Tomada de IFEX

Este trabajo obtuvo el tercer lugar del concurso Voces por la Democracia 2025, en la categoría Ensayo de Investigación «Venezuela actualidad y futuro»

Orlando G. Medina * 22.09.25

Sumario:

La democracia venezolana enfrenta un profundo deterioro, manifestado en la progresiva reducción de los espacios cívicos y una alarmante merma en la libertad de expresión. Este trabajo analiza cómo la contracción de la Organización Civil y la Participación Ciudadana, aunada a la restricción de la Libertad de Expresión e Información, ha configurado un entorno que asfixia el pleno Ejercicio de la Ciudadanía. Se exploran las dinámicas de esta regresión y se proponen vías para revitalizar el tejido social, fortalecer la participación activa y restaurar los canales de libre información. Además, se enfatiza en que la defensa y promoción de los Derechos Humanos es indisociable del fortalecimiento de la Democracia, presentando soluciones integrales para la reconstrucción democrática del país.

Introducción: El Deterioro del Espacio Cívico y sus Repercusiones

En el panorama político y social contemporáneo, la salud de una democracia se mide no solo por la periodicidad de sus elecciones, sino por la vitalidad de sus espacios cívicos, la amplitud de la libertad de expresión y la plenitud con la que sus ciudadanos pueden ejercer sus derechos y responsabilidades. En Venezuela, estas dimensiones fundamentales de la vida democrática han experimentado una regresión sostenida, configurando un escenario donde el ejercicio de la ciudadanía se ve gravemente comprometido. Tradicionalmente, la sociedad venezolana ha contado con una rica tradición de participación y organización, así como con una vibrante prensa. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha observado un patrón de restricción que ha ido desmantelando los pilares que sostienen la acción colectiva y la libre circulación de ideas.

El presente análisis se adentra en la intrincada relación entre la progresiva reducción del ámbito de acción de la Organización Civil y la Participación Ciudadana, por un lado, y la sistemática erosión de la Libertad de Expresión e Información, por otro. Se argumenta que esta doble embestida no solo limita la capacidad de los ciudadanos para organizarse y manifestar sus ideas, sino que fundamentalmente redefine y disminuye el alcance del Ejercicio de la Ciudadanía, transformando a los actores proactivos en meros espectadores, o peor aún, en agentes silenciados por el miedo y la desinformación. Comprender la magnitud de esta contracción es el primer paso para vislumbrar y proponer soluciones realistas y necesarias de cara al futuro del país, enfatizando en que la garantía plena de los Derechos Humanos es un requisito indispensable para la restauración de la Democracia.

Desarrollo del Problema

I. La Contracción de la Organización Civil y la Participación Ciudadana

El vibrante tejido social venezolano, caracterizado históricamente por una diversidad de organizaciones de la sociedad civil (OSC), grupos comunitarios y plataformas de participación, ha sido objeto de una estrategia de debilitamiento que busca mermar su autonomía y capacidad de incidencia. La participación ciudadana, entendida como el involucramiento activo en los asuntos públicos, va más allá del sufragio e implica la posibilidad de incidir en la formulación, implementación y supervisión de políticas públicas. Sin embargo, en Venezuela, los mecanismos formales e informales de participación han sido sistemáticamente coartados, desmantelados o minimizados. Consejos comunales que nacieron con vocación participativa han derivado en estructuras de control político, y las iniciativas legislativas o de consulta popular han sido desvirtuadas o ignoradas, vaciando de contenido la promesa constitucional de una democracia participativa y protagónica.

Las organizaciones de la sociedad civil –desde ONG de derechos humanos y ambientales hasta asociaciones de gremios profesionales– enfrentan un entorno cada vez más hostil. Esto se manifiesta en la creación y aplicación de marcos legales restrictivos, como leyes que imponen registros onerosos o que limitan el acceso a financiamiento internacional, estigmatizándolas como «agentes extranjeros» o deslegitimando su labor. La capacidad de estas organizaciones para operar, monitorear la situación social, denunciar irregularidades o prestar ayuda humanitaria se ve severamente comprometida. Esta disminución de la autonomía y capacidad de acción impide que la ciudadanía encuentre cauces organizados para canalizar sus demandas, articular propuestas o ejercer control social sobre la gestión pública. La consecuencia directa es una reducción de la capacidad ciudadana para organizarse, deliberar y actuar colectivamente, dejando a los individuos aislados y con menores herramientas para enfrentar los problemas comunes. Los ejemplos de esta contracción son variados, desde la criminalización de la protesta social hasta la asfixia administrativa de fundaciones que trabajan por la educación, la salud, la cultura y/o el deporte, evidenciando una estrategia deliberada para desmovilizar y desarticular cualquier forma de disenso o acción independiente.

II. La Erosión de la Libertad de Expresión e Información

Paralela y, a menudo, interconectada con la contracción de los espacios cívicos, se encuentra la alarmante erosión de la libertad de expresión e información en Venezuela. Este derecho fundamental, piedra angular de cualquier sociedad democrática, ha sido sistemáticamente vulnerado a través de una combinación de mecanismos legales, económicos y coercitivos. La diversidad de voces y la pluralidad informativa, esenciales para el debate público y la formación de una opinión ciudadana informada, han sido drásticamente reducidas, privando a la población de la capacidad de comprender a cabalidad su realidad y tomar decisiones informadas.

Uno de los mecanismos más evidentes ha sido la restricción a los medios de comunicación independientes. Esto se ha manifestado de diversas formas: desde el cierre de emisoras de radio y televisión, hasta la limitación en el acceso a insumos básicos como papel prensa, lo que ha llevado a la desaparición de históricos diarios. También se ha observado la venta forzada de medios a grupos afines al gobierno, alterando drásticamente sus líneas editoriales. Esta presión económica y regulatoria ha provocado una homogeneización del panorama mediático, dejando a la ciudadanía con menos opciones para acceder a información crítica y diversa, y fomentando la proliferación de la propaganda oficial.

Más allá de los medios tradicionales, la censura y la autocensura se han convertido en fenómenos cotidianos. Periodistas y ciudadanos temen las repercusiones de expresar opiniones disidentes o reportar hechos sensibles, lo que genera un ambiente de autocensura que silencia voces importantes. Esto no solo afecta a los profesionales de la comunicación, sino a cualquier persona que intente difundir información a través de plataformas digitales o redes sociales, donde el acoso, la estigmatización y la criminalización de la opinión han proliferado mediante legislaciones ambiguas como la Ley Contra el Odio. La vigilancia digital y la persecución de activistas en línea contribuyen a un clima de temor que reprime la libre expresión en todos los ámbitos.

El papel de las redes sociales, si bien ofrece una vía alternativa para la difusión de información y el debate, no ha estado exento de desafíos. Si bien permiten sortear la censura de los medios tradicionales, también son un terreno fértil para la desinformación, las campañas de difamación y el discurso de odio, a menudo orquestados para desacreditar a voces críticas o confundir a la opinión pública. La polarización se exacerba, y la capacidad de los ciudadanos para discernir la verdad se ve comprometida, lo que afecta directamente su habilidad para participar de manera informada y crítica en los asuntos de interés nacional y, por ende, en el ejercicio de su ciudadanía.

En definitiva, la restricción en el acceso a información plural y veraz es una de las consecuencias más perniciosas de esta erosión. Sin información completa y contrastada, el ciudadano queda desarmado para comprender la realidad, evaluar las acciones de sus gobernantes o tomar decisiones conscientes sobre su participación política. Esto impacta directamente la formación de la opinión pública y la capacidad de la sociedad para articular respuestas efectivas ante los problemas, diluyendo el poder del conocimiento crítico.

III. El Ejercicio de la Ciudadanía en Cautiverio y su Impacto en los Derechos Humanos y la Democracia

La confluencia de la contracción de los espacios para la Organización Civil y la Participación Ciudadana con la erosión de la Libertad de Expresión e Información tiene como resultado directo un menoscabo significativo en el Ejercicio de la Ciudadanía. Cuando los canales para la expresión colectiva y la obtención de información veraz se cierran, la capacidad del ciudadano para actuar como agente de cambio y control social se ve severamente comprometida, relegándolo a un rol pasivo o, en el peor de los casos, a la impotencia.

La reducción de espacios cívicos y la limitación a la libertad de expresión constriñen la capacidad del ciudadano para ejercer sus derechos fundamentales de manera plena. El derecho a la protesta, que es la expresión más visible de la disidencia y la demanda social, es criminalizado y reprimido con el uso desproporcionado de la fuerza y detenciones arbitrarias. El derecho a la petición y a la respuesta oportuna por parte de las autoridades se vuelve ilusorio, minando la confianza en las instituciones. La capacidad de organizarse en torno a intereses comunes o para exigir rendición de cuentas es obstaculizada, lo que afecta directamente la defensa de los Derechos Humanos. Las violaciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos, como la persecución política, la detención sin debido proceso y la tortura, son posibles en un entorno donde la sociedad civil no puede actuar libremente y la información es controlada.

Esta situación también impacta directamente en la conciencia crítica y la formación de opinión pública. Sin acceso a diversas fuentes de información y sin espacios seguros para el debate abierto, los ciudadanos se ven expuestos a narrativas únicas o a la desinformación, dificultando el desarrollo de un pensamiento crítico informado. La apatía o el miedo se convierten en reacciones lógicas ante un entorno donde la participación parece inútil o peligrosa. Esto fomenta una cultura donde el ciudadano, en lugar de ser un sujeto político activo y transformador, se ve forzado a la pasividad, priorizando la subsistencia sobre el ejercicio de sus derechos cívicos. El silencio, impuesto o autoimpuesto, se convierte en el lenguaje dominante, asfixiando la deliberación democrática y, en última instancia, socavando las bases de la Democracia misma. Un sistema que no permite la participación libre y la expresión de la ciudadanía no puede considerarse verdaderamente democrático, ya que niega los principios de soberanía popular y rendición de cuentas. Los Derechos Humanos no son solo valores abstractos, sino que constituyen el fundamento ético y legal sobre el cual se asienta cualquier sistema democrático genuino. Su vulneración sistemática es un síntoma inequívoco del colapso democrático.

Propuestas y Soluciones de Cara al Futuro: Restaurando los Derechos Humanos y Fortaleciendo la Democracia

Para revertir la contracción cívica y revitalizar el ejercicio de la ciudadanía en Venezuela, es imperativo implementar un conjunto de estrategias integrales que promuevan la reapertura de espacios, la restitución de libertades y el empoderamiento ciudadano. Estas propuestas, con una visión de futuro, buscan reconstruir el tejido democrático desde sus cimientos, reconociendo que la plena vigencia de los Derechos Humanos es la piedra angular de cualquier democracia sostenible.

 * Fortalecimiento y Protección de la Sociedad Civil:

   * Revisión y derogación de marcos legales restrictivos: Es fundamental desmantelar la legislación que asfixia a las OSC (como la ley contra las ONG y otras normativas que limitan sus operaciones), garantizando su autonomía, facilitando su registro y operación sin injerencias indebidas. Esto incluye la eliminación de requisitos onerosos y la presunción de buena fe en su labor.

   * Facilitación del acceso a recursos: Eliminar barreras para que las OSC puedan acceder a financiamiento transparente, tanto nacional como internacional, reconociendo su labor como pilar de la democracia y la protección de los Derechos Humanos. Se debe garantizar que la cooperación internacional no sea criminalizada.

   * Protección a activistas y defensores: Establecer mecanismos legales y de protección efectiva para quienes ejercen la defensa de los Derechos Humanos y la promoción cívica. Esto implica investigar y sancionar la persecución, estigmatización y ataques contra ellos, y asegurar el debido proceso.

 * Reapertura y Revitalización de los Espacios de Participación Ciudadana:

   * Creación de mecanismos de consulta vinculantes: Implementar figuras como referéndums locales, presupuestos participativos genuinos y asambleas ciudadanas que permitan a la comunidad incidir directamente en las decisiones de su entorno, reconociendo su rol soberano en la democracia.

   * Restablecimiento de la autonomía de los consejos comunales y otras instancias: Devolver su carácter genuinamente participativo y no partidista, asegurando su independencia, representatividad y evitando su instrumentalización política para el control social.

   * Fomento de la deliberación pública inclusiva: Generar plataformas y foros donde los ciudadanos puedan debatir libremente sobre los problemas públicos, sin temor a represalias, promoviendo el respeto al disenso y la pluralidad de ideas. Esto es vital para la salud de una democracia.

 * Restablecimiento Pleno de la Libertad de Expresión y Acceso a la Información:

    Garantía de pluralidad mediática: Impulsar medidas que aseguren la existencia y sostenibilidad de medios de comunicación diversos e independientes, eliminando restricciones económicas y regulatorias que favorecen el monopolio informativo y la censura. Esto incluye la devolución de licencias de radio y televisión retiradas arbitrariamente.

   * Acceso libre a Internet y tecnologías: Garantizar que los ciudadanos tengan acceso sin censura ni bloqueos a la información digital y las plataformas de comunicación, reconociéndolo como un derecho fundamental en la era moderna. Se deben condenar y revertir los bloqueos selectivos.

   * Fomento de la alfabetización mediática y digital: Desarrollar programas educativos que doten a los ciudadanos de herramientas para discernir información veraz, verificar fuentes y combatir la desinformación y las fake news, fortaleciendo así su capacidad crítica.

 * Empoderamiento del ejercicio ciudadano y reafirmación democrática:

    Educación Cívica y Democrática Inclusiva: Integrar en el currículo educativo, desde los niveles básicos hasta la educación superior, la enseñanza de los Derechos Humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales), los deberes ciudadanos, la importancia de la participación y los valores democráticos como el pluralismo, la tolerancia, la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho.

   * Promoción del voluntariado y la acción social: Incentivar la participación en iniciativas comunitarias que fortalezcan el tejido social, la solidaridad y la capacidad de autogestión de las comunidades, impulsando soluciones desde la base.

   * Cultura de rendición de cuentas y transparencia: Exigir transparencia y rendición de cuentas a todos los niveles de gobierno y del poder público, y empoderar a los ciudadanos para fiscalizar la gestión pública, combatir la corrupción y exigir el cumplimiento de sus derechos. La existencia de un sistema judicial independiente y accesible es clave para esto.   * Reafirmación de la independencia de poderes: La Democracia solo es real cuando existe una clara separación y equilibrio de los poderes públicos, sin injerencias que distorsionen el funcionamiento institucional y la garantía de los Derechos Humanos.

Conclusiones

La contracción de los espacios cívicos, la asfixia de la libertad de expresión y el consecuente menoscabo del ejercicio de la ciudadanía representan los desafíos más urgentes para la Democracia venezolana. La interconexión de estos fenómenos ha creado un ambiente de silencio y pasividad que obstaculiza la búsqueda de soluciones a los profundos problemas del país y perpetúa la vulneración de los Derechos Humanos. Sin embargo, el futuro de Venezuela reside precisamente en la revitalización de la participación ciudadana, la garantía irrestricta de la libertad de expresión y el pleno ejercicio de los derechos civiles, siempre en el marco de una plena vigencia de los Derechos Humanos como eje central de la vida pública.

El camino hacia una Venezuela democrática y próspera pasa por la reconstrucción de la confianza ciudadana en sus propias capacidades para organizarse, deliberar y actuar, sabiendo que sus derechos serán respetados y protegidos. La sociedad civil organizada, los medios de comunicación independientes, una academia libre y una ciudadanía empoderada son los pilares indispensables para la defensa de los Derechos Humanos y la construcción de un futuro donde la voz de cada venezolano sea escuchada y valorada, y donde la Democracia sea más que un concepto, una realidad vivida. Es en la resiliencia y la acción colectiva, ancladas en la protección de los derechos inalienables, donde reside la verdadera esperanza para que Venezuela recupere su cauce democrático y sus ciudadanos puedan ejercer plenamente su vocación democrática.

*Abogado, Universidad del Zulia, Maracaibo. Especialista en Gerencia Municipal, IESA Maracaibo. Magíster en Educación Mención Gestión de Calidad, Universidad Miguel de Cervantes, Santiago de Chile