Alex Fergusson 15.07.25

El pasado 26 de junio de 2025, diecinueve rectores, miembros de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), hicieron entrega de un documento al Ministro de Educación Universitaria, en el cual se ponen de relieve los problemas medulares existentes en sus respectivas instituciones universitarias, particularmente en las principales universidades nacionales públicas, de modo que estos fueran considerados y debatidos en el seno del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que es el máximo organismo de decisión de sector.

Como un “abreboca”, plantearon la preocupación sobre el hecho de que la agenda de las reuniones del CNU sea conocida durante la reunión y no antes ni con tiempo suficiente para poder preparar los temas a discutir.

Luego, el documento entra en los que consideran temas medulares; así, en primer término, plantean que “la calidad de la educación universitaria solo es posible si existe el presupuesto y la inversión apropiadas para adquirir y mantener los equipamientos, edificaciones, insumos, y algo muy importante, salarios y sueldos justos … sin lo cual no es posible egresar profesionales de calidad, generar conocimiento actualizado y tener una mejor interacción con nuestro entorno”.

Aquí, los asuntos presupuestarios y salariales se vuelven centrales, pues, según los rectores “los ínfimos salarios están acelerando la ola de renuncias … y la fuga de talento humano en el cual el país ha invertido enormes recursos”. Por cierto, reconocen que si bien es cierto que los “bonos” pueden conformar una ayuda importante, estos no constituyen parte del salario y, además, la tabla salarial tiene más de 3 años sin ser actualizada.

Respecto al presupuesto señalan que este sigue siendo doblemente deficitario; no solo por la alarmante diferencia entre lo que se solicita y lo que se aprueba, sino además por la diferencia entre lo que se aprueba y lo que finalmente se entrega para su ejecución. Al final, señalan, que solo se envía el 3% de lo asignado cada año.

En particular, los rectores destacan lo que ocurre con la partida denominada Providencias Estudiantiles, de la cual dependen los servicios de comedor universitario, transporte estudiantil y el programa de becas y ayudas, todo lo cual “afecta el derecho constitucional a una educación gratuita”.

Otro aspecto señalado es que desde septiembre del 2021 no se han reembolsado los descuentos que se hacen de los salarios para los gremios, fondos de jubilaciones y algunos programas autoadministrados de salud, así como de los aportes de Cajas de Ahorros. Esto supone una enorme deuda que data desde el 2022 y sigue acumulándose hasta la presente fecha (salvo algunos depósitos hechos durante unos meses de 2023).

Destacan, adicionalmente, el manejo “caprichoso” de pago de retroactivos y otros conceptos salariales. Desde abril, el Sistema Patria no procesa los ficheros de pago de retroactivos de personal. Afirman que por este motivo “nos enfrentamos a posibles demandas legales que no podremos atender”. A eso se le suma, en algunas Universidades, el no pago de horas extras y bonos por trabajo en vacaciones, que son conceptos aprobados desde hace más de 20 años por los Consejos Universitarios respectivos, y que en estos momentos no son reconocidos.

En el caso particular de los presupuestos 2024 y 2025 la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y el Ministerio mismo, generaron una instrucción que redujo sensiblemente el número de cargos vacantes. Con esta reducción, junto a los pocos incentivos para concursar por cargos universitarios, a las universidades se les hace cuesta arriba incorporar nuevo personal y sustitutos. Esta política está provocando “la disminución del tamaño y calidad del personal de nuestras instituciones”, afirmaron.

Otro tema medular tiene que ver con la precariedad del sistema de protección social para el personal docente, administrativo y obrero, pues solo cubre una pequeña parte de las intervenciones médicas y quirúrgicas y otros componentes del sistema de salud.

Finalmente, el documento se refiere a los recursos para el acondicionamiento de la planta física o la rehabilitación de espacios, los cuales solo llegan mediante programas como «Venezuela Bella» o “la Comisión Presidencial”,  sin tomar en cuenta las agendas de necesidades que tienen las propias instituciones, alguna de ellas urgentes.

El documento concluye con las siguientes palabras: “Ninguna de las Universidades, pertenecientes a la AVERU, ha cerrado sus puertas, ni ha cerrado algún programa. Con muchas dificultades, seguimos funcionando. Todo ello lo debemos a nuestros trabajadores universitarios. Seguimos egresando un número importante de profesionales con la mejor calidad posible, dentro de estas precariedades. Esta calidad la apreciamos en la preferencia del sector productivo y el sector social por nuestros egresados.

En los rankings internacionales, donde aparece Venezuela, nuestras Universidades ocupan los primeros lugares. Nuestras revistas, arbitradas e indexadas están en los mejores lugares de ranking y repositorios mundiales. Se mantiene la publicación de revistas indexadas y arbitradas, así como libros, textos y otros materiales que otrora eran impresos, ahora digitales, alojados en nuestros repositorios de forma de democratizar la información.

Utilizando los medios virtuales, y en algunos casos la vía clásica presencial, hemos seguido organizando eventos científicos y de divulgación, tanto a nivel nacional como internacional. Luego de tener una alta deserción, paulatinamente nuestras Universidades han ido incrementando el número de nuevos ingresos. A pesar de la diáspora y de la pandemia, el número de estudiantes de postgrado no ha sufrido un significativo descenso”.

Faltaría ver lo que AVERU tiene que decir respecto a la reciente decisión del CNU de eliminar el sistema de nuevos ingresos por Pruebas Internas de las universidades nacionales, con lo que se establece un monopolio del Estado, en la materia.