Juan Manuel Trak  / 26 de marzo de  2015

Al día de hoy, 26 de marzo de 2015, el Consejo Nacional Electoral no ha convocado a las elecciones parlamentarias en las que elegiremos los diputados a la Asamblea Nacional para el período 2016-2020. La falta de un anuncio formal en medio de un clima de crisis política e institucional genera altos niveles de incertidumbre sobre el rumbo que tomará el país en los próximos meses. Lamentablemente la institución que se supone debe actuar como árbitro imparcial nuevamente juega a favor del partido de gobierno, parece estar calculando cuando le es más conveniente al PSUV medirse. Sin embargo, esa espera puede ser prolongada pues la gente resiente la falta de políticas económicas que resuelvan la precaria situación en la que vive el país, por lo que los números del partido de gobierno no pareciera que fuesen a mejorar en el corto o mediano plazo.

Es este escenario, convocar elecciones es una amenaza para la estabilidad de la revolución. Fallecido el Presidente Chávez, el gobierno no tiene fuerza propia para movilizar masivamente al electorado en su favor, tampoco va a ser suficiente inducir la abstención en los electores opositores, aunque eso no significa que no lo intentarán. De modo que, ante el fracaso del Socialismo del siglo XXI, ganar las elecciones en condiciones medianamente normales es misión imposible. Lo anterior permite suponer que desde el alto gobierno se está diseñando una estrategia alternativa que permita mantener el control del poder legislativo. La Ley Habilitante otorgada a Nicolás Maduro con motivo de la supuesta guerra contra Estados Unidos le abre la oportunidad de realizar modificaciones importantes en el sistema electoral. Es posible que exista la intención de materializar una Asamblea Nacional en la que la representación esté mediada por las Comunas, instancias que responden a la Presidencia de la República. Una Asamblea de esta naturaleza daría al traste con todo principio republicano, desaparece la idea de la elección directa de los representantes del poder legislativo para pasar a una elección en la que unos miembros de unas comunas elegirían a los miembros del parlamento.

¿Ante quién serían responsables estos representantes? ¿Los intereses de quiénes defenderían en la Asamblea Nacional? Lo cierto es que serían marionetas del PSUV, meros mandaderos que no velarían por las demandas de los ciudadanos sino por los intereses de la nueva oligarquía en el poder. Un cambio en la manera como se eligen los diputados en la Asamblea Nacional supondría la exclusión de más de las dos terceras partes del país que no apoya a una élite política que se ha encargado de saquear a la nación. Esperemos que esta tesis no sea cierta, esperemos que se mantenga la estructura de nuestro poder legislativo; que si bien en los últimos cinco años no ha sido muy efectivo (por culpa tanto de los diputados del gobierno como de varios de la oposición), todavía posee una estructura con potencialidad de ser un contrapoder, en caso la oposición sepa aprovechar el momento político que se vive.

Así las cosas, el CNE tiene la responsabilidad de convocar a las elecciones inmediatamente, señalar el diseño de los circuitos electorales y publicar el cronograma de las actividades conducentes a la elección. El silencio que han mantenido hasta el momento contribuye a la incertidumbre y la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades del poder electoral.