Tomada de Prodavinci

Andrés Cañizález 21.05.25

El 30 de julio de 2017, en Venezuela, se eligió una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como parte de una estrategia política desde el Gobierno de Nicolás Maduro por anular el rol legislativo de la Asamblea Nacional electa en 2015, que gracias al voto popular tuvo una amplia mayoría opositora.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), la cifra oficial fue de 8 millones 089 mil 320 votantes, 41,53 % del padrón electoral. Para el presidente Maduro la participación fue histórica y el resultado era un espaldarazo para su gobierno. Sin embargo, los resultados oficiales contrastaron con el clima de opinión pública que se evidenciaba en el país. Cifras de un estudio de la firma Datanálisis, en los días previos a la votación, reseñados por la revista SIC, mostraban que siete de cada diez venezolanos rechazaban la Asamblea Nacional Constituyente y ocho de cada diez repudiaba al presidente Maduro.

Ante aquella ANC, la Compañía de Jesús en Venezuela dio a conocer una inusual posición pública en la que manifestó que “los venezolanos no claman por el cambio de la Constitución, sino por su cumplimiento. Lo que necesita y reclama el pueblo, en primer lugar, es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas”.

El proceso que llevó a la elección de una ANC, presentada por el gobierno como una solución a la crisis política y económica del país, desencadenó una ola de críticas tanto nacionales como internacionales debido a sus irregularidades, su falta de legitimidad y su impacto en la ya menguante democracia venezolana.

A inicios de 2017, el país enfrentaba una crisis multidimensional: una hiperinflación que pulverizaba el poder adquisitivo, una escasez crónica de alimentos y medicinas, y un sistema de salud al borde del colapso. A esto se sumaba una polarización política exacerbada tras las elecciones legislativas de 2015, en las que la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), obtuvo una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional, desafiando el dominio del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Según David Smilde y Geoff Ramsey, la convocatoria de la ANC fue una maniobra estratégica del gobierno para neutralizar a la oposición y recuperar el control político. El oficialismo presentó la ANC como un “diálogo nacional” para superar la violencia desatada durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron más de 120 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos. Sin embargo, estos analistas sostenían que la verdadera motivación fue consolidar el poder del chavismo en un momento de creciente debilidad.

Un aspecto central de la controversia fue la decisión de Maduro de convocar la ANC mediante un decreto presidencial, con lo cual se saltó el referendo consultivo previo, exigido por la Constitución de 1999. El mecanismo constitucional requiere de la aprobación popular para iniciar un proceso constituyente, y siendo ignorado desde el poder, desató acusaciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición, juristas y observadores internacionales.

Smilde y Ramsey destacan que esta omisión reflejó la intención del gobierno de controlar el proceso desde su origen, asegurando un resultado favorable al oficialismo.

Un proceso plagado de irregularidades

Miriam Kornblith, por su parte, realizó un análisis detallado de las irregularidades que marcaron la elección de la ANC. La autora señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, diseñó un sistema electoral que garantizaba la sobrerrepresentación del chavismo. A diferencia de elecciones anteriores, la elección de la ANC se basó en un esquema mixto de votación territorial y sectorial.

Los escaños territoriales se asignaron de manera desproporcionada, otorgando igual peso a municipios pequeños (donde el chavismo tenía mayor apoyo) que a grandes centros urbanos (bastiones de la oposición). Además, se crearon escaños sectoriales para grupos como trabajadores, campesinos, estudiantes y empresarios, todos controlados por organizaciones leales al gobierno.

Kornblith subrayaba en su análisis de 2018, que el CNE eliminó requisitos clave para los candidatos, como la recolección de firmas, lo que permitió al oficialismo presentar listas sin competencia significativa. La oposición, por su parte, decidió boicotear la elección, argumentando que participar legitimaría un proceso inconstitucional. Esta decisión, aunque coherente con su postura, dejó el campo libre para que el PSUV y sus aliados dominaran la ANC.

Uno de los puntos más álgidos estuvo en las denuncias de que los resultados fueron manipulados. La empresa Smartmatic, responsable del sistema de votación electrónica, denunció que los datos de participación fueron inflados en al menos un millón de votos. Mientras el CNE reportó una participación del 41,5% (unos 8,1 millones de votantes), observadores independientes estimaron una asistencia mucho menor, cercana al 20% del padrón electoral.

La falta de auditorías independientes, la exclusión de observadores internacionales y la ausencia de competencia electoral reforzaron las acusaciones de fraude. Kornblith concluye que estas irregularidades no solo comprometieron la legitimidad de la ANC, sino que evidenciaron el carácter autoritario del sistema electoral venezolano.

Balance de la ANC

Un año después de aquella controvertida elección de una ANC en Venezuela, Carlos García Soto hacía un balance en el portal de ideas Prodavinci. Doce meses después resultaba claro que la ANC no buscaba redactar una nueva constitución, sino usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y centralizar el poder en el chavismo.

Tras su instalación en agosto de 2017, la ANC, compuesta exclusivamente por aliados del gobierno, asumió poderes legislativos y aprobó decretos que reforzaron el control del chavismo sobre instituciones clave como el Poder Judicial y el Ministerio Público. También destituyó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien había roto con el gobierno, y persiguió a líderes opositores, forzando a muchos al exilio.

En su momento, diversos analistas cuestionaron que la ANC funcionó como un «superpoder» que desmanteló los últimos vestigios de separación de poderes en Venezuela.

A nivel social, la elección de la ANC profundizó la polarización. Las protestas opositoras, que habían alcanzado su punto álgido entre abril y julio de 2017, perdieron intensidad, en parte por la represión estatal y el desánimo de los manifestantes ante la falta de resultados.

La oposición, fragmentada tras el boicot electoral, enfrentó dificultades para articular una estrategia unificada, mientras que el gobierno aprovechó la ANC para proyectar una imagen de control, aunque a costa de su legitimidad interna y externa.

Reacciones internacionales y polarización geopolítica

Aquella elección generó una respuesta contundente de la comunidad democrática internacional. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios países de América Latina, agrupados en el Grupo de Lima, condenaron el proceso como antidemocrático y desconocieron la legitimidad de la ANC. En respuesta, impusieron sanciones económicas y diplomáticas contra funcionarios venezolanos, incluyendo restricciones de viaje y congelamiento de activos. La Organización de Estados Americanos (OEA), bajo el liderazgo del secretario general Luis Almagro, emitió resoluciones que denunciaban la ruptura del orden constitucional en Venezuela

Sin embargo, el gobierno de Maduro contó con el respaldo de aliados clave, como Rusia, China, Cuba y Turquía, que defendieron la elección de la ANC como un ejercicio de soberanía nacional. Esta división reflejó una polarización geopolítica que complicó los esfuerzos internacionales para abordar la crisis venezolana. Mientras los países occidentales intensificaban la presión sobre Maduro, sus aliados proporcionaron apoyo económico y político, permitiendo al gobierno resistir las sanciones y mantenerse en el poder.

Finalmente, la elección de la ANC de 2017 tuvo consecuencias de diverso tipo para el país. Como señalan Smilde, Ramsey, Kornblith y García Soto, este proceso no solo careció de legitimidad, sino que aceleró el deterioro de la democracia y exacerbó la crisis económica y social. La ANC, que en teoría debía redactar una nueva constitución, no cumplió con este objetivo. En cambio, funcionó como una herramienta para consolidar el control del chavismo, reprimir a la oposición y desmantelar las instituciones democráticas.

La disolución de la ANC en 2020, luego de tres años de existencia, pasó desapercibida en un país sumido en una crisis económica y social aún más profunda. La economía venezolana continuó colapsando, con una contracción del PIB estimada en más del 60% entre 2013 y 2020, y millones de venezolanos emigrantes en busca de mejores condiciones de vida. La oposición, debilitada por la represión y la fragmentación interna, perdió relevancia institucional, mientras que el gobierno de Maduro fortaleció su control, aunque a un costo social y político inmenso.

Los análisis coinciden en que este proceso reflejó la disposición del gobierno de Maduro de sacrificar la legitimidad democrática para mantenerse en el poder.

Fuentes

Centro Gumilla (2017). “Vida Nacional: La constituyente, un fraude cantado”. En SIC. N° 795. pp. 238-240.

García Soto, Carlos (2018). “A un año de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente”. En Prodavinci (01/08/2018). Versión en línea: https://prodavinci.com/a-un-ano-de-la-instalacion-de-la-asamblea-nacional-constituyente/

Garrido, Rafael (2017). “Comunicado Jesuitas de Venezuela”. En: SIC. N° 796. pp. 277-278.

Kornblith, Miriam (2018). “Electoral Authoritarianism in Venezuela: The 2017 Constituent Assembly Election”. En Revista de Ciencia Política. Vol. 38 N° 2. pp. 245-267.

Smilde, David y Ramsey, Geoff (2018). “Venezuela’s 2017 Constituent Assembly Election: A Pyrrhic Victory?”. En: Latin American Perspectives. Vol. 45. N° 6. pp. 112-128.

Trepiccione, Piero (2017). “Constituyente y realidad: dos conceptos a contravía”. En: SIC. N° 795. pp. 196-198.