Aunque no parezca, el caso de las impugnaciones consignadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aún se mantiene en la palestra pública. Pese a bajar sus decibeles en los últimos días a partir de otras materias informativas que salieron a flote, aún existen dudas sobre el tema como, por ejemplo, el rol del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Para algunos expertos, la tolda oficialista debió acudir primero al Consejo Nacional Electoral (CNE), agotando la vía administrativa. Sin embargo, el partido de Gobierno optó por el TSJ para solicitar medida de suspensión (Amazonas) e impugnación en Aragua, Falcón, Guárico, Yaracuy y región sur, lo cual fue acordado por el máximo tribunal, mientras se decide el fondo de la materia: ¿Hubo o no ilícito en los comicios?

En la teoría, estos recursos afectarían los resultados de diversos circuitos ganados por la oposición, perjudicando la segunda mayoría calificada de dos tercios obtenida por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Para tener todos los elementos que permitan dilucidar el escenario, el TSJ debe, entre otros pasos, pedir información al CNE, organismo que proclamó a los diputados.

Sin embargo, según reseña El Nacional, el Poder Judicial aún no toca la puerta del ente electoral para solicitar los antecedentes administrativos de esos comicios, primer requisito para evaluar la veracidad de las impugnaciones.

Desde la Ley Orgánica del máximo tribunal de la nación, en su artículo 184, se fija que la Sala Electoral debe solicitar al CNE los antecedentes administrativos de cada caso y “la remisión de un informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con la demanda que deberán ser remitidos en un plazo máximo de tres días hábiles”.

La versión de la MUD

Desde la óptica del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, el retraso del TSJ en solicitar la colaboración del CNE se debe al riesgo de un choque entre los poderes Electoral y Judicial.

“Si prospera (la impugnación) se desestimaría el criterio del CNE, de sus rectores y de su presidenta que firmó esas proclamaciones. Si eso prospera, se bombardea al sistema electoral y se da un golpe de Estado a la soberanía popular”.

Algo que podría demorar aún más el proceso –y quizá sea la razón por la que no se ha pedido información al CNE– es que la MUD recusó a todos los magistrados de la Sala Electoral el 30 de diciembre.

Extraído de: Contrapunto.