Tomada de https://elblogdejorgeprosperi.com/

Yakeling Benarroche 16.05.25

Hoy día la gestión de gobierno se ha convertido en un punto medular para garantizar el desarrollo de los países y el progreso de la sociedad; no es solo un tema de administración de los recursos del Estado, se trata de garantizar que esos recursos se conviertan en obras y mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, es necesario modificar la concepción de la visión técnico-administrativa del sector público incluyendo una perspectiva político-social, cuya meta sea la generación de gobernabilidad, como garantía de eficacia en el manejo de recursos y resultados. Destacando que  para enfrentar los nuevos desafíos que les permitan a los gobiernos emprender programas de desarrollo sustentables es imprescindible el respeto a la norma y la cooperación eficaz de otros actores de la sociedad.

Es urgente asumir el compromiso de incidir claramente en la transformación del país, de manera que podamos superar los mayores desafíos que se nos presentan. Los retos que se nos plantean deben estar acompañados de “un profundo compromiso con la construcción de una sociedad más justa y solidaria con los más pobres,  lo cual exige el fortalecimiento de las instituciones, la participación ciudadana  y los valores democráticos”. De allí, la importancia de contar con gerentes públicos conscientes   de su rol como servidores  y generadores de valor público, para quienes la integridad y ética en el ejercicio de sus funciones sean esenciales para garantizar el buen funcionamiento del gobierno y el bienestar de la sociedad.

Lo anterior implica estar al servicio de la nación y colaborar en la orientación de la vida del país, ya que su accionar incide directamente sobre los cuadros de gobierno que son y serán responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como del fortalecimiento de la relación entre gobierno y ciudadanía para la construcción de la gobernabilidad democrática. Esta última, es crucial porque asegura la estabilidad de la democracia, la integración de las demandas sociales y la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades del pueblo. En esencia, facilita la participación ciudadana, el desarrollo institucional, la gestión eficiente de la economía y la promoción del bienestar social. 

Sin lugar a dudas, los Estados requieren de gobiernos probos, respetuosos de la ley y conscientes de su rol de generadores de valor público, para garantizar que las sociedades avancen, las personas tengan calidad de vida, sus necesidades sean cubiertas y el país se desarrolle. Es por ello que todos debemos involucrarnos como ciudadanos garantes de que el gobierno cumpla con sus responsabilidades mediante prácticas cotidianas, como participar en la generación de planes para la solución de problemas locales, intervenir en los trámites inherentes al presupuesto participativo, realizar auditorías destinadas a la verificación de la planificación de obras propuesta; en fin, un ciudadano consciente de sus deberes y derechos, activo, participativo y garante de la gestión de gobierno, sea local, regional o nacional.

El ejercicio de una gestión pública fundamentada en los principios de la ley, en la ética y la transparencia, se ve reflejada en elementos como: confianza en las autoridades, eficiencia en la administración, bienestar social,  fortalecimiento del sistema democrático, prevención de la corrupción, atención oportuna al ciudadano, promoción de la igualdad, combate a la impunidad, entre otros aspectos de relevancia.

La calidad del futuro del país será directamente proporcional a los niveles de compromiso y participación de sus ciudadanos, y por supuesto de una gestión gubernamental transparente, eficaz y comprometida con la gente. No existen las fórmulas mágicas, ni soluciones que no sean integrales e involucren a todos los actores de la sociedad.