Polítika UCAB

En el segundo día de comparencia ante la Corte Penal Internacional (CPI), representantes del Gobierno de Venezuela revelaron retrasos en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. El pasado 7 de noviembre, el tribunal rechazó los argumentos ofrecidos por el Estado y criticó la falta de pruebas sobre las investigaciones que están llevando a cabo las autoridades.

La jueza de la CPI desde 2018, Luz Carmen Ibáñez, consultó a la defensa acerca del estatus de las 124 investigaciones y sobre la oficialidad de las fichas presentadas. Uno de los abogados, Aitor Martínez, especificó que hay 113 incidentes que se siguen investigando. «Ninguno se ha cerrado o ha concluido completamente», dijo otro de los defensores, Ben Emmerson, en relación a los casos.

Si bien confesó que siguen indagando en la mayoría de los incidentes, Emmerson explicó que el Estado ha individualizado como posibles responsables a 166 funcionarios públicos. «Son avances significativos», dijo y agregó que hay tres casos con una acusación formal, tres en fase de juicio y cinco condenas que involucran a catorce funcionarios gubernamentales.

Por su parte, Fiscalía señaló que en 47 de los 62 casos reportados por el Estado no se identifica a los responsables de los crímenes. También detalló que 57 casos estaban en la primera fase y «no había una acusación formal». Además, determinó que 21 investigaciones eran definidas con una «característica jurídica inadecuada». Finalmente, reafirmó la importancia de que los Estados demuestren que investigan «los mismos tipos de conductas» que la CPI.