Tomada de EFE

Dina Boluarte fue denunciada este martes ante la Corte Penal Internacional (CPI) por miembros de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); presentaron un documento en el que responsabilizan a la presidenta peruana por crímenes de lesa humanidad e intentos de asesinato durante las protestas ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.

Se le acusa de la muerte de 49 personas, 155 intentos de asesinato y 937 heridos; actualmente las imputaciones se basan en las investigaciones de la Fiscalía y son respaldadas por tres informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia expresa que los asesinatos sucedieron bajo «un ataque sistemático y el uso desproporcionado de la fuerza» por parte de cuerpos de seguridad en contra de civiles, en su mayoría ataques perpetrados hacia habitantes de zonas indígenas, de bajos recursos, a los que no se les encontraron armas de fuego.

«Luego del ataque, las autoridades repetidamente negaron sus responsabilidades, incluso obstaculizando investigaciones, y muchos de los casos continúan en una situación de impunidad, lo cual evidencia nuevamente la existencia de una política estatal y la sistematicidad del ataque», registra la denuncia.