Tomada de France 24

El fin de la licencia petrolera a Chevron y su impacto económico, social y político, así como las elecciones regionales y parlamentarias, han centrado la atención del país y la comunidad internacional en las últimas dos semanas; mientras que surgen interrogantes sobre lo que sucederá en los próximos meses

Benigno Alarcón Deza 02.06.25

Con el fin de la licencia petrolera a Chevron el pasado martes 27 de mayo, se abre un escenario de dificultades económicas y sociales que ya estaban latentes en los primeros meses del año, pero que tenderán a agravarse durante el resto de 2025 y el próximo año.

Chevron obtuvo una concesión de parte del Gobierno de Trump para que mantenga el control de sus activos en el país, como socia de PDVSA, pero sin poder realizar actividades de producción, comercialización, gestión e inversión. Esta medida se extendería a las demás compañías energéticas que venían operando en Venezuela, aunque en dimensiones menores que la firma americana.

PDVSA tratará de mantener la operación en los campos que manejaba Chevron, de unos 210.000 barriles diarios, pero se estima que perderá de aquí a diciembre entre 10% y 15% de esta extracción petrolera, pérdida que llegaría al 25% en 2026. El problema que tiene no será tanto producirlo, sino venderlo. Tratará de hacerlo con Asia, como lo ha hecho a través de terceros, gracias a un descuento en el precio por barril que puede llegar al 50%.

El impacto de esas ventas petroleras a descuento es bien significativo sobre el flujo de divisas para Venezuela. Los ingresos petroleros, que el año pasado sumaron 15,2 mil millones de dólares, disminuirán hasta 10,2 mil millones de dólares este 2025. Todo esto supone una contracción de la economía del 4% para el presente año, pero el sector petrolero se resentirá en más del 15%.

Los efectos son múltiples, principalmente en el mercado cambiario, pues 40% de los dólares que se venden a las empresas privadas en Venezuela, lo aportaban estas petroleras. Esto dispara el tipo de cambio y con la devaluación aumentan los niveles de inflación sobre el 200% este año, lo que va a impactar aún más a la gente vulnerable, como el empleado público, el pensionado, el trabajador del nivel más bajo del sector privado y quienes trabajan por su cuenta.

La puja de la licencia

 La agencia Bloomberg había revelado que el enviado especial para Venezuela, Richard Grenell, había viajado a Antigua, donde se gestionaba una nueva extensión. En efecto, se había reunido con el negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, quien le entregó a Joe St. Clair, un antiguo oficial retirado de la Fuerza Aérea estadounidense que estaba detenido en Venezuela. A cambio, prometió una prórroga de 60 días para la licencia otorgada a la empresa petrolera estadounidense. «El presidente Trump autorizó esa prórroga si lográbamos algún progreso, si lográbamos generar confianza», dijo Grenell en el podcast War Room de Steve Bannon. «Pudimos hacerlo hoy. Así que se concederá la prórroga».

Grenell luego sería desautorizado. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, afirmó al día siguiente que definitivamente la licencia vencería el 27 de mayo: “No hay confusión”, dijo. ¿Qué había pasado? El secretario Marco Rubio encontró respaldo de los congresistas republicanos de Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, para frenar a Grenell; congresistas que tienen poder de voto suficiente para aprobar o no iniciativas legislativas promovidas por Trump, especialmente el paquete fiscal. Rubio posteó más tarde en las redes: “La licencia petrolera pro-Maduro-Biden en Venezuela vencerá según lo programado el próximo martes 27 de mayo”. Fue lo que finalmente ocurrió, aunque se dice que Chevron quedará con un permiso limitado para proteger sus activos en Venezuela, lo que es una concesión lógica, pese a que hasta el momento del cierre de este informe no ha sido publicado.

Y una de las incógnitas que quedan de este caso, es si el incumplimiento de la oferta de Grenell al Gobierno venezolano, implica o no un episodio que cierra aún más las posibilidades de nuevas negociaciones, al menos en el corto plazo.

Elecciones con escasa participación

En un contexto de rechazo al Gobierno y de pérdida de credibilidad en el CNE y en el voto como impulsor del cambio, se realizaron el pasado domingo 25 de mayo las elecciones de gobernadores, diputados de la Asamblea Nacional y legisladores regionales. Como se había previsto en la encuesta presentada en el evento Prospectiva Venezuela, la participación estuvo en torno al 15% de los electores inscritos de acuerdo con lo reportado por los exit polls a los que se tuvo acceso, aunque, según anunció el CNE, fue del 43,18%.

El organismo electoral en su primer boletín anunció que el PSUV ganó 23 de las 24 gobernaciones, con excepción del estado Cojedes. En el segundo, dijo que el oficialismo había obtenido 253 de los 282 escaños que se elegían el domingo, o sea 89,7% de la Asamblea Nacional, mientras que quienes se presentaron como opositores sumaron 29 cargos. De este último total, 13 (4,6%) corresponden a la Alianza Democrática; 11 (3,9%) a UNT-Única; 4 (1,4%) a Fuerza Vecinal, y 1 (0,35%) a Alianza del Lápiz. Este domingo próximo se eligen 3 diputados de los pueblos indígenas, en comicios separados.

Según un análisis que han hecho expertos electorales, en la elección parlamentaria se usó un sistema de Listas Nacionales para escoger 50 diputados, lo que no está previsto en la Constitución, la cual establece que la elección de diputados se hace como representaciones de los estados.

Por otra parte, observan que hubo proclamaciones en esta lista nacional de diputados opositores que no habían obtenido los votos proporcionales, por lo que se supone fueron asignados producto de negociaciones. La Alianza Democrática recibió 5 proclamaciones adicionales a las 3 que supuestamente le correspondían; UNT-Única obtuvo 4 más que las 2 que le tocaban; y a Fuerza Vecinal le otorgaron 1 más al cupo que había logrado.

Esta nueva Asamblea Nacional se instalará en enero de 2026, a la cual Maduro, según anunció este domingo, presentará la reforma constitucional que estaba prevista entregar originalmente el pasado 15 de mayo, así como la reforma del Poder Electoral que permitiría “crear el sistema electoral de los circuitos comunales”.

En el caso del proyecto constitucional de Maduro, puede haber tensiones, pero no tanto por los diputados que se presentan como opositores, sino dentro de las propias filas oficialistas, pues quienes aspiran a tomar mayor poder, e incluso se ven como presidenciables, encontrarán en la reforma un instrumento que busca cambiar el mecanismo de legitimación formal a través del voto directo, lo que les puede cerrar el paso al hacer innecesaria la renovación del liderazgo. Ya existe el antecedente de Chávez cuando trató de aprobar la reelección indefinida en 2007. 

En conclusión…

Sin lugar a dudas, hay tres factores que son los que están generando un mayor impacto en la vida nacional y que serán clave en la evolución de la situación venezolana en lo que queda del presente año: la crisis política consecuencia del desconocimiento de los resultados de la elección presidencial de 2024 y la progresiva deslegitimación del gobierno y de todas las autoridades electas a partir de entonces; el progresivo y acelerado deterioro de las condiciones de vida de la gente; y la represión creciente como consecuencia de todo lo anterior y como medio para mantener el poder y la gobernabilidad por la fuerza.

A todo evento, las decisiones de los últimos días dejan claro que la comunidad internacional democrática no reconocerá los resultados surgidos de procesos que no gocen de integridad electoral, lo cual tiene consecuencias en la situación interna del país, incluido lo político y lo económico, al tiempo que limita el acceso del Gobierno a los mercados energéticos internacionales, a la inversión extranjera y al sistema financiero internacional. Aunque es necesario recordar que, si bien es cierto que estos factores contribuyen a la presión por buscar una salida negociada, rara vez son suficientes por sí solos para alcanzar la democracia.

Lo ocurrido en las elecciones del 25 de mayo, al contrario de lograr el efecto legitimador buscado por el Gobierno, hizo evidente, una vez más, que el oficialismo ya no cuenta con el respaldo del pueblo venezolano. La baja participación debe ser interpretada correctamente, no como un reflejo de apatía, desinterés o conformismo, sino como el camino que la gente encontró para manifestar masiva y pacíficamente su rechazo a un sistema electoral sin garantías que se utilizó para desconocer la voluntad popular expresada el pasado 28 de julio, y que el pasado 25 de mayo se volvió a utilizar para intentar legitimar lo ilegítimo.

Pese a la represión y al miedo, la realidad es que el pueblo venezolano no se ha rendido y sigue dando muestras de resiliencia, rebeldía, valentía y organización en medio del caos. La abstención del 25 de mayo es el reflejo de un enorme consenso en favor del cambio, la libertad y el retorno de la democracia.

El camino es y será complejo, pero hay oportunidades si se combinan una firme posición desde la comunidad internacional y la sociedad venezolana con la necesaria articulación política.