Chávez.

La “alianza táctica” entre Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, y Nicolás Maduro, puso a disposición todos los recursos posibles para impedir las Primarias y dividir a los opositores, intentaron cohesionar la unidad chavista, seriamente afectada, con recorridos por el país, dádivas, eventos públicos muy controlados con gente transportada y mensajes de la necesidad de mantenerse unidos frente a los enemigos que intentan sacarlos del poder.

La imagen de Nicolás Maduro fue suavizada y alejada del rojo rojito. Se quitó unos cuantos kilos, ropa más moderna con sacos de colores diversos, zapatos semideportivos de buena marca y una sonrisa permanente de felicidad y bienestar son algunos de los cambios que se observaron desde sus apariciones televisivas y en las redes sociales, entre ellas TikTok. Todo ello aderezado con nuevo logo, en el que el rojo se diluye en el rosado, una diversidad de colores se degradan para destacar la M como nuevo símbolo de un gobierno que aparenta actuar dentro del juego democrático.

El plan comunicacional iba funcionando sin sobresaltos hasta que hace dos meses el ascenso de María Corina Machado despertó a una población decepcionada, y en especial a las bases laborales y las del propio chavismo. Ese cambio ha generado un impacto interno en el chavismo que se observa y se explica en la radical reacción de ataque que han tenido los jefes del gobierno al poner a todo el aparato de “justicia” tras los organizadores de las elecciones primarias y seguramente contra quienes participaron en esos eventos.  

El cambio de imagen más una estrategia de ofertas a sus bases sociales de garantías de seguridad social y bienestar, buscaban en principio rescatar el voto duro con el fin de establecer condiciones básicas para el futuro lanzamiento de la candidatura de Nicolás Maduro para las elecciones previstas para 2024.

Para esa estrategia los asesores gubernamentales consultaron con importantes empresas internacionales y locales, especialistas en campañas políticas. Las cifras que encontraban sus propios asesores reflejaban la debacle electoral chavista y de su sucesor con un precario apoyo por debajo de 20%.

Esa realidad la registró muy claramente uno de los estudios independientes, de la empresa encuestadora Delphos, en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello. Al consultar sobre la  autodefinición política, sólo 20,7% se consideran chavistas, pero “resteados con Maduro” solo se identifican 9,5%. Allí está su base electoral. Esta cifra se vuelve más dramática para el chavismo cuando varios estudios encuentran que 85% de la población cree necesario un cambio político para el país.

Es de destacar que este estudio se hizo antes de que se realizaran las Primarias, y habrá que esperar los efectos que ese trascendental suceso está teniendo en el comportamiento del electorado, y el ascenso político y emocional que está causando el liderazgo de Machado.

Aunque todo el peso del Poder Judicial caiga sobre la Comisión Nacional de Primaria e incluso sobre los 2 millones 400 mil electores, cuya lista de firmantes están exigiendo, el hecho ocurrió y las mediciones indican que la candidata electa supera a cualquier otro contrincante, sea Maduro o de las mismas filas opositoras. 

Por ello, como señalamos con anterioridad, este es un nuevo escenario para el gobierno de Maduro que nunca se había presentado en 24 años de dominio oficialista.

El país que nos deja el chavismo

Un gobierno y sus líderes no pierden sus bases sociales por un  problema de imagen, carisma o ideología. El discurso de las sanciones como excusa por el fracaso, tiene un efecto limitado en la población. Las víctimas directas viven una realidad muy distinta a la vida ostentosa que muestra la cúpula que gobierna. Gran  parte de ella solo puede comer una vez al día, los trabajadores pierden los salarios y prestaciones que ganaron durante muchos años de trabajo por la hiperinflación. Diariamente se registran casos de enfermos que mueren a las puertas de los hospitales en ruinas, y ya es normal pasar días y semanas sin agua, electricidad, o servicios de telefonía.

El país se pobló de bandas armadas criminales que terminan controlando regiones  completas y las autoridades no son percibidas como protectoras del ciudadano sino parte de la extorsión. El Arco Minero no sólo está acabando con una región selvática protegida por leyes ambientales sino con su población indígena. Y las cárceles son centros de operaciones y formación de grandes grupos delincuentes.

País corrompido

El proyecto “socialista” de Hugo Chávez se enfocó en estatizar las principales industrias del país que finalmente llevó a la quiebra o semiparalización a los sectores más importantes como petróleo, gas, sistema eléctrico, hierro, aluminio, entre otros.

Uno de los factores que más ha incidido en el deterioro ha sido la alta corrupción  en las 905 empresas propiedad del Estado, manejadas por funcionarios designados por el gobierno por razones políticas, que operan sin control de instituciones independientes. Según los registros que lleva Transparencia Venezuela se han identificado 243 procesos por corrupción por un monto de 69 mil millones de dólares en 29 países. La mayor cantidad de casos de corrupción está vinculada a PDVSA. Ese monto es 70% del Producto Interno Bruto (PIB), que según las firmas más destacadas en 2022 fue de 103 mil millones de dólares.

Industrias quebradas

Luego de 24 años de socialismo del siglo XXI, Venezuela se encuentra con una industria petrolera endeudada, severamente politizada y carcomida por la corrupción, con sus contratistas prácticamente quebrados y una producción declinante. Así lo señala un estudio auspiciado por Cedice Libertad (Centro de Difusión del Conocimiento Económico) y Ciudadanía Sin Límites sobre el deterioro del sector energético en Venezuela.

En 1998, cuando asciende el chavismo al poder, la industria petrolera tenía una capacidad de producción de 3 millones 400 mil barriles por día (MMBPD)  y se encaminaba a  lograr 4,2 MMBPD y una capacidad de refinación de casi 3,0 MMBPD.

Como lo refiere el estudio de Cedice Libertad y Ciudadanía Sin Límites, el gobierno chavista disfrutó de un boom de los precios petroleros a partir de 2005 y la alta producción heredada de los gobiernos democráticos, que le permitió duplicar los ingresos para arribar a 122 mil millones de dólares, y decaer a partir de 2010 como consecuencia de la corrupción y las políticas aplicadas.

En el año 2016 los ingresos apenas alcanzaron  41 mil 900 millones de dólares, de acuerdo a los estados consolidados publicados por la propia PDVSA. Para 2022 con una producción de 721 MBD, los ingresos por concepto de petróleo se estimaron en 7 mil millones de dólares, tras los pagos de deudas, intermediación y otros descuentos, según analistas independientes.

José Toro Hardy, economista y miembro principal del Directorio de PDVSA durante el período 1996-1999, nos recuerda que la estatal tenía participación como propietaria total o parcial en 22 refinerías en el mundo, 8 de ellas en Europa, que ya no están, otras 8 en Estados Unidos, 2 en el Caribe, que tampoco están, y las 6 de Venezuela que trabajan entre 10 y 20% de su capacidad instalada.

La empresa Citgo, establecida en Estados Unidos, llegó a tener 8 refinerías, 36 terminales, participación en oleoductos que atravesaban a Estados Unidos de sur a norte, y 15 mil 750 estaciones de servicio. Toro Hardy señala que “habíamos logrado una integración vertical perfecta, capaz de llevar el petróleo del subsuelo venezolano hasta el tanque de gasolina del 10% de los consumidores norteamericanos”.

El estudio de Cedice Libertad y Ciudadanía Sin Límites considera que el gobierno de Hugo Chávez con el discurso nacionalista se dedicó a expropiar sin compensación a los contratistas vitales en la actividad operativa de la industria, sustituyéndolos por emprendimientos estatales que pronto fueron presa de la falta de conocimiento y la descomposición administrativa.

El estudio indica que el gobierno de Chávez no solo suspendió la aplicación de las políticas existentes, sino que instrumentó un proceso para desmantelar progresivamente la mayoría de estos logros. Los contratos y asociaciones de la apertura petrolera lograda en los años 90, fueron forzados a migrar a empresas mixtas con mayoría accionaria del Estado o expropiadas.

En cuanto a la crisis del sistema eléctrico, el estudio de Cedice Libertad señala que en Venezuela 31% de la población no tiene acceso al sistema eléctrico formal y actualmente la industria estatizada trabaja a 30% de su capacidad instalada.

Venezuela disfrutó de un gran desarrollo en el servicio eléctrico a partir de la construcción de importantes fuentes hidroeléctricas. La más importante, la Central Hidroeléctrica Raúl Leoni, ubicada en la represa del Guri, al sur del país, fundada en 1974. Sin embargo, esa tendencia de crecimiento comenzó a cambiar con las medidas de expropiación y estatizaciones que impulsó Chávez.

Refiere el estudio de Cedice Libertad y Ciudadanía sin Límites que en 2010, luego de expropiarse las empresas privadas, se promulgó la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que estableció a Corpoelec como el operador y prestador único, encargado de todas las fases del negocio eléctrico, que contempla la generación, transmisión y comercialización en todo el territorio nacional. Un modelo que trajo  el racionamiento eléctrico que hoy padece la población, los constantes problemas generados por la falta de mantenimiento y los casos de corrupción.

Para 2018 la capacidad nominal instalada total del país era de 36 mil 732 megavatios (MW). Destaca el estudio que en 2019, la capacidad efectiva de las centrales térmicas solo alcanzó a generar aproximadamente 3 mil MW, y las hidroeléctricas 11 mil MW. El parque termoeléctrico es el que ha sufrido el mayor declive operativo que ha dejado a buena parte del país, en especial al occidente, en un grave estado de vulnerabilidad y al sistema general en una condición muy frágil frente a cualquier falla o disminución de la generación hidroeléctrica. Las termoeléctricas dependen especialmente de hidrocarburos para operar.

Autocracia o transición

La consolidación del camino autocrático obligará al gobierno de Maduro a cohesionar al sector político oficialista alrededor de la figura presidencial con el respaldo de la cúpula militar.

Al tomar esa ruta, Venezuela ya no contaría con cerca de un mil 500 millones de dólares que se han estimado podrían aportar a PDVSA por venta directa de petróleo por la flexibilización de sanciones. Al mismo tiempo se paraliza cualquier intento de reestructurar la deuda de 160 mil millones de dólares que tiene Venezuela por bonos de la República y deuda con acreedores, lo cual mantiene cerrado el crédito internacional que ya lleva seis años de default y que afecta notablemente también a los sectores privados que siguen trabajando en el país.

El efecto económico de estas políticas de sobrevivencia en el poder que está asumiendo el madurismo, será mucho más grave de lo que hasta ahora han registrado las cifras de caída económica e hiperinflación y las respectivas consecuencias para la población venezolana.

El daño igualmente afectará a sus aliados como China, Irán y Rusia, que aspiran asumir el control de gran parte de las empresas paralizadas, recuperar deudas y ampliar sus mercados.

De esto no escapan los efectos internos en el chavismo y en el sector militar, cuyos privilegios solo podrán disfrutarlos sectores cada vez más reducidos. Además sus actividades financieras seguirán siendo vigiladas internacionalmente. A ello se agrega la profundización de las investigaciones y recaudos en la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos.

El otro camino, el de la transición hacia un sistema democrático y transparente, aún no está cerrado. Los factores que hemos mencionado jugarán de forma determinante en el camino a seguir, y el rol que cumpla la oposición organizada y ahora legitimada por la población en el proceso de Primarias, será clave para inclinar el rumbo hacia una transición democrática.