Benigno Alarcón / 05 de marzo de 2015

La semana pasada, la cadena de noticias CNN en español trasmitió en diferentes horarios una entrevista a Pepe Mujica en donde éste, con razón, nos advertía sobre el peligro de un golpe de estado de militares de izquierda, diciéndonos que si se insiste en sacar al gobierno, las Fuerzas Armadas, que según él son chavistas, podrían terminar el juego y tomar el poder. ¿Es esto un escenario posible?

En la anterior entrega comenzamos a analizar si existen razones para pensar que estamos verdaderamente en una transición, entendida ésta no como un cambio de gobierno o de actores en el gobierno sino como un cambio real de régimen, lo que implica el traspaso del poder de quienes hoy gobiernan a otros actores fuera de su propio círculo. Llegamos a la conclusión de que si bien muchas de las condiciones para ello están presentes, no podemos afirmar que nos encontramos en un proceso de transición como tal. Asimismo, pudimos ver cómo la mayoría de los procesos de transición se han dado por la vía de lo que Juan Linz ha llamado ruptformas, o sea, procesos que combinan las presiones propias de una ruptura con la cesión negociada del poder en un escenario en el cual mantenerlo por la fuerza implica costos más elevados para quienes gobiernan, que lo que pueden conseguir mediante la negociación de garantías para su traspaso.

Asimismo, habíamos dicho que siendo aún manejables los costos del uso de la fuerza para mantener el poder, tal como quedó demostrado recientemente tras la detención del Alcalde Ledezma, la cual no generó ninguna situación que ameritara el uso de la represión masiva, el gobierno no tiene razón alguna para negociar con la oposición condiciones para permitir una transición. Tal como afirma Thomas Schelling^[1], la gente solo negocia lo que no puede conseguir por otros medios.

Pero también dijimos, al cierre de nuestro último artículo, que este escenario podría cambiar drásticamente si el gobierno, por una escalada del conflicto político o social, que podría encontrar su detonador en el progresivo deterioro de las condiciones económicas y sociales del país, se ve obligado a usar la fuerza para estabilizarlo, pasando de una represión hasta ahora selectiva, y por lo tanto de bajo costo, a una masiva con altos costos políticos, económicos, sociales e internacionales.

Los efectos de una escalada de conflicto

Como hemos venido sosteniendo en diferentes artículos y ponencias desde el año 2009, nos identificamos y defendemos la tesis de Robert Dahl, posteriormente retomada por Staffan Lindberg en su libro “Democratization by Elections” sobre las transiciones democráticas como el resultado de una situación de incremento de los costos de represión para el gobierno y reducción simultánea de sus costos de tolerancia (consecuencias de su salida del poder).

En tal sentido, Maduro, al igual que sucede con la cara visible de muchos gobiernos de corte autoritario, gozará del apoyo de su entorno mientras sea la mejor opción de liderazgo para mantenerse en el poder, lo cual hasta hoy es la situación existente dado que no hay nadie en las filas del oficialismo con mayor grado de aceptación (pese a una importante caída de Maduro que lo deja en niveles de aceptación de aproximadamente 20%) a lo que se suma el hecho de haber sido nombrado por Chávez y haber sido legitimado electoralmente, lo cual hace difícil justificar ante el chavismo cualquier maniobra que implique su sustitución prematura. En otras palabras, mientras Maduro no se convierta en el obstáculo para que su entorno se mantenga en el gobierno, mantenerlo en la presidencia es el camino más sencillo para continuar en el poder.

En sentido contrario, si para mantener a Maduro al frente del gobierno se hace necesaria una escalada represiva con altos costos políticos, económicos, sociales e internacionales, Maduro pasaría a ser el problema para conservar el poder y quienes lo comparten tendrían que calcular el balance entre los costos potenciales de aumentar la represión en un proceso de escala del conflicto y los de su reemplazo en el poder.

La solución que se dé a una situación hipotética como la descrita va a depender de los costos de tolerancia (o de salida del poder) de aquellos actores que estén en capacidad de decidir la suerte del gobierno, entre los que casi siempre se cuenta como principal la Fuerza Armada. Si los costos para estos actores son más tolerables que los que tendría una escalada represiva, es posible que se inicie una dinámica distinta hasta la que ahora hemos visto, produciéndose entonces, por ser del propio interés de quienes detentan el poder y no de la oposición, el único diálogo cuyo resultado posible sea la negociación de las garantías y condiciones para una transición pacífica.

Si por el contrario, los costos de perder el control del gobierno para estos actores claves son superiores a los de mantenerlo por la fuerza, el resultado será el cierre político, mediante una mayor represión, de toda posibilidad de una transición democrática, avanzando más bien hacia una mayor autocratización y la consolidación de un autoritarismo hegemónico, lo que les permitiría un mayor control del poder y, en consecuencia, su re-estabilización.

Pepe Mujica y el golpe de estado de militares de izquierda

El Presidente saliente de Uruguay, Pepe Mujica, es sin lugar a duda un personaje fascinante. Uno puede estar de acuerdo o no con sus posiciones políticas, pero es innegable que un líder que como él defiende no solo con el discurso sino con su propia forma de vivir lo que predica, no merece sino la mayor admiración y respeto.

La semana pasada, la cadena de noticias CNN en español trasmitió en diferentes horarios una entrevista a Pepe Mujica en donde éste, con razón, nos advertía sobre el peligro de un golpe de estado de militares de izquierda, diciéndonos que si se insiste en sacar al gobierno las Fuerzas Armadas, que según él son chavistas, podrían terminar el juego y tomar el poder. ¿Es esto un escenario posible?

Si, es un escenario perfectamente posible como resultado de las dinámicas en las relaciones de poder que explicábamos anteriormente. Si bien es cierto que una parte de las Fuerza Armada Bolivariana es chavista, las razones para una decisión de este tipo suelen ser más pragmáticas que ideológicas, y tiene que ver con las consecuencias que para éstos podría tener un cambio de régimen. En la actualidad, dada la dependencia del gobierno de la Fuerza Armada, gobierno y sector militar se confunden en uno solo, lo cual hace que un cambio de régimen sea muy costoso para el sector militar en términos no solo de control del poder político, sino de cara a las posibles consecuencias que podrían generarse por la aplicación de una justicia transicional que tendrá que lidiar con casos de violación de derechos humanos, corrupción, abuso de poder, etc. Si no existe un proceso de negociación entre estos actores clave y la oposición, que reduzca los potenciales costos de perder el control del gobierno, la decisión más probable será la de mantenerlo por la fuerza a través de la represión, tal como lo estamos viendo hoy en día.

Ahora bien, y nos imaginamos que éste es el escenario al que más le teme Mujica: si la estabilización del gobierno pasa por la salida de Maduro, ante un escenario en el que no existe un candidato entre quienes hoy detentan el poder capaz de ganar una nueva elección, el resultado podría ser, como ha sucedido en algunos países bajo circunstancias similares (Egipto es el caso más reciente), el de un golpe de estado que permita mantener en el poder al menos a una parte significativa de los actuales actores e impida un verdadero cambio de régimen (transición).

A modo de conclusión: Diálogo y protesta no son estrategias opuestas y excluyentes sino necesariamente complementarias para lograr una transición

Venezuela vive hoy en medio de un escenario de una gran inestabilidad en donde si bien existen condiciones para una transición democrática, también están presentes otras que han ido involucionando hacia una mayor autocratización. Hoy en día está claro que, ante las crecientes tensiones políticas, resultado de la crisis económica y social que erosiona la legitimidad del gobierno y con ello la gobernabilidad del sistema político, la respuesta no será la apertura hacia una transición negociada porque, simplemente, quienes comparten el poder no tiene razones para negociar cuando aún el ejercicio de la represión tiene un bajo costo, tal como lo han  demostrado la prisión de López, Ceballos y Ledezma, entre muchos otros, la muerte de varios jóvenes, y ahora el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado Borges.

Como hemos dicho en muchas oportunidades anteriormente, en escenarios en donde los costos de salida son altos para el gobierno y los costos de mantener el poder por la fuerza son bajos, las transiciones pacíficas y negociadas no son posibles. La generación de condiciones para una transición pasa, necesariamente, por el cambio en la relación entre los costos de tolerancia y represión. Los costos de tolerancia se modifican a través de procesos de negociación entre gobierno y oposición que garantizan la convivencia futura entre quienes mantienen posturas políticas antagónicas, pero tales negociaciones son ociosas mientras la represión sea para el gobierno una opción para mantener el poder. El éxito de un diálogo orientado a generar las condiciones para una transición implica la neutralización previa de la capacidad para reprimir o la elevación significativa de los costos de represión para el gobierno, lo cual no tiene ningún valor si el gobierno puede mantener la gobernabilidad sin necesidad de reprimir o si al hacerlo no existe reacción de parte de la oposición que eleve los costos de su ejercicio represivo. Elevar los costos de la represión pasa porque el gobierno tenga la necesidad de reprimir y ante la represión tenga respuestas que generen costos elevados a su ejercicio, que pueden expresarse en repudio, pérdida de legitimidad, y en el retiro de apoyos tanto nacionales como internacionales.

Pero al igual que decimos que en un escenario de costos de represión bajos, la negociación es un ejercicio ocioso, en un escenario de costos de represión elevados para el gobierno, la negociación es imprescindible para reducir los costos de tolerancia o salida de quien comparten el poder, o sostienen al gobierno, y generar las condiciones necesarias para una transición democrática pacífica, como la que busca el liderazgo opositor. En tal sentido, es que decimos que diálogo y protesta, voto y movilización, no son tesis opuestas y excluyentes, sino necesariamente complementarias. Lamentablemente algunos actores de oposición, bien por intereses propios o por ignorancia, han persistido en el discurso de presentar el voto y la movilización como estrategias opuestas y excluyentes, lo que solo ha generado fracturas y divisiones entre la oposición que solo contribuyen al debilitamiento de la unidad.

Lamentablemente, la necesidad de explicar las declaraciones de Pepe Mujica nos han desviado de lo que habíamos anunciado para esta entrega, analizar el valor de las elecciones legislativas para resolver el problema político. Trataremos de retomar la deuda pendiente en una próxima entrega.

^[1] Experto en Teoría de Juegos y Premio Nobel de Economía 2005.