Por: Ronald Balza Guanipa / 06-02-2014

El 8 de octubre de 2013 Nicolás Maduro solicitó una Ley Habilitante por un año ante la Asamblea Nacional. El “cadivismo” fue concepto clave en el discurso que leyó durante la sesión, sin embargo no se incluyeron en él informes sobre la necesaria investigación de una afirmación hecha por la anterior Presidenta del BCV en mayo de 2013, según la cual de los 59 millardos de dólares entregados por CADIVI en 2012 se habrían asignado a empresas de “maletín” unos 20 millardos, monto cercano al actualmente disponible en reservas internacionales. El discurso se limitó a sostener que la corrupción será inevitable mientras exista el capitalismo en Venezuela y que nada podría lograrse sin erradicarlo. Y, sin embargo, no sería a partir de una habilitante concedida en 2013 cuando el marco legal comenzase a dirigirse explícitamente contra el “capitalismo” y la vieja “geometría” del Estado. Las leyes aprobadas por vía habilitante entre 2008 y 2012 se dedicaron a desarrollar conceptos socialistas, presentes en la propuesta de reforma constitucional de 2007 y ausentes en la Constitución de 1999. Paradójicamente, las nuevas leyes definen un Estado centralizado, más parecido al gomecista que al descentralizado definido por la Constitución vigente. A pesar de ello, no fueron suficientes las leyes socialistas de Hugo Chávez para frenar la corrupción roja rojita. Maduro reconoció en el discurso la presencia de corrupción en las filas de su propio partido, gracias a la cual ha surgido una nueva élite económica al amparo del poder que Chávez concentró: la boliburguesía.

Tampoco se redujo el rentismo con las leyes socialistas de 2008 a 2012. Por el contrario. La Constitución vigente no le exige austeridad al Estado, pero sí establece desde 1999 responsabilidades fiscales al Ejecutivo, monetarias al BCV y contraloras al resto de los Poderes Públicos. Las reformas a la ley del BCV, a la ley de contribuciones especiales por precios extraordinarios y exorbitantes del petróleo y a la ley de ilícitos cambiarios, por ejemplo, disolvieron las competencias del Estado y dieron al Ejecutivo un marco legal para la discrecionalidad y la opacidad. Si Páez, Guzmán Blanco, Gómez y Pérez, “hicieron uso del presupuesto nacional como si les perteneciera”, Hugo Chávez utilizó además recursos extrapresupuestarios tomados directamente de PDVSA y del BCV. Sin embargo, el discurso no reconoce efectos nocivos sobre la economía, del manejo de los recursos petroleros durante los pasados 14 años. No reconoce efectos inflacionarios del aumento de la oferta monetaria de origen fiscal. No reconoce que el gobierno prefirió importar directamente utilizando PDVAL, por ejemplo, en lugar de impulsar la producción nacional. No reconoce que durante una década de controles de precios y de cambios ha perjudicado la producción de exportables no petroleros restringiendo acceso a divisas, agravando la apreciación real del tipo de cambio e impidiendo respuestas oportunas ante aumentos de costos. Tampoco reconoce que anunciar la construcción del socialismo a través de la expropiación de medios de producción estratégicos tuvo que reducir el interés por invertir en el país.

El círculo vicioso del “cadivismo” no debería atribuirse al “capitalismo” eximiendo de responsabilidad a su principal beneficiario. Al crear CADIVI en 2003, el Presidente Chávez decidió a quién entregaba las divisas del petróleo y a qué precio, y se atribuyó por ello haber logrado crecimiento económico, reducción de la pobreza e independencia política. Las actuales fugas del sistema no pueden desligarse de su uso durante una década, durante la cual devaluaciones e inflación coexistieron con crecientes ingresos petroleros y sucesivos triunfos electorales. Tal como sostiene Maduro, acabar con el “cadivismo” es indispensable para lograr una economía sólida y erradicar a la boliburguesía que se enriquece con él. Pero para ello no basta con eliminar CADIVI, que ya desde 2003 se comparaba con RECADI, referencia emblemática de corrupción en Venezuela entre 1984 y 1988.

2014 comenzó con la sustitución de CADIVI por el CENCOEX, la reducción del monto de dólares vendidos a Bs 6.30 y la promesa de subastas periódicas al tipo de cambio SICAD, tras la confusa mención de un sistema de bandas cambiarias en lugar de una reafirmación del sistema de cambios dual existente. Tras el Dakazo, el presidente presentó nuevos requisitos burocráticos para establecer unilateralmente los precios de todos los bienes en el país. Argumentando “anomalías” en los requisitos que debían cumplirse para adquirir divisas en la primera subasta SICAD convocada luego de la devaluación de enero, el BCV detuvo el proceso. El SICADISMO es un peligro obvio. También lo son la escasez y la rápida depreciación del dólar paralelo, impulsadas por las deudas que Maduro reconoció como “jorobas” cambiarias hace un año. Con la multiplicación de trámites y controles que no contienen el incremento de la liquidez ni la pérdida de reservas no es posible augurar ni menor inflación ni mayor abastecimiento. Ni siquiera menos corrupción.