En 1976 la dictadura militar argentina, ante el rechazo de la población, movilizó a la gente llamando a la recuperación de las islas Malvinas, pero el fracaso en la guerra terminó siendo el detonante del fin del régimen. El gobierno de Maduro ha optado por utilizar la legítima reclamación venezolana por el Esequibo con el mismo fin, aunque su recuperación por vía militar es solo en el plano de la propaganda

Francisco Olivares

Cuando una autocracia recurre al nacionalismo y el patriotismo para cohesionar a la población, está utilizando los últimos recursos que le quedan para movilizar a esa población que le ha dado la espalda y rechaza a su gobierno.

A todas luces el haber sacado de debajo de la manga la histórica reclamación del Esequibo es un recurso para reducir los efectos que ha tenido en la población el proceso de elecciones primarias y el respaldo popular que ha logrado María Corina Machado con gran parte de la oposición democrática y organizaciones civiles.

Este recurso en el que se utiliza el enfrentamiento político contra las autoridades de Guyana y se exalta el elemento militar, puede llevar a un país a un enfrentamiento armado cuyo final nadie puede prever.

Este escenario que ha puesto al gobierno de Nicolás Maduro en el juego político resulta inviable a sus fines, dado que para la mayoría de la gente su prioridad no es el Esequibo sino resolver su situación alimenticia y de vida. Y para las jóvenes generaciones tener un país que le ofrezca posibilidades de crecimiento.

La severa crisis económica que ha generado el chavismo tras 24 años en el poder lo ha conducido a la pérdida, casi total, de su base política y social que lo sostuvo durante los primeros 15 años, apoyado en altos ingresos económicos que hasta esos años proveía la industria petrolera.

A pesar de mantener la alianza con el sector militar, principal sostén del gobierno, y los nuevos grupos económicos, Nicolás Maduro necesita reconstruir su base social, aunque sea parcial, de manera de poder cumplir con un proceso electoral que haga creíble internacionalmente un triunfo sobre el candidato opositor.

La autocracia venezolana se ubica en los llamados “modelos autocráticos competitivos” en los cuales, a diferencia de las dictaduras militares y monárquicas, tienen elecciones y permiten cierta cuota de opositores en los organismos por elección.

Esta apariencia democrática les permite mantener relaciones económicas y financieras con las democracias occidentales y ser reconocidos en organismos internacionales. Desde luego que esa condición se fue perdiendo en los últimos años, en la medida en que Maduro se vio forzado a profundizar la represión, perseguir a opositores y cerrar los canales democráticos. Esta situación es la que llevó a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea a establecer sanciones financieras y personales por las violaciones a los derechos humanos, la elevada corrupción y circulación de dinero ilegal.    

El madurismo se ha podido sostener manteniendo a la oposición democrática dividida, confiscando partidos políticos, comprando dirigentes opositores y controlando los poderes públicos, especialmente para los procesos electorales. Pero al mismo tiempo ha construido un nuevo sector económico alineado a sus intereses que opera en los principales rubros como petróleo, oro, minerales, importaciones, entre otros. Estos sectores están integrados por activistas y amigos del PSUV, militares y empresarios tradicionales que han optado por convivir con el modelo autocrático.

Sin embargo el apoyo mayoritario a un cambio político que ha arrastrado incluso a un sector del chavismo, los obliga a buscar caminos como la movilización patriótica contra Guyana como mecanismo prioritario.

El reciente simulacro les sirvió para movilizar especialmente a sus seguidores estructurados de las oficinas públicas, comunas, sectores militares y aplicar el sistema de uno por diez con control de asistencia. Una movilización obligada sobre muchos sectores que dependen de la ayuda oficial.

El ejemplo argentino

El recurso del patriotismo, pero llevado a la acción, fue utilizado por la dictadura militar en Argentina, por el general Leopoldo Galtieri, con la toma de las islas Malvinas reclamadas a Gran Bretaña, en medio de grandes protestas contra su gobierno, una severa crisis económica, con denuncias de alta corrupción que hicieron inviable su permanencia en el poder. Galtieri, presidente de facto, miembro de la Junta Militar de Gobierno y comandante en jefe del Ejército Argentino, luego de la derrota fue destituido en junio de 1982, lo que condujo posteriormente a la restauración de la democracia. En 1986 fue condenado por crímenes de guerra y otros delitos.

El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado militar, encabezado por el general Jorge Videla, derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabel Perón), quien dos años antes había asumido la conducción de su país tras la muerte de su esposo Juan Domingo Perón.

Un país con grandes dificultades económicas, hiperinflación, profunda polarización política, presencia de organizaciones subversivas armadas de izquierda, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, crearon las condiciones para un golpe militar.

La junta militar que asumió el poder, ofreciendo el llamado Proceso de Reorganización Nacional, pudo mantenerse durante siete años, pero dejó a su paso 30 mil desaparecidos, 400 niños robados de sus hogares, 700 suicidios de excombatientes en Las Malvinas y una deuda externa impagable para las siguientes generaciones, entre otras secuelas, dado el carácter extremadamente represivo en el control del país durante esos años.

“El asalto al poder, la impunidad desplegada en todos los ámbitos ocupados por los militares, los diferentes niveles de delincuencia, que iban desde ‘vaciar’ los domicilios de los detenidos, hasta el robo a las arcas del Estado, generaron un Estado de corrupción incontrastable con el discurso de orden que pretendían imponer los militares”, destaca un estudio firmado por los profesores e investigadores argentinos, Elio Rodolfo Parisi y Adrán Carlos Manzi.

Cuando asumió el poder la junta militar, la deuda pública rondaba los cinco mil millones de dólares. Una vez recuperado el poder por la democracia (siete años después), la deuda ascendía a 50 mil millones de dólares.

Pero si bien la crisis por los desaparecidos, las violaciones a los derechos ciudadanos y la crisis económica fueron factores que generaron un rechazo masivo al gobierno militar, fue la derrota en la Guerra de las Malvinas, la que se convirtió en el detonante clave para el quiebre de la dictadura, que condujo a la renuncia de Leopoldo Galtieri; y luego accedió a permitir una transición política en Argentina.

La guerra de las Malvinas

La madrugada del 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas, bajo las órdenes de la junta militar, que para entonces presidía el general Galtieri desembarcaron en las islas Malvinas para recuperar la soberanía sobre las islas en poder de Gran Bretaña. Tres días antes, una concentración multitudinaria en la emblemática Plaza de Mayo, que fue fuertemente reprimida, exigía la salida de la junta militar y un proceso electoral libre para producir una transición para el regreso a la democracia en Argentina.

Historiadores y analistas coinciden en que fue una medida desesperada de la junta militar para recuperar la perdida influencia en la población. En efecto, en una concentración masiva convocada por la junta militar en la misma Plaza de Mayo, miles de argentinos se concentraron para celebrar la recuperación de las Malvinas. La adhesión de varios países del continente tampoco se hizo esperar con ofertas de ayuda económica y militar, a excepción de Estados Unidos que se ubicó al lado de Gran Bretaña.

Pero con 74 días de combate contra las fuerzas británicas, 649 combatientes muertos en el frente, de los cuales 323 murieron tras el hundimiento del crucero General Belgrano, el prestigio alcanzado tras la toma de las islas se desmoronó produciendo una crisis profunda dentro de los propios mandos militares.

En Las Malvinas se derrumbó el mito de la superioridad militar y esa derrota también influyó en el resto de América Latina, en la que se miraba a los militares como organizaciones eficientes, preparados para la seguridad y defensa, y para guiar los destinos de las naciones. Las Malvinas retiró el velo de ese mito porque les tocó salir a garantizar la misión más importante para la que se supone los militares deberían estar preparados: la seguridad y defensa y fracasaron.

En unas reflexiones que hace en su libro uno de los comandantes más importantes de las operaciones en Las Malvinas, el teniente general Martín Antonio Balza, señala: “Ser prisionero de guerra proporciona una situación ideal para la reflexión, todo lo que había aprendido, las imágenes de superioridad, dictando clases de Seguridad y Defensa, cayeron aquel 13 de junio (…) tantos años perdidos hablando de soberanía, hablando de libertad, de estrategia, y no éramos soberanos, ni libres ni estrategas”.

La reflexión del comandante militar argentino revela que si bien Las Malvinas fue una gran decepción para el pueblo argentino, permitió al mismo tiempo que se cayeran las grandes mentiras que tenían los latinoamericanos sobre sus fuerzas armadas. Al mismo tiempo abrió las puertas para que se produjera una transición hacia la democracia en Argentina dominada por un poder omnipotente que para aquellos años parecía imposible de derribar.

En efecto, la derrota en la guerra de Las Malvinas profundizó la crisis interna de la junta militar pero, al mismo tiempo, agravó la grave situación económica que generó un profundo descontento popular, y se le sumó un amplio sentimiento antimilitarista en contra la dictadura.

Galtieri renunció a la presidencia el 17 de junio de 1982, tres días después de aceptada la rendición ocurrida el 14 de junio, generándose en el país una gran desilusión. A cinco meses de la derrota, fue la propia junta militar la que anunció su llamado a “concertar” un acuerdo con los partidos políticos y la sociedad civil para buscar una salida electoral.

Desde el sector militar se aspiraba a lograr una amnistía y una futura participación de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno, aspiración que cerró las posibilidades de acuerdos, ya que generó rechazo en sectores de la oposición que abogaban por una “justicia transicional” por los desaparecidos y la “represión sistemática” calificada como “terrorismo de Estado”.

La oposición se abocó a reestructurar sus organizaciones y a proponer las candidaturas presidenciales, en tanto que las organizaciones de derechos humanos comenzaban a evaluar los efectos de la represión y a sistematizar los casos de víctimas y desaparecidos.

Faltando un mes para las elecciones, en septiembre de 1983, la junta militar difundió la Ley de Amnistía. Esa Ley fue cuestionada, en especial por Raúl Alfonsín, quien basó su campaña en contra de cualquier acuerdo de amnistía para los militares incursos en delitos de derechos humanos. Alfonsín, del Partido Radical, triunfaría frente al justicialista Italo Lúder. El perdón a los militares fue declarado nulo en la primera sesión del nuevo congreso.

La guerra por el Esequibo

Hasta el momento los llamados a la defensa del Esequibo por parte del gobierno están solo en la propaganda. Venezuela no tiene en este momento condiciones geopolíticas ni militares para una acción armada de toma de ese territorio. Los países de la región, incluyendo sus más importantes aliados han respaldado a Guyana en esta disputa.

La política de Hugo Chávez fue, desde el comienzo de su gobierno, de acercamiento a los líderes guyaneses alineados entonces con Cuba y a las posturas de la izquierda latinoamericana.

Esa realidad comenzó a cambiar cuando, con la aceptación explícita del gobierno venezolano, Guyana abrió las exploraciones petroleras a las más importantes empresas internacionales y hoy se está convirtiendo en un importante productor de petróleo. Sus alianzas con Estados Unidos, China y las principales economías del mundo la destacan como un lugar privilegiado para la inversión y el desarrollo económico. Todo lo contrario a lo que ha hecho Venezuela con sus recursos. 

De este lado de la frontera ha sido diferente. Nuestras principales industrias están deterioradas, y a las principales empresas de inversionistas internacionales expropiadas, hoy se les pide que regresen. Gran parte de ellas tienen demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), en donde se procesan 47 casos contra Venezuela. Tras los juicios ya resueltos, el país ha tenido que pagar 16 mil millones de dólares.

En la frontera con el Esequibo, el lado venezolano ha sido tomado por grupos de criminales como el Ejército de Liberación Nacional para la explotación ilegal del oro y tráfico de drogas. Mientras, nuestra población está incluso migrando a Guyana buscando mejores condiciones de vida. Se estima que 30 mil  venezolanos ya están establecidos en Guyana, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Si bien el reclamo venezolano es legítimo y hay suficiente documentación que demuestra lo ocurrido con el despojo de ese territorio en reclamación, promover una confrontación, aunque sea en términos propagandísticos, resulta el peor escenario al que el gobierno de Maduro puede optar para reconstruir sus bases perdidas.