Editorial

Editorial N°167: Decir (toda) la verdad

Foto: OEA

Editorial N°167:

Decir (toda) la verdad

Elvia Gómez

Informa la prensa que el diputado Henry Ramos Allup anunció que la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional desistió de designar a los rectores (paralelos) del Consejo Nacional Electoral, como varios voceros de la coalición habían ofrecido. La nota indica que el expresidente del Parlamento señaló que “buscan evitar que se repita el episodio que se vivió con la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”.

De los 33 magistrados que la AN designó, en un acto en la plaza Alfredo Sadel el 21 de julio pasado, el magistrado Ángel Zerpa está preso en el SEBIN, sufriendo un deterioro grave de su salud tras un mes en huelga de hambre, según denunciaron sus familiares. “De los otros 32 (magistrados), dos ‘fueron obligados a renunciar’; dos están en la clandestinidad; uno en una embajada no revelada; otro en Chile; tres en la embajada de Panamá en Caracas; uno en la embajada de México en Caracas; cinco en la embajada de Chile en Venezuela; seis en Colombia y diez en Estados Unidos, indicó el magistrado Miguel Ángel Martín, sin precisar información sobre el restante”, citó un cable de la agencia española EFE, el jueves 24, como parte de la reseña del encuentro sostenido por un grupo de estos juristas con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en Washington.

Fueron 159 los venezolanos que se presentaron al Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional para optar por las 33 plazas. Es de suponer que los movió la convicción de que en el país se produciría un cambio que justificara semejante riesgo y sacrificio personal, dadas las condiciones reinantes ya para el momento: un Parlamento “en desacato”, violentado y asediado, una dirigencia acosada por las amenazas de cárcel y unos cuerpos de “seguridad” del Estado causando muertes y heridas graves a centenares de ciudadanos, todo ante la pasividad del Alto Mando Militar de la FANB, al que se le ha pedido hasta el hartazgo que haga valer su juramento constitucional.

La orden de los que detentan el poder no tardó en llegar y la Sala Constitucional del TSJ en ejercicio, mandó “ejecutar las acciones de coerción pertinentes”, “morales o físicas” con el apoyo de la “justicia militar” contra los magistrados designados por la Asamblea Nacional. De allí el descorazonador panorama mencionado en la OEA, que ha puesto la vida de 30 defensores de derechos humanos, docentes y académicos entre signos de interrogación. A esto se suma la huida del país de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, junto a su esposo, el diputado Germán Ferrer, ahora en situación de refugiados políticos en Colombia.

Ha pasado más de un mes desde el plebiscito del 16 de julio, y la tercera pregunta contenida en una consulta que movió a más de 7,5 millones de personas sigue siendo promesa: “¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?”. Esa oferta era incumplible dado el cuadro imperante para el momento de la consulta soberana y la ilusión creada con su posible materialización generó frustración y desconcierto, una vez comprobado que la ejemplarizante demostración de civismo y voluntad democrática de los venezolanos no hizo mella en el núcleo de poder asentado en Miraflores.

Ya desde mediados de 2016, el Ejecutivo Nacional suspendió, sin mediar orden judicial, el pago del sueldo de los diputados, luego vinieron las más de 50 sentencias del TSJ desconociendo sus facultades. La sede del Poder Legislativo sufrió cortes intermitentes de electricidad y agua, a lo que se sumó la suspensión del servicio de Internet en 2017. El presupuesto ordinario de gastos del Poder Legislativo fue amputado en 70% por el Gobierno que, además, presionó a aerolíneas privadas para que no vendieran boletos a los diputados. Las sesiones se redujeron a una vez a la semana para ahorrar los gastos en pernoctas y movilizaciones a los legisladores que vienen del interior del país. Lo más reciente fueron las agresiones amparadas, permitidas y perpetradas por la Guardia Nacional Bolivariana contra los diputados, al punto de decidir cuándo y quiénes entran al Palacio Federal. Esto, tras facilitar la entrada a una banda de criminales que propinó golpizas a parlamentarios y trabajadores el 5 de julio.

Más recientemente, la Constituyente se apropió por la fuerza de parte de los espacios del Palacio Federal Legislativo. La GNB, en vez de custodio de los verdaderos representantes del pueblo, como le manda la ley, es el cancerbero de los usurpadores de la soberanía popular. Aun así, muchísimas personas continúan demandando a los diputados que “destituyan”, “aprueben”, “sancionen” y les acusan, injustamente, de negarse a hacerlo, cuando sus deseos no se materializan. Y es que todas esas exigencias están muy lejos de lo posible, mientras el Gobierno mantenga el poder y haga uso de la fuerza criminal, como lo ha venido haciendo, lo que le ha ganado la condena de los organismos internacionales, gobiernos y parlamentos del mundo.

Entonces, queda claro que la lucha por la restitución de la democracia es desigual y muy cuesta arriba. El anuncio hecho por Ramos Allup de que la AN desistió (de la fantasía) de designar rectores (paralelos) del CNE es la aceptación pública de la realidad, y ojalá sea también el cese del discurso voluntarista: “El revocatorio sí va”, “Llegó la hora cero” o “la Constituyente no va”, fueron todos lemas estrellados contra la realidad.

Dijo en los espacios de PolitiKa UCAB días atrás el profesor Felix Seijas, que sus estudios demoscópicos le indican que la mayoría de los venezolanos están dispuesto a seguir a dirigentes que, aunque les digan que la lucha por la democratización del país es todavía larga y dura, les despejen la incertidumbre.

Las consignas cargadas de aspiraciones y valores éticos son, sin duda, ideas que deben dar significado a la lucha inacabada, pero si de algo deben tomar conciencia los dirigentes de la Unidad Democrática es de la urgencia de revisar su discurso y hablarle, no a un conglomerado infantilizado al que se le edulcora lo malo con frases hechas, sino a un país que está en el umbral de un punto de inflexión de difícil retorno. Es momento de decir toda la verdad.

@ElviaGomezR

25 de agosto de 2017

2 replies »

  1. TOTALMENTE DE ACUERDO.: EL PRIMER DEBER DE LOS DIRIGENTES ES DECIR LA VERDAD A LOS CIUDADANOS, AUN A COSTA DE SER IMPOPULARES. SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE DECLINAR EN LA LUCHA. TAMPOCO DEJARSE CHANTAJEAR POR LOS RADICALES QUE QUIEREN SACAR A MADURO COMO SEA, SIN MIRAR EN SACRIFICIO DE VIDAS Y NO RECONOCER QUE TODA SALIDA REQUIERE UNA NEGOCIACION. AUN EN LAS GUERRAS MAS CRUENTAS EL ENEMIGO DERROTADO CAPITULA Y HAY UN PROCESO DE ENTREGA QUE IMPLICA COMPONENTES POLITICOS, DE PODER, JUDICIALES Y HUMANITARIOS!!! LOS DIRIGENTES DEBEN MADURAR Y ENFRENTAR CON REALISMO Y VALOR SUS RESPONSABILIDADES.

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