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La Unión Europea (UE) concluyó la aprobación de la ley de Inteligencia Artificial (IA) con el fin de regular y establecer parámetros respecto a su uso. Dicha ley se aplicará progresivamente hasta el año 2026 cuando entre en curso.

Matthieu Michel, secretario de Estado de Digitalización, ha validado estas acciones como un “momento histórico”.

“La adopción de la ley es un hito importante para la UE. Esta ley histórica, la primera de su tipo en el mundo, aborda un desafío tecnológico global que también crea oportunidades para nuestras sociedades y economías”, indicó Michel de Bélgica, país que actualmente ocupa la presidencia de la UE.

Tras su aprobación, se conoce que a partir de noviembre se prohíben los sistemas de inteligencia artificial de categorización biométrica, esto incluye: creencias políticas, religiosas, filosóficas o por su raza y orientación sexual. Con el avance de esta ley también serán prohibidos los sistemas que califican a las personas de acuerdo a su comportamiento o características personales. La inteligencia artificial tampoco será capaz de manipular el comportamiento humano.

La existencia de esta regulación busca reducir al máximo los riesgos que asumen las personas durante su uso, asimismo representa los límites que deben ser aplicados para que la IA no sobrepase el respeto a los derechos fundamentales. Algunos temores se han reflejado en la manipulación de elecciones.

El incumplimiento de estas normativas tendrán como consecuencia la aplicación de sanciones o multas que inician desde los 35 millones de euros (37,6 millones de dólares) o el 7 % del volumen global de negocio de las empresas, entre otras.

La normativa se aprobó con algunas excepciones, entre ellas, permitir su uso para garantizar la seguridad nacional, siendo este un punto polémico dentro de la discusión entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros. La excepción mencionó el uso de cámaras con identificación biométrica bajo autorización judicial para prevenir ataques terroristas, también para localizar a sus responsables; incluyendo delitos asociados al tráfico de personas, explotación sexual y ubicación de sus víctimas.

El consenso frente a esta ley promete que se añadirán nuevos parámetros, se estima que el próximo año entren en vigor los criterios de transparencia que deben cumplir los sistemas de la IA.