El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB), solicita públicamente al Tribunal Supremo de Justicia que exhorte a la Asamblea Nacional para que reasuma el proceso de designación de los Rectores del Consejo Nacional Electoral.

Según la entidad promotora del proyecto Integridad Electoral para Venezuela, la Asamblea Nacional debe retomar sus competencias para lograr un acuerdo, cumpliendo siempre con lo  establecido en la Constitución Nacional.

El Centro de Estudios Políticos de la UCAB, a través de un comunicado, manifiesta su “gran preocupación por la manera como la Asamblea Nacional designó los representantes del Poder Ciudadano, así como el envío del nombramiento de los Rectores del Consejo Nacional Electoral al Tribunal Supremo de Justicia, violando flagrantemente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Recuerda que en la sesión extraordinaria del día 22 de diciembre de 2014, la Asamblea Nacional nombró al Fiscal General, Contralor General y Defensor del Pueblo con el voto de una mayoría simple; hecho que va en sentido contrario a lo establecido en el Artículo 279 de nuestra Constitución en donde claramente se establece que se requiere de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, y en caso de no alcanzarse la mayoría calificada prevista en un lapso de 30 días, el envío de la terna a consulta popular.

“La exigencia establecida en la Constitución sobre el voto de las dos terceras partes para la designación de los representantes de estos poderes supone que las personas que sean designadas para estos cargos sean resultado de un consenso entre la pluralidad política representada en la Asamblea, y no representantes de partido político alguno”, dice.

Según el CEP-UCAB, “los diputados de la Asamblea Nacional tienen sobre sus hombros la responsabilidad histórica de lograr el restablecimiento de la confianza en las instituciones, lo cual solo se logrará con el estricto cumplimiento de los términos y principios fundamentales que establece la misma Constitución”.

“En este sentido, manifestamos nuestra profunda preocupación por las graves irregularidades que se han producido en el cumplimento de los lapsos y procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes para la selección de representantes del Poder Ciudadano y Rectores del Consejo Nacional Electoral”.

-En el caso de la etapa final del proceso de nombramiento de Rectores al Consejo Nacional Electoral, la Presidencia de la Asamblea Nacional ha decidido delegar en el Tribunal Supremo de Justicia la responsabilidad indelegable del poder legislativo de seleccionar nuevas autoridades electorales, desconociéndose el principio universal de que una parte no puede imponer un árbitro a las otras, excusándose en la imposibilidad de alcanzarse un acuerdo que goce del respaldo de la mayoría calificada de la Asamblea, tal como se establece en la Constitución.

Agrega que “no se evidenció voluntad ni esfuerzo alguno de negociación al presentarse una terna que apunta hacia el mantenimiento de las rectoras Lucena y Oblitas quienes han sido cuestionadas por su gestión al frente del organismo electoral, además de otras personas que, al igual que las actuales rectoras, su autonomía e independencia partidista no quedan claramente definidas a los ojos del país. Los estudios de opinión realizados por el Centro de Estudios Políticos muestran que el 56% de los venezolanos tiene poca o ninguna confianza en el Consejo Nacional Electoral; motivo por el cual la imposición de esta terna por el Tribunal Supremo de Justicia solo serviría para deteriorar aún más la confianza de los venezolanos hacia el sistema electoral”.

“Tal resultado solo demostraría una clara intención de imponer de manera unilateral los árbitros electorales, excusándose en una omisión legislativa que, de manera irresponsable y poco ética, aumentará la desconfianza con el resultado probable de generar la abstención de los electores de cara a las elecciones parlamentarias de 2015, sin tomar en consideración las consecuencias que ello podría tener para el mantenimiento de la paz y la gobernabilidad democrática del país”.

La institución hace un llamado a la conciencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia: “Pese a las múltiples declaraciones en contra del principio de la separación de poderes que desde esa y otras instancias se han hecho, se les recuerda que en base a la autonomía e independencia que como Poder Público establecido en la Constitución vigente les corresponde; el Pueblo venezolano demanda de ellos en su condición de garantes de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, tomar una decisión acorde con los principios en ella establecidos, en la que se exhorte a la Asamblea Nacional para que cumpla con la responsabilidad que le ha confiado el pueblo de Venezuela, devolviendo la competencia al seno de la Asamblea para que se logre un acuerdo sobre los nuevos rectores, cumpliendo siempre los requisitos exigidos en la Constitución y las leyes”.

“En todo caso, el Tribunal Supremo estará siempre obligado a tomar una decisión que respete los principios establecidos en la Constitución y las leyes sobre la absoluta autonomía, independencia, despartidización, competencia técnica, así como la de que el nombramiento de los árbitros electorales cuente con la aprobación de las partes a quienes tocará medirse en los diferentes procesos electorales que serán administrados por las nuevas autoridades. Solo así podrá abonarse a la confianza institucional y, a partir de ella, a la gobernabilidad democrática del país”.