Pedro González Caro 11.05.26

La verdad como cimiento democrático

En el desarrollo de la serie «La democracia de la verdad», hemos sostenido que la libertad no es posible sin un acceso transparente a la realidad. Una democracia que oculta, que sepulta en silencio o que altera los hechos, deja de ser un sistema de justicia para convertirse en una «caverna» de sombras. El Protocolo de Minnesota es, en esencia, la herramienta técnica que permite a la sociedad civil encender una luz en los rincones más oscuros del poder: los centros de reclusión y las instituciones del Estado.

El Protocolo de Minnesota[1]: Más allá del manual forense

Curiosamente, este pilar de la justicia internacional no nació en los despachos de los diplomáticos, sino del rigor de un grupo de expertos en Minneapolis. El nombre se debe al Comité de Abogados de Minnesota para los Derechos Humanos, que a finales de los años 80 impulsó su creación para llenar un vacío técnico: cómo probar científicamente la responsabilidad del Estado en muertes sospechosas. Resulta una paradoja histórica que Minneapolis, cuna de este estándar global de justicia, haya sido recientemente escenario de graves controversias sobre el uso de la fuerza y la transparencia institucional por parte de agencias como el ICE; un recordatorio de que los protocolos son conquistas que deben defenderse permanentemente en cualquier latitud.

Lo que hoy conocemos como el estándar oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue adoptado originalmente en 1991. No obstante, ante los avances de la ciencia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) coordinó una revisión exhaustiva, haciendo suya la Versión Revisada en 2016.

A diferencia de instrumentos como el Estatuto de Roma, el Protocolo de Minnesota no requiere una firma individual por parte de los Estados para ser vinculante. Su obligatoriedad emana de ser el estándar que “operacionaliza” tratados superiores ya ratificados. Si el Estado se ha comprometido a proteger la vida, este protocolo es el «cómo» debe demostrar que cumplió con esa promesa cuando alguien muere bajo su guarda.

1. La ciencia como lenguaje de la resistencia

A la luz de la epistemología de la resistencia, la aplicación de este protocolo es un acto de soberanía ciudadana frente a la hegemonía del relato oficial. Cuando el sistema intenta imponer una «verdad» basada en la opacidad o en actas apresuradas, la ciencia forense bajo los estándares de Minnesota se convierte en el lenguaje que resiste. Es el derecho a exigir que la evidencia física hable allí donde las instituciones pretenden imponer el silencio.

2. La presunción de Iiegalidad: Un giro ético

El protocolo introduce un principio revolucionario: toda muerte bajo custodia debe investigarse bajo la presunción de que podría ser un acto ilícito. Este giro rompe con la inercia de la «muerte natural» que suele usarse para archivar casos sin investigación. Exige que el Estado sea el que pruebe, mediante una investigación imparcial, pronta y transparente, que no hubo tortura, negligencia o ejecución.

La Constitución de Venezuela y el blindaje de la verdad

Nuestra Constitución, en su Artículo 23, otorga jerarquía constitucional a los estándares internacionales de derechos humanos. Para que esta verdad sea protegida, el diseño del Poder Ciudadano dotó al defensor del pueblo de una herramienta excepcional: la inmunidad.

• Garantía de Independencia: Esta inmunidad existe para que el defensor pueda actuar como un «juez interno» frente a la acedia institucional.
• Confrontación al Estado: Su blindaje legal le permite enfrentar al Estado y cuestionar sus narrativas sin temor a presiones. Un defensor que no usa su inmunidad para exigir la aplicación de Minnesota ante una muerte dudosa, se convierte en un engranaje más en el sistema de la “desjusticia”.

Del error del sistema a la desjusticia

Existe una distinción crucial entre la «injusticia» (un error dentro del sistema) y la «desjusticia» (la inexistencia o el desmantelamiento del sistema). Cuando una muerte bajo custodia ocurre y se procede a una inhumación sin transparencia, sin notificación y sin los rigores del Protocolo de Minnesota, no estamos ante un error administrativo. Estamos ante la desjusticia en su estado puro: el Estado usando su fuerza para borrar la existencia de un ciudadano y la posibilidad de justicia.

El rumbo a la libertad

La reconstrucción del sistema democrático pasa por la reconstrucción de la verdad. Implementar el Protocolo de Minnesota es un ejercicio de legitimidad. No se puede hablar de un Estado de derecho mientras la vida de quienes están bajo su guarda pueda ser extinguida y silenciada sin consecuencias científicas y legales. La democracia de la verdad exige que cada funcionario asuma que su cargo no es para servir al poder, sino para asegurar que la luz de la verdad nunca sea sepultada por la conveniencia política.

[1] https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf