Opinión y análisis

Elecciones, condiciones de campaña y democracia

Centro-Carter-e1349458762621Por: Dra. Jennifer McCoy, Directora del Programa de las Américas en el Centro Carter y Profesora Titular en Georgia State University. jmccoy@gsu.edu

Héctor A.Vanolli, Representante del Centro Carter en Venezuela. centrocartervenezuela@gmail.com

La importancia de las condiciones de campaña durante periodos electorales y los esfuerzos que se realizan en el hemisferio en aras de procurar el equilibrio entre los candidatos durante el proceso electoral y ofrecer garantías a los ciudadanos.

Uno de los elementos más importantes de los procesos electorales es también uno de los más difíciles de medir y regular: cómo garantizar que los ciudadanos que aspiran a ocupar cargos públicos puedan competir en un ambiente de relativa igualdad de condiciones.

Para garantizar la equidad en una competencia electoral se requiere, como mínimo, la presencia de un cierto número de condiciones básicas durante el período de campaña, que asegure que la totalidad de los candidatos tengan las mismas oportunidades para transmitir su mensaje al electorado, y que los electores dispongan de fuentes confiables y variadas de información, de forma que puedan tomar decisiones informadas.

En los países donde se permite la reelección inmediata, el establecimiento de dichas garantías plantea un desafío adicional ya que los candidatos en ejercicio gozan de una serie de importantes ventajas, tales como acceso a financiamiento público para programas sociales, el acceso a propaganda institucional gratuita, y la atención permanente de los medios de comunicación. Frente a esta situación, numerosos países del hemisferio están desarrollando regulaciones que ayuden a compensar o limitar estas ventajas.

Algunas de estas iniciativas prevén o bien subsidios públicos directos a los candidatos o partidos durante el período de campaña o bien algún tipo de apoyo indirecto, tal como espacios gratuitos para propaganda política. Con la sola excepción de Bolivia y Venezuela, la totalidad de los países del hemisferio cuenta en este momento con alguna forma de financiamiento público directa o indirecta[CU1] .

Un segundo conjunto de regulaciones busca limitar el efecto que la inauguración de obras públicas podría tener sobre la decisión del electorado durante los períodos de campaña. En este sentido, en algunos países, la legislación ha comenzado a limitar o prohibir la participación de los gobernantes en actos de este tipo durante las semanas previas a las elecciones.

Un tercer grupo de regulaciones intenta limitar la influencia del dinero en la política. En esta área es importante tener en cuenta tres elementos. En primer lugar, la influencia que las donaciones anónimas sin límites por parte de individuos y corporaciones pueden tener sobre el proceso de toma de decisiones si los candidatos electos que han recibido dichas donaciones se sienten obligados a retribuir los favores prestados. En segundo lugar, la influencia que elementos vinculados a la delincuencia organizada pudieran tener sobre el proceso político si éstos se transforman en importantes fuentes de financiamiento político. Y en tercer lugar, la influencia que el financiamiento ilegal de actividades proselitistas por parte de funcionarios públicos con acceso a los recursos del Estado puede tener en el desarrollo de la campaña.

Las iniciativas para limitar la influencia de este tipo de circunstancias incluyen medidas para obligar a hacer público el origen de las contribuciones de campaña (en el 80 por ciento de los países en el hemisferio); establecimiento de límites en el volumen de las contribuciones (en el 38 por ciento); establecimiento de topes obligatorios para el gasto de campaña (en el 40 por ciento); establecimiento de procedimientos para reportar los montos de campaña (en el 80 por ciento); y establecimiento de sanciones para las violaciones a las normas relativas al financiamiento político (en el 37 por ciento de los países existen penalidades económicas y en el 36 por ciento penalidades políticas)[1].

Para cada uno de estos mecanismos existe sin embargo una importante contracara. La difusión pública de las contribuciones de campaña puede exponer a quienes apoyaron a los candidatos perdedores a acciones de revancha por parte de los candidatos ganadores. La imposición de límites a los montos de campaña requiere además la existencia de una efectiva autoridad legal, con capacidad para auditar los gastos de campaña, especialmente las contribuciones ilegales o el uso de los recursos del Estado.

Más allá de la necesidad de asegurar condiciones de competencia equitativas, es importante que en las campañas proselitistas los votantes tengan información sustantiva sobre las propuestas de los diferentes candidatos. Desafortunadamente, en los últimos años se ha observado en el hemisferio una creciente tendencia a sustituir el debate de ideas por la llamada “campaña negativa” y los ataques personales dirigidos a desacreditar a los candidatos opositores. Urge por lo tanto continuar avanzando, tanto en lo que hace al establecimiento de condiciones de campaña que garanticen la equidad como en la profundización del debate político durante la campaña.


[CU1]Pueda interpretarse a referir solamente a indirecta.

[1] Los porcentajes fueron tomas de La base de datos de IDEA Internacional sobre el financiamiento de los partidos políticos, 2013 (incluye a todos los países del hemisferio, excepto el Caribe). www.idea.int/political-finance.


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