Elsa Cardozo

19.06.24

A medida que se acerca el 28 de julio se hace cada día más visible el contraste entre, por un lado, la acumulación de violaciones gubernamentales a las garantías propias de un proceso electoral libre que quedaron escritas en el Acuerdo de Barbados y, por el otro, la perseverancia, organización y movilización democrática de la sociedad venezolana en busca de cambios a través de la participación electoral. Mientras tanto, aun en medio de las múltiples crisis que afrontan las democracias en el mundo, no han faltado declaraciones e iniciativas internacionales, incluidas las de gobiernos latinoamericanos, en aliento a elecciones presidenciales libres. El esbozo sobre lo dicho y hecho desde el vecindario cercano no solo ayuda a valorar los apoyos democráticos. También contribuye, especialmente, a recordar la importancia de que esos apoyos se mantengan: por la necesidad y por la conveniencia de elecciones presidenciales creíbles en Venezuela y por los obstáculos que se siguen tendiendo a esa ruta.

Valga comenzar por recordar que desde finales de 2021, tras las rupturas y distanciamientos que siguieron al desconocimiento por más de medio centenar de gobiernos de la fraudulenta elección presidencial venezolana de 2018, las democracias latinoamericanas fueron abriendo en diversa medida las puertas y opciones a relaciones que permitieran atender del mejor modo posible los intereses de sus países. En escala regional, reaparecieron los intentos por reactivar espacios de coordinación en los que, sin reparar en divergencias políticas, se pudiera responder a problemas comunes. Sin embargo, ni en lo uno ni en lo otro el balance es bueno.

Así se refleja en lo que ha sido dicho y propuesto públicamente desde la región, a lo que habría que sumar lo tratado con mayor discreción. El recorrido de lo conocido públicamente, que se ha ido haciendo más denso a medida que se acerca el 28 de julio, puede agruparse en cuatro conjuntos de temas sobre los que ha habido pronunciamientos de la mayoría de las democracias latinoamericanas.

1. Negociaciones y acuerdo sobre garantías del proceso electoral

En abril de 2023, la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, convocada en Bogotá por el presidente Gustavo Petro, fue atendida por veinte delegaciones, entre ellas las de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas. Su declaración final expresó la necesidad de “establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos”, destacó la importancia de “tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021” y añadió que “los pasos acordados a satisfacción de las partes deben ir en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones”.

En julio, se produjo el encuentro al margen de Cumbre UE-Celac (Bruselas) de los presidentes de Argentina, Brasil y Colombia, representantes del gobierno de Venezuela y de la Plataforma Unitaria, aparte del presidente de Francia y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En su declaración conjunta los presidentes y el alto representante se pronunciaron por “la organización de elecciones justas para todos, transparentes e inclusivas, que permitan la participación de todos los que lo deseen de conformidad con la ley y los tratados internacionales en vigor, con acompañamiento internacional”. Tambien hubo referencia al seguimiento de ese proceso con el gradual “levantamiento de las sanciones de toda índole, con vistas a su levantamiento completo”.

En octubre fueron suscritos los Acuerdos de Barbados por los representantes del gobierno y de la Plataforma Unitaria. Estuvieron presentes representantes de los gobiernos de Rusia, Países Bajos, Noruega, Estados Unidos, Unión Europea, Francia y el Reino Unido. Por Latinoamérica y el Caribe asistieron autoridades y representantes de México, Barbados, Colombia, Brasil y Argentina. El Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos recogió un conjunto de garantías relativas a la fecha de la elección atendiendo al cronograma constitucional; la actualización, depuración y auditoría del Registro Electoral dentro y fuera de Venezuela; el respeto a la normativa electoral y la garantía de derechos de movilización, seguridad y acceso a medios de comunicación, así como “la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos”. Fue incluida también la “solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas, incluidas la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter, a los fines de observar el proceso electoral presidencial, con estricto apego a la Constitución, la ley y los acuerdos suscriptos con el Poder Electoral, sin perjuicio del derecho de los actores políticos a invitar acompañantes nacionales e internacionales, dentro del marco de la ley”.

Conviene recordarlo, una y otra vez: allí quedaron escritas las garantías fundamentales, buena parte de ellas irrespetadas por el gobierno. También quedó registrado el compromiso democrático electoral opositor, cumplido perseverantemente por la dirigencia democrática y la población movilizada en apoyo a la recuperación institucional y material de Venezuela.

• Violaciones de derechos humanos

En febrero, la desaparición forzosa de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel  y el anuncio gubernamental de cierre de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, provocaron reacciones regionales inmediatas: el Comunicado conjunto sobre situación en Venezuela, suscrito por  Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay y el del gobierno de Chile. También el de Brasil, en declaración del asesor presidencial especial a la prensa –“cualquier prisión de carácter político es preocupante”–, así como  del presidente Petro, con una exposición sobre la importancia de que Venezuela regresara al Sistema Interamerticano de Protección de los Derechos Humanos. Se sumó la declaración de Michelle Bachelet y varios excancilleres latinoamericanos sobre la tendencia dictatorial en Venezuela tras la expulsión de la ONU y la detención de Rocío San Miguel.

Luego, ante la detención de dirigentes políticos opositores y las órdentes de captura a la mayoría del comando de campaña de María Corina Machado, se produjeron regionalmente declaraciones de condena, entre ellas las de Paraguay  y Uruguay.  El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, señaló la importancia de “el regreso de Venezuela, sobre todo, al marco del sistema interamericano de Derechos Humanos, la presencia de los organismos de la comunidad internacional tanto de Naciones Unidas como otros, y la importancia de la realización de elecciones con garantías para todos los partidos y candidatos y candidatas”. El comunicado de prensa de  Chile, fue más directo y explícito sobre las detenciones arbitrarias al expresar que afectarían “seriamente la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y libres (…) contraviniendo los Acuerdos de Barbados validados por la comunidad internacional”.

En el mismo mes de marzo se produjeron las presentaciones de los informes actualizados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Misión Independiente para la Determinación de Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En los diálogos que siguieron a la presentación de cada informe, hubo manifestaciones de preocupación y preguntas a representantes del gobierno sobre iniciativas para mejorar la situación por parte de Ecuador, Paraguay, Chile, República Dominicana, Brasil y Argentina.

• Inhabilitaciones y obstrucciones a la inscripción de la candidatura opositora

Tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que a finales de enero de 2024 inhabilitó a Henrique Capriles y a María Corina Machado, se produjeron reacciones inmediatas, entre condena y preocupación por parte de muchos gobiernos democráticos del mundo. Regionalmente, así fue por parte de Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Guatemala y Panamá. En el mismo sentido se pronunciaron conjuntamente Costa Rica, Ecuador y República Dominicana. Con breve referencia a su interés y seguimiento sobre el proceso electoral venezolano, Brasil dio a conocer la comunicación telefónica del asesor especial presidencial, Celso Amorim, con los jefes de las delegaciones negociadoras del gobierno y la oposición. La reacción de Colombia se produjo en un Comunicado Conjunto con el consejero principal adjunto de Seguridad Nacional de EE. UU., Jon Finer, al final de su visita a Bogotá.  

De mayor compromiso con las garantías electorales fueron las reacciones regionales ante la obstrucción de la inscripción de la candidatura de la profesora Corina Yoris a finales de marzo. Fueron días en los que escaló la represión, manifiesta en las ya mencionadas órdenes de detención de dirigentes opositores. En un comunicado conjunto, horas antes de que terminara el plazo de inscripción, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,  Paraguay,  Perú, República Dominicana y  Uruguay, manifestaron su grave preocupación; también lo hizo Chile. En el caso de Colombia hubo una declaración  del canciller Luis Gilberto Murillo, como también fue el caso de Brasil, con la declaración ofrecida desde su cancillería.

Una vez que terminó el plazo sin que fuera posible inscribir la candidatura de Yoris, se produjeron reacciones más fuertes. La Cancillería de Colombia publicó un comunicado que expresó preocupación porque lo sucedido “podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral”, a la vez que reiteró “la necesidad de apoyar y promover el fortalecimiento democrático en Venezuela como factor de estabilidad regional”. Desde Brasil, la Cancillería difundió una nota de prensa en la que señala que el injustificado impedimento de la inscripción de la candidata opositora Corina Yoris es incompatible con el Acuerdo de Barbados. El presidente Lula da Silva reiteró ese señalamiento en rueda de prensa en el cierre de su encuentro con el presidente Enmanuel Macron en Brasilia, al manifestar que “no tiene explicación jurídica ni política prohibir a un adversario ser candidato”. Poco después el presidente Petro calificó de «golpe antidemocrático» la inhabilitación de la candidata opositora venezolana. Luego vendría la consideración de la selección de un candidato único  como extraordinaria por parte del mandatario brasileño y, a mediados de  abril, su encuentro con Petro en Brasilia, en cuya extensa Declaración Conjunta recordaron la importancia del Acuerdo de Barbados, propusieron un acuerdo de garantías postelectorales y reiteraron su rechazo a las sanciones.

• Seguridad y otros asuntos de interés regional

Algunos grandes temas pueden resumir las fundadas razones regionales para preocuparse y ocuparse de lo que ocurre en Venezuela. En todos se refleja la erosión institucional  y el modo como el gobierno venezolano entre acciones y omisiones, asume cada uno de ellos, como si de una “trinchera” se tratara. Son asuntos merecedores de atención especial, sobre los que se recuerdan enseguida algunas reacciones regionales.

Sobre la reclamación del territorio Esequibo, las decisiones e iniciativas del gobierno venezolano ­–desde las preguntas del Referendo Consultivo de diciembre pasado hasta la aprobación de la Ley de Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, pasando por la movilización de equipos y personal militar hacia la frontera– provocaron preocupación inmediata. Todo ello no solo ha debilitado la legítima causa venezolana, sino que  ha sumado desconfianza y temores para la estabilidad y la paz regional. Así se hizo manifiesto en la movilización militar brasileña en la confluencia fronteriza entre su país, Venezuela y Guyana, pero también en su impulso a la reunión de los presidentes Irfaan Ali y Nicolás Maduro en San Vicente y las Granadinas. Los primeros ministros del país anfitrión y de Dominica, junto al asesor presidencial brasileño , Celso Amorim, propiciaron la  Declaración Conjunta de Argyle por el Diálogo y la Paz entre Guyana y Venezuela. Esto sucedió en medio del proceso en marcha sobre la reclamación en la Corte Internacional de Justicia, reiteradamente descalificado por el gobierno venezolano. En esa instancia, a petición de Guyana fueron decididas medidas provisionales, cuyo incumplimiento protestó ante el Consejo de Seguridad de la ONU, con apoyo de la Comunidad del Caribe.

La atención regional sobre las actividades criminales del Tren de Aragua, en una escala y con alcances de extrema gravedad, aumentó desde febrero pasado a raíz del caso del secuestro y asesinato del militar venezolano retirado Ronald Ojeda Moreno en territorio chileno.  Las descalificaciones, trabas o, cuando menos, lentitud de la cooperación venezolana en el proceso llevado adelante por la Fiscalía chilena han sumado razones a los fundados temores regionales, como lo revelaron declaraciones desde Chile y Colombia.

La migración forzosa de millones de venezolanos, concentrados en altísima proporción en Latinoamérica y a través de ella hacia el norte, es fundamentalmente resultado de la ya mencionada erosión de las condiciones humanas, institucionales y materiales de Venezuela. Como otros graves desbordamientos de esa erosión hacia el exterior –en ilícitos, criminalidad transnacionalizada, depredación ambiental y opacidad en acuerdos internacionales vinculados a la seguridad– es parte de una desatención de la seguridad y los derechos fundamentales de los venezolanos, de alcances tales que la sola ineficiencia no alcanza a explicar. Así lo sugieren los bloqueos a la inscripción en el registro electoral de los venezolanos emigrados y las razones políticas que han mediado en los acuerdos sobre vuelos de repatriación.

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Finalmente, y en suma, se trata de recordar el valor de la perseverancia electoral democrática de la sociedad venezolana pese a las violaciones gubernamentales sucesivas del Acuerdo de Barbados.  También se trata de recordar lo dicho y propuesto regionalmente, una y otra vez, sobre la necesidad nacional y la conveniencia regional de una elección presidencial que resulte de un proceso legítimo. En ello, el más importante recordatorio para lo inmediato es el de las preocupaciones y críticas latinoamericanas ante la decisión de retiro de la invitación a la Unión Europea, pese a los compromisos y promesas públicas y privadas del gobierno. Urge la coherencia  de las democracias del vecindario en la atención y el reclamo de garantías electorales: en las semanas que faltan para el 28 de julio, el día de la votación y el escrutinio,  y en los meses siguientes.