Civicus advierte sobre la amenaza que se desprende de la nomalización de las leyes de agentes extranjeros como una herramienta para silenciar el disenso en el mundo, en su más reciente reporte sobre la materia, publicado en octubre.

Este trabajo repasa los orígenes históricos que yacen en la ley estadounidense de 1838, los precedentes de Etiopía y Zimbabue, la ley modelo rusa y sus imitaciones en distintas regiones.

Civicus sostiene que las leyes sobre agentes extranjeros generalmente exigen que las organizaciones, y en oportunidades a personas, que desarrollan actividades consideradas políticas y reciben apoyo internacional a través de una determinada cantidad—a veces el 20% de su presupuesto—, se registren como “agentes extranjeros” u “organizaciones al servicio de intereses extranjeros”. Explica que «las entidades registradas deben añadir la etiqueta estigmatizante de origen extranjero a sus comunicaciones, publicaciones y sitios web, y someterse a onerosas auditorías y requisitos de presentación de informes».

El incumplimiento de la norma puede conllevar elevadas multas, el cierre de la organización y hasta penas de cárcel para las personas responsables.

Este trabajo apunta que el verdadero objetivo de las leyes de agentes extranjeros es acotar la labor de las organizaciones de la sociedad civil: limitar sus recursos y esfuerzos, ahogar el disenso y consolidar el poder, pese a que se presentan como iniciativas para fomentar la rendición de cuentas y la transparencia del apoyo internacional.

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