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Andrés Cañizález 06.05.25

“Habló el pueblo”, así de forma llana y diáfana resumió la revista SIC la jornada electoral que tuvo lugar en Venezuela el 6 de enero de 2015. Las elecciones parlamentarias celebradas entonces tuvieron una alta participación ciudadana y aunque fueron específicamente para escoger a diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, en verdad, tuvieron un carácter plebiscitario. El proceso electoral y su impacto político, vistos en retrospectiva, constituyeron un punto de inflexión.

Estas fueron las cifras que ofreció el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre aquel 6D histórico en la dinámica política venezolana del siglo XXI. Estaban convocados un total de 19,4 millones de personas con derecho al voto y se tuvo un registro récord para este tipo de votación de 74,17% de participación.  La alianza opositora nucleada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), obtuvo el apoyo de 7,7 millones de votos, lo cual era equivale a un 56%, mientras que la bancada oficialista, aglutinada principalmente en torno al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue respaldada por 5,6 millones de votos, lo cual representaba un 41%.

“Evidentemente, la población percibió que en esta elección se jugaba mucho más que la selección de diputados a la Asamblea Nacional, y convirtió la elección en un auténtico plebiscito en torno al desempeño del chavismo en el poder”, esto aseguraba el jesuita y politólogo José Virtuoso, al analizar la jornada de aquel 6D de 2015.

Decir que la elección fue un punto de inflexión no es una exageración o un recurso narrativo. Los resultados corroboraron la más nítida derrota del chavismo en cualquier proceso electoral nacional celebrado hasta entonces. Era un chavismo que vivía entonces su propia reconversión interna tras la muerte de Hugo Chávez, anunciada al país el 5 de marzo de 2013, y junto a ello la progresiva entronización de Nicolás Maduro, el heredero designado por el propio comandante, como el gran referente del poder oficialista.

Tal como sostenía Virtuoso, “la elección de Nicolás Maduro como jefe de Estado en abril de 2013 desató en el país una profunda crisis de legitimidad”. Tal situación no sólo afectaba a la institucionalidad, producto de unas elecciones en las que el candidato presidencial de la MUD, Henrique Capriles, pidió revisiones por considerar irregular sus resultados, tal como analizamos en un artículo que puede leerse en este link. Aguas abajo, en la sociedad, se venía registrando una mutación de envergadura, tal como lo reseñó en su momento la socióloga Nelly Arenas.

Usando cifras de la empresa Datanálisis, Arenas analizó el impacto político electoral de una nueva realidad sociopolítica: “Desde que Maduro asumió el poder, el respaldo al chavismo se ha derrumbado a la mitad. El día que Chávez hizo su última aparición pública (diciembre de 2012), se definía como chavista 44% de la población. En julio de 2015 (en plena campaña para las parlamentarias), esa cifra había descendido a 22%”.

Es importante el telón de fondo que tenía lo político. En 2015 había estallado, finalmente, una crisis económica con profundas repercusiones sociales producto de un modelo estatista y controlador, que ejerció largamente el chavismo desde los tiempos de Chávez. En 2014 diversos analistas sostenían que Maduro debía hacer un giro de 180 grados en el manejo de la economía y aplicar un programa de ajustes, dado que parecía estar sentado -literalmente- sobre una olla de presión que podía estallar en cualquier momento. Y estalló. El 2015, en coincidencia con las elecciones parlamentarias que resultaban estratégicas, fue un año que la gente definía con la palabra crisis.

La investigación universitaria conocida como Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), que comenzó a realizarse desde 2014 liderada por la Universidad Católica Andrés Bello, ante la falta generalizada de cifras oficiales, reveló en su edición de 2015 que tres de cada cuatro venezolanos estaban en situación de pobreza medida por ingreso, mientras que la mitad de todos los hogares del país se ubicaba en pobreza extrema.

El empobrecimiento generalizado, que terminó echando por tierra los logros sociales de la primera década en el poder de la Revolución bolivariana, estuvo relacionado con una espiral inflacionaria que se salió de control. La inflación acumulada anual con la que se cerró 2015 fue calculada por expertos en 236,3% y terminó siendo la más alta del mundo, y además, la más elevada en la historia del país, hasta entonces. En los años siguientes la población de Venezuela padecería tiempos de hiperinflación con cifras mucho más elevadas que la de aquel 2015.

Lo que siguió al 6D

Tal como reseñó la revista SIC inmediatamente después de que el CNE publicara el primer boletín electoral, el presidente Maduro reconoció de palabra la derrota electoral en las parlamentarias. De entrada, el gobernante dijo: “Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética a reconocer estos resultados adversos”.

Sin embargo, pocos días después arremetió en contra de quienes votaron a favor de la MUD, afirmando que en Venezuela triunfó la “guerra económica”, “la burguesía”, y entre otros improperios amenazó a la población con no construir viviendas ante la falta de lealtad hacia el chavismo. Tal como sostenía SIC, estas palabras de Maduro deberían quedar para la historia: “Yo quería construir 500.000 viviendas el próximo año. Ahorita lo estoy dudando…No porque no pueda construirlas, porque puedo construirlas. Pero te pedí tu apoyo y no me lo diste”.

Los mensajes en contra de quienes votaron a favor de un cambio fueron seguidos en el mismo mes de diciembre por decisiones que sencillamente desconocían la voluntad popular. La más grave fue la decisión que tomó la Asamblea Nacional electa en 2010, y presidida en diciembre de 2015 por Diosdado Cabello, para hacer unas maratónicas sesiones extraordinarias en los días de navidad y año nuevo, “incluso hasta el día antes de que tomará posesión la nueva Asamblea Nacional (el 5 de enero de 2016)”, como reseñó SIC.

Entre el 15 de diciembre de 2015 y el 4 de enero de 2016, la saliente Asamblea Nacional dominada por el chavismo aprobó nombramientos de altos funcionarios del Estado y de leyes, así como créditos adicionales para beneficiar al gobierno de Maduro. Lo que resultó más escandaloso y con serias repercusiones políticas e institucionales en los años siguientes, fue la designación y juramentación exprés de 13 magistrados y 21 suplentes para las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El chavismo aferrado al poder se blindaba y se preparaba para una siguiente fase que resultaría nefasta para la democracia venezolana.

La mayoría calificada como meollo

Con los resultados que emanaron de las urnas el 6D, cambió de forma radical la composición de la unicameral Asamblea Nacional en Venezuela. En concreto, 112 de los 167 diputados que conforman el poder legislativo adversaban al chavismo: 109 adscritos a la MUD, a los que se sumaron 3 diputados de Amazonas (de la circunscripción indígena) que estaban alineados con las banderas de la oposición democrática. Estos 112 diputados, contra los 55 identificados con el chavismo, suponían una mayoría calificada de dos tercios del Parlamento.

El meollo de lo que vendría poco después del 6D estaba en torno a lo que bien sintetizó Agrivalca Canelón. Aquella mayoría calificada de 2/3 parte del poder legislativo le daba potestad a los diputados opositores, entre otras facultades constitucionales, a: acordar la celebración de un referendo consultivo nacional; aprobar la incapacidad física o mental permanente del presidente de la República; autorizar el enjuiciamiento del presidente de la República; aprobar la Ley de Amnistía de los presos políticos; sancionar una Ley Habilitante; aprobar la moción de censura al vicepresidente ejecutivo y a los ministros; aprobar y modificar las leyes orgánicas; cambiar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y al Defensor del Pueblo; designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y aprobar un proyecto de reforma constitucional.

El 30 de diciembre de 2015, la Sala Electoral del TSJ admitió un recurso de amparo que apuntaba a impugnar los resultados electorales en circuitos de los estados Amazonas, Yaracuy y Aragua, pero finalmente sólo declaró procedente el recurso en contra de la elección en el estado amazónico, dejando a la oposición democrática sin los 3 diputados que hacían posible la mayoría calificada.

El 5 de enero de 2015 fueron juramentados 163 diputados electos. Los tres diputados que fueron impugnados no pudieron juramentarse ese día. Lo harían, sí, al día siguiente y frente a la nueva junta directiva con figuras de la MUD. La bancada del chavismo calificó aquello de desacato a la decisión del TSJ, por lo que llamaron a que de allí en adelante todo acto de la nueva Asamblea Nacional fuese considerado como nulo, e introdujeron un recurso ante el máximo tribunal para que así lo declarara.

El 11 de enero de 2016, apenas a seis días de haberse instalado aquella Asamblea Nacional con amplio respaldo popular en unas elecciones concurridas y legítimas, la Sala Electoral del TSJ la declaró en desacato por incorporar a los diputados electos por el estado Amazonas, y decretó que serían nulos todos los actos legislativos hasta tanto no fuesen desincorporados de sus cargos los tres parlamentarios amazónicos. Comenzaba tempranamente una lucha de poderes, cuyo trasfondo -en verdad- era el desconocimiento del chavismo de la voluntad popular, que se había expresado en las urnas el 6D a favor del cambio.

Fuentes:

Arenas, Nelly (2016). “El chavismo sin Chávez: la deriva de un populismo sin carisma”. En: Nueva Sociedad. N° 261. pp. 13-22.

Canelón, Agrivalca (2016). “Elecciones parlamentarias en Venezuela: ¿Cambio y contrarrevolución?” En: Periscopio Electoral. pp. 25-26.

Centro Gumilla (2016). “Editorial: Habló el Pueblo” En: SIC. N° 781. pp. 46-48.

Virtuoso, José (2016). “Balance político 2015 y perspectivas 2016”. En: SIC. N° 781. pp. 5-8.