Tomada de EEAS European Union

Andrés Cañizález 25.07.25

Las elecciones regionales y municipales de 2021 en Venezuela tuvieron dos aspectos significativos. Por una parte, por primera vez en cinco años, una parte importante de la oposición decidió participar, rompiendo con la estrategia de abstención que había predominado en elecciones anteriores, como las parlamentarias de 2020. Otro aspecto importante fue la presencia, luego de varios años de ausencia, de una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE).

Sin embargo, esta participación se dio en un entorno de profundas asimetrías, que la presencia de observadores foráneos no pudo revertir.  En ese 2021, el chavismo controlaba no solo al Consejo Nacional Electoral (CNE), sino también el Poder Judicial, el aparato mediático, especialmente la radio y televisión, así como los recursos del Estado. La conjugación de todos estos factores hizo de estas elecciones un proceso no competitivo ni justo.

Estas elecciones en Venezuela, que fueron celebradas el 21 de noviembre de 2021, resultaron en una victoria abrumadora del chavismo, que obtuvo 20 de las 23 gobernaciones y 205 de las 335 alcaldías en disputa, según datos oficiales del CNE y análisis posterior del Observatorio Electoral Venezolano. Este proceso estuvo marcado por irregularidades, como la inhabilitación arbitraria de candidatos, el uso de recursos estatales por el oficialismo y una baja participación, del 41,8% del electorado.

En Venezuela, en aquel 2021, se había consolidado un régimen autoritario, caracterizado por mantener elecciones periódicas que, aunque formalmente existen, resultan manipuladas para garantizar la permanencia del oficialismo en el poder, así lo describió Ani Urse en su tesis doctoral “El poder electoral en Venezuela: Orígenes y desarrollo”, del año 2020. Este estudio señala que desde sus inicios la Revolución Bolivariana se garantizó el control del CNE.

Por su parte, Benigno Alarcón y Manuel Hidalgo sostenían, en un estudio académico, que esas elecciones de 2021 no podían considerarse democráticas debido al uso sistemático del clientelismo competitivo por parte del chavismo, que distribuyó recursos estatales (como alimentos y subsidios) para asegurar lealtad electoral, mientras reprimía a la oposición y manipulaba el marco electoral. Estos autores destacan que el CNE, controlado por el chavismo, permitió irregularidades como la inhabilitación arbitraria de candidatos opositores, un mecanismo que, según el informe de la UE, se aplicó incluso a aliados del chavismo que intentaron competir de manera independiente.

El clientelismo, combinado con la falta de independencia judicial, creó un entorno donde la oposición enfrentaba desventajas estructurales. Por ejemplo, el uso de los recursos del Estado para campañas chavistas, como vehículos gubernamentales y propaganda en medios públicos, fue una práctica ampliamente documentada. El análisis de Alarcón e Hidalgo subraya que las elecciones de 2021 no fueron un ejercicio de soberanía popular, sino una herramienta para reforzar la hegemonía del chavismo, manteniendo una apariencia de pluralismo mientras se neutralizaba cualquier amenaza real al poder.

Melissa Salmerón, en su artículo para el CIDOB (2013), ofrece una perspectiva histórica sobre la observación electoral internacional en Venezuela, que resulta relevante para entender el contexto de 2021. Salmerón explica que, desde 2010, el CNE eliminó la figura del observador internacional, reemplazándola por “acompañantes internacionales” con funciones limitadas. En 2021, la presencia de la misión de la UE marcó una excepción parcial a esta tendencia, pero su papel fue visto con suspicacia tanto por el chavismo como por sectores de la oposición, que temían que la observación legitimara un proceso viciado.

Salmerón argumenta que la observación internacional es crucial para garantizar la transparencia y legitimidad de los procesos electorales, pero en Venezuela  el chavismo ha utilizado estas misiones de manera selectiva para proyectar una imagen de apertura democrática sin aceptar críticas sustantivas o poner en práctica las recomendaciones. En 2021, la expulsión de los observadores de la UE tras la presentación de su informe preliminar, que señalaba deficiencias estructurales, confirmó esta estrategia. El régimen de Maduro aprovechó la presencia de la misión para ganar credibilidad internacional, pero rechazó sus hallazgos cuando estos cuestionaron la integridad del proceso, evidenciando su rechazo a cualquier forma de rendición de cuentas.

Por otra parte, las elecciones de 2021, una vez más, reflejaron la fragmentación de la oposición venezolana y su impacto en la lucha contra el autoritarismo. La decisión de algunos sectores opositores, como los liderados por Henrique Capriles y Manuel Rosales, de participar en los comicios, contrastó con la postura abstencionista de líderes como María Corina Machado, quien consideraba que participar legitimaba un sistema fraudulento. Esta división debilitó la capacidad de la oposición para presentar un frente unido, permitiendo al chavismo consolidar su dominio.

Barinas, sin embargo, marcó un punto de inflexión, ya que se derrotó electoralmente al chavismo en el estado natal de Hugo Chávez. En los comicios del 21 de noviembre de 2021, el candidato opositor Freddy Superlano (MUD) superó por un estrecho margen (37,60% frente a 37,21%) a Argenis Chávez, del PSUV y hermano del expresidente fallecido.

Poco después, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), poder obsecuente con el gobierno de Maduro, anuló los resultados alegando una inhabilitación de Superlano, ordenando repetir las elecciones el 9 de enero de 2022. En esta nueva votación, el candidato opositor Sergio Garrido (MUD) obtuvo una contundente victoria con 55,36% de los votos, frente al 41,27% de Jorge Arreaza (PSUV), consolidando el triunfo opositor con una participación del 51,89%. Este resultado evidenció el uso arbitrario de inhabilitaciones y el ventajismo oficialista, pero también la capacidad de la oposición para capitalizar el descontento popular en un bastión simbólico del chavismo

Finalmente, sobre esas elecciones, la misión de observación electoral de la UE, liderada por la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, publicó un informe preliminar el 23 de noviembre de 2021. A continuación, se resumen sus principales observaciones y sugerencias:

1.- La UE reconoció ciertos avances en comparación con procesos electorales previos, como la participación de los principales partidos de la oposición, lo que permitió un pluralismo limitado. La incorporación de dos rectores no chavistas al CNE, de un total de cinco, fue vista como un paso hacia una administración electoral más equilibrada. Además, el registro electoral fue actualizado, y el sistema de conteo, sometido a auditorías, fue considerado fiable.

2. – A pesar de estos avances, el informe señaló graves problemas que comprometen la integridad del proceso: a) El sistema judicial venezolano, controlado por el chavismo, carece de autonomía, lo que permite inhabilitaciones arbitrarias de candidatos opositores a través de procesos administrativos, como los realizados por el contralor general. b) El chavismo utilizó recursos públicos, como vehículos y fondos, para promover sus campañas, mientras que los candidatos opositores enfrentaron restricciones en el acceso a medios de comunicación. c) La cobertura mediática fue abrumadoramente favorable al oficialismo, limitando la visibilidad de la oposición, y d) Se reportaron casos de intimidación y violencia contra activistas y votantes opositores, lo que creó un clima de miedo que desincentivó la participación.

La misión de la UE propuso una serie de recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales en Venezuela: 1) Reformar el sistema judicial para garantizar su autonomía y evitar la inhabilitación arbitraria de candidatos. 2) Establecer regulaciones que garanticen un acceso equitativo a los medios de comunicación y prohíban el uso de recursos públicos con fines electorales. 3) Publicar actas electorales completas y verificables de manera inmediata para aumentar la confianza en el proceso. 4) Garantizar la seguridad de candidatos, activistas y votantes, eliminando prácticas de intimidación y represión; y 5) Permitir la presencia de misiones de observación con plena libertad para emitir informes públicos y detallados, sin restricciones ni represalias.

Estas elecciones de 2021 ilustran las contradicciones del chavismo, que por un lado buscaba garantizar presencia opositora, pero sin garantías, teniendo como telón de fondo un modelo que utilizaba las elecciones no como un mecanismo de expresión democrática, sino como una herramienta para perpetuarse en el poder.

El régimen de Nicolás Maduro y los poderes públicos acólitos cuestionaron el reporte de la misión de observación electoral de la UE, en hechos que culminaron con la expulsión de los observadores tras la presentación de su informe, lo cual dejó en evidencia su intolerancia a cualquier forma de escrutinio independiente.

Esta actitud refuerza la tesis de Salmerón de que el régimen percibe la observación internacional como una amenaza a su soberanía, cuando en realidad busca evitar la exposición de sus prácticas antidemocráticas. Asimismo, la fragmentación de la oposición, exacerbada por las tácticas del régimen, ha debilitado su capacidad para desafiar efectivamente al chavismo, dejando al país atrapado en un ciclo de crisis política y autoritarismo. Así se veía el panorama político a fines de 2021.

Fuentes

Alarcón, Benigno e Hidalgo, Manuel (2023) “Elecciones, clientelismo competitivo y autocratización en Venezuela”, en Revista de Estudios Políticos. N° 200, pp. 249-282.

Salmerón, Melissa. (2013). “Venezuela y la observación electoral internacional: una cuestión de legitimidad y transparencia”.  CIDOB. Artículo en línea (13/05/2013): https://www.cidob.org/publicaciones/venezuela-y-la-observacion-electoral-internacional-una-cuestion-de-legitimidad-y

Urse, Ani (2020). El poder electoral en Venezuela: Orígenes y desarrollo. Tesis de Doctorado. UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia.