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El debate estéril: Abstencionistas vs. Participacionistas

Foto: EFE

Juan Manuel Trak

20 de octubre de 2017

El debate sobre las razones por las cuales los resultados de la elección han sido los que supuestamente son ha pasado del fraude numérico a la discusión sobre la naturaleza de la abstención. Mientras que los militantes de la abstención buscan levantar una bandera de victoria frente a la MUD, algunos defensores de la coalición opositora acusan a los primeros de la baja participación en supuestos bastiones de la oposición.  Y mientras la energía y el debate público en el seno de la población opositora (pro MUD o no) se reduce a acusaciones recíprocas sin sentido, la realidad es que el Gobierno y el CNE han declarado al voto como su enemigo público número 1, tal como vimos el 15 de octubre.

En el afán de destruir la confianza en uno de los elementos más importante de la cultura política de los venezolanos, el Gobierno y su CNE han desarrollado una estrategia de guerra de guerrillas contra el voto cuyo resultado opera tanto a nivel procedimental, físico y psicológico.

Desde el punto de vista procedimental, las malas prácticas del CNE se iniciaron el día mismo en que el ente no convocó la elección para diciembre de 2016, momento en el cual el mandato de los gobernadores culminaba. Así, el CNE manipuló el calendario electoral a los fines de retrasar la celebración de la elección, evitando el efecto de “caballo ganador” que muy posiblemente se hubiese dado luego de su derrota en la elección de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Pero esta manipulación del calendario se agravó en el momento en que, una vez convocada las elecciones para el 10 de diciembre de 2017, las mismas fueron adelantadas por el CNE por “mandato” de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Esto supuso una reorganización del cronograma electoral en el que procesos como la sustitución de candidatos, selección, notificación y formación de miembros de mesa y la propia campaña electoral sufrieron modificaciones abruptas. Recuérdese que, para el 11 de septiembre de 2017, todavía no se tenía claro cuál era el día exacto de la elección. En todo caso, la reducción de los lapsos en estos procesos, así como los procesos internos de la MUD para la selección de candidatos, reclutamiento y entrenamiento de testigos de mesas y organización de su estructura electoral, colocaron en desventaja a la coalición opositora.

Foto: EFE

Desde el punto de vista físico, a pocos menos de 48 horas de la elección, el CNE cambió de lugar de votación a más de 715 mil electores. A lo anterior se le añade centros en los que no hubo luz, máquinas que no funcionaron y no fueron sustituidas o pasadas a voto manual, violencia en las adyacencias de los centros de votación, expulsión de testigos de la oposición de algunas mesas. Todos estos hechos constituyen situaciones que condicionan el resultado ex ante, de manera que no es posible cuantificar cuánto de la abstención puede ser atribuido a las barreras físicas impuestas por el Gobierno, cuánto es desafección ciudadana y cuánto es estructural (los que nunca votan o han migrado). Por otra parte, en aquellos lugares donde no había testigos de oposición y/o miembros de mesas independientes del Gobierno, hubo la posibilidad de que se inflara la votación mediante la usurpación de identidad de electores que no asistieron a votar. Así, los niveles de participación reportados por el CNE en diferentes centros de votación, así como los resultados mismos, están condicionados por un conjunto de malas prácticas electorales cuya consecuencia es la imposibilidad de confiar en el resultado emitido por el CNE.

Desde el punto de vista psicológico, muchas de las prácticas anteriores tuvieron como propósito sembrar en el electorado que el voto es incapaz de transformar la realidad. En este sentido, el CNE construye una imagen de parcialidad pro gubernamental con el fin de que no los ciudadanos no confíen en el sistema electoral y por tanto se abstengan de votar. En las elecciones de gobernadores hubo una intensa campaña para construir la percepción de que la elección había sido convocada por la ANC, cuando es realidad era un mandato constitucional no cumplido por el CNE. A esta narrativa se le suma el fraude perpetrado por el CNE al avalar una elección inconstitucional, así como el hecho de haber inflado el nivel de participación en dicha elección. A esa narrativa también se le añadió, con insistencia, que la elección suponía legitimar a la ANC. Así mismo, se repitió sistemáticamente que los gobernadores electos debían juramentarse ante la ANC.

Todo lo anterior se alimentó del descontento y desafección de grupos importantes de la oposición frente a la MUD. Muchos ciudadanos se sintieron defraudados con el desempeño de la coalición opositora durante y luego del ciclo de protestas vividos entre marzo y julio de 2017, los problemas de articulación y comunicación de los partidos de la Mesa de la Unidad, así como la carencia de un liderazgo capaz de convocar a una importante grupo de sus seguidores que decidieron no participar.

Para el final del domingo 15 de octubre la victoria del Gobierno parecía haber sido perfecta. Sin embargo, el Gobierno se topó con Andrés Velásquez en el estado Bolívar, quien se había estado preparando para la elección desde 2015 cuando rechazó ser diputado de la AN para aspirar a la gobernación. A diferencia de otros postulados de la MUD cuyas candidaturas fueron advenedizas –bien por inhabilitación de candidatos naturales o por oportunismo político– Andrés Velásquez tenía un equipo organizado para ganar y defender la elección. De allí que, ante el fracaso de las tácticas de guerrilla que condujeron a la tergiversación del acto de votación en algunos estados del país, el Gobierno se ha visto obligado a perpetuar un fraude cambiando abiertamente los resultados de varias mesas de votación para adjudicar la Gobernación del estado Bolívar al candidato del PSUV. Este fraude constituye la prueba más evidente de que las elecciones en Venezuela no se conducen de manera equitativa, justa y transparente.

Así las cosas, el Gobierno, en su afán totalitario, ha demostrado lo precario del sistema electoral venezolano. Para quienes argumentan que nuestro sistema electoral era bueno porque en 2015 la oposición logró ganar las elecciones parlamentarias, los comicios del 15 de octubre de 2017 son la evidencia de que el Gobierno es incapaz de aceptar un proceso conducido de manera íntegra y justa. La intención de destituir a los gobernadores que no se juramenten ante la ANC es otra muestra más de que las elecciones son instrumentales. Tal como ocurrió con la elección de la AN en 2015, el Gobierno es incapaz de reconocer las consecuencias de las elecciones, a saber: que en democracia el poder es temporal, su ejercicio depende de la voluntad de los electores, y que para ser considerado demócrata el respeto al Estado de Derecho es tan importante como la legitimidad electoral. Así, la diatriba entre “abstencionistas” y “participacionistas” es un debate estéril. La pregunta que me hago es cómo rescatar el voto como instrumento de la ciudadanía para la elección de un sistema político que ofrezca respuestas a las cada vez mayores necesidades de la sociedad. Al día de hoy, el Gobierno ha herido de muerte al valor del voto entre los venezolanos, y su objetivo es eliminarlo para perpetuarse en el poder permanentemente.

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