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Andrés Cañizález 28.05.25

Al unísono,  la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y el Centro Gumilla, entidad de la Compañía de Jesús en Venezuela dedicada al análisis sociopolítico, reaccionaron tras las elecciones celebradas en el país el 20 de mayo de 2018, y cuyos resultados oficiales dieron como ganador a Nicolás Maduro, con lo cual se reelegía en el poder para otros seis años. “Las elecciones del 20 de mayo fueron absolutamente ilegítimas”, sostuvo la voz de la Iglesia católica entonces.

Estas elecciones, en las que Nicolás Maduro fue reelegido con el 67,8% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE),  estuvieron marcadas por graves irregularidades, una participación electoral históricamente baja y un categórico rechazo internacional.

Un CNE abiertamente controlado por el chavismo, sostuvo que Maduro obtuvo 6.248.864 votos (67,8%), mientras que Henri Falcón, principal candidato opositor, logró 1.927.387 votos (20,9%). Otros candidatos, como el pastor evangélico Javier Bertucci, alcanzó el 10,8%. La participación fue de apenas el 46,1%,  según el CNE, siendo la elección presidencial menos concurrida en la historia electoral del país. Sin embargo, Javier Corrales, al contrastar con otras fuentes, estimaba un rango de participación entre 25 a 30%. Todo ello contrastó notablemente con el 80,5% de las elecciones presidenciales de 2013.

El adelanto de las elecciones, decidido por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pese a que no estaba entre sus prerrogativas, restringió la preparación de los candidatos opositores. Además, líderes clave como Henrique Capriles (inhabilitado por 15 años) y Leopoldo López (bajo arresto domiciliario) fueron excluidos, mientras partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular fueron ilegalizados, limitando seriamente la competencia electoral.

Las elecciones de 2018 tuvieron lugar en un contexto país que arrojaba señales de que el modelo político y socioeconómico que había impulsado el chavismo estaba agotado, como lo precisaba John Magdaleno en un artículo para la revista Nueva Sociedad. En materia de opinión pública, las encuestas de cobertura nacional o urbana que habían llevado a cabo las empresas de mayor prestigio, en aquel 2018, daban cuenta del clima de creciente malestar y de la consolidación de una demanda de cambio político, “originalmente hallada en los estudios de 2014”.

El telón de fondo de aquellas elecciones presidenciales era este, reseñado por Magdaleno a partir de las encuestas de entonces: “9 de cada 10 entrevistados evalúa negativamente la situación general del país; 9 de cada 10 entrevistados evalúa negativamente la situación económica; entre 68% y 79% de los entrevistados, según la encuesta de que se trate, desaprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro; entre 7 y 8 de cada 10 entrevistados, dependiendo de la encuesta que se examine, desean que se produzca un cambio político en el menor tiempo posible”.

Principales irregularidades denunciadas

En aquel 2018, las denuncias de fraude fueron numerosas. Margarita López Maya y David Smilde recopilaron algunas prácticas específicas de manipulación electoral:

Puntos rojos y clientelismo: En las inmediaciones de los centros de votación, el PSUV instaló “puntos rojos” donde se escaneaban los “carnets de la patria” de los votantes. Este documento, obligatorio para acceder a subsidios como las cajas CLAP (alimentos distribuidos por el gobierno), fue usado para presionar a los ciudadanos. Por ejemplo, en el estado Carabobo, votantes denunciaron que se les prometían bonos de 10 millones de bolívares (equivalentes a unos pocos dólares en el mercado negro de entonces) si votaban por Maduro, según reportes citados por Javier Corrales.

Coacción en centros de votación: Henri Falcón documentó 351 violaciones electorales, incluyendo casos en los que funcionarios públicos fueron obligados a votar bajo amenaza de perder sus empleos. En el estado Zulia, trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) reportaron presiones para asistir a los comicios y debían mostrar su carnet tras votar, según testimonios recopilados por la ONG Súmate.

Falta de observación internacional: El CNE rechazó la presencia de observadores de la OEA, la UE o el Centro Carter, permitiendo solo “acompañantes” de países aliados como Bolivia y Cuba. Esto impidió auditorías independientes. Por ejemplo, el CNE no publicó actas de escrutinio completas ni permitió la verificación de las máquinas de votación electrónicas, lo que en su artículo Javier Corrales califica como una “opacidad estructural” del proceso.

Manipulación del Registro Electoral: Margarita López Maya y David Smilde, en tanto, señalaban que el CNE no actualizó adecuadamente el registro de votantes, dificultando el voto de millones de venezolanos en el exterior. En Colombia, donde residían más de 800.000 migrantes venezolanos en 2018, solo 1.500 pudieron votar debido a restricciones consulares impuestas por el gobierno.

De acuerdo con los artículos y análisis posteriores, consultados, estas prácticas, combinadas con la represión de manifestaciones opositoras previas, consolidaron un entorno electoral no competitivo, diseñado para garantizar la victoria de Maduro. Se consolidaba, de ese modo, un autoritarismo electoral.

Reacciones internacionales

La comunidad internacional democrática (Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y países de América Latina) respondió con un rechazo casi unánime, marcando un punto de inflexión en el aislamiento diplomático de Venezuela.

Jennifer McCoy y Laura Gamboa, a propósito de tales reacciones, recopilaron los principales pronunciamientos. El 23 de mayo de 2018, los 14 países del Grupo de Lima (incluyendo Brasil, México, Colombia y Canadá) emitieron una declaración conjunta calificando las elecciones como “ilegítimas” por la falta de transparencia y la exclusión de candidatos. Redujeron relaciones diplomáticas con Caracas y llamaron a suspender los comicios.

En Estados Unidos, la administración Donald Trump impuso sanciones adicionales el 21 de mayo de 2018, congelando activos de funcionarios venezolanos. El Departamento de Estado calificó los comicios como una “farsa” y amplió restricciones financieras contra PDVSA. La Unión Europea (UE), entretanto, en una declaración del 22 de mayo, señaló que las elecciones no cumplieron con “estándares democráticos mínimos” debido a la falta de observadores y las inhabilitaciones políticas. Posteriormente, en junio de 2018, la UE sancionó a 11 funcionarios venezolanos, incluyendo a la entonces presidenta del CNE, Tibisay Lucena.

La consolidación de un modelo

Los comicios de 2018, como señalan los autores citados, dejaron en evidencia la consolidación de un “autoritarismo electoral”. El chavismo apostaba por mantener una fachada democrática mientras manipulaba instituciones y recursos estatales. Javier Corrales calificaba a estas elecciones de “coreografía” para legitimar a Nicolás Maduro ante sus bases y aliados internacionales (Rusia, China, Irán, Cuba).

Por su parte, López Maya y Smilde destacan cómo la baja participación reflejó la erosión del apoyo popular al chavismo, incluso entre sus bases tradicionales de apoyo.

El estudioso de la historia electoral de Venezuela, Luis Salamanca, entrevistado en 2020 sobre las elecciones de aquel 2018, sostenía:  “Maduro ha ilegalizado a los principales partidos políticos y ha creado, a partir del 20 de mayo de 2018, una oposición que no lo desafía, que no le genera ningún peligro”. En respuesta a una pregunta del periodista Hugo Prieto, en el portal de ideas Prodavinci, sostenía que, si bien a lo largo del siglo XXI en Venezuela se asistió a “un proceso de destrucción de la democracia”, el 20 de mayo de 2018 puede considerarse oficialmente como el día que se instauró una dictadura en el país.

Fuentes:

Centro Gumilla (2018). “Editorial: La luz que han arrojado las elecciones”. En SIC. N° 805. pp. 194-195.

Corrales, Javier (2018). “The 2018 Venezuelan Presidential Election: A Sham Election?”. En Journal of Democracy. Vol. 29. N° 4. pp. 132-146.

López Maya, Margarita y Smilde, David. (2019). “Electoral Authoritarianism in Venezuela: The 2018 Presidential Elections”. En Latin American Politics and Society. Vol. 61. N° 1. pp. 1-25.

Magdaleno, John (2018). “Escenarios en la encrucijada venezolana”. En Nueva Sociedad. N° 274. pp. 152-164.

McCoy, Jennifer y Gamboa, Laura. (2020). “International Responses to Venezuela’s 2018 Election: A Case Study in Democratic Backsliding”. En Journal of Latin American Studies. Vol. 52. N° 2. pp. 287-312.

Prieto, Hugo (2020). “Luis Salamanca: La dictadura comenzó el 20 de mayo de 2018”. Publicado el 08.02.20 en Prodavinci. Versión en línea: https://prodavinci.com/luis-salamanca-la-dictadura-comenzo-el-20-de-mayo-de-2018/