Destacado

La Asamblea Nacional como bastión republicano

Foto: La Patilla

Carlos Romero Mendoza

07 de febrero de 2018

El 2 de abril de 2014[1] la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), a través del Comunicado Responsables de la Paz y el destino democrático de Venezuela, expresamente advirtió que la principal causa de la grave crisis venezolana estaba en la intención del Ejecutivo Nacional de implementar el Plan de la Patria, pues, a través del mismo, se persigue imponer un modelo sociopolítico que atenta contra la dignidad de las personas y desconoce el orden constitucional vigente.

Nuevamente, el 19 de octubre de 2017[2], a través de otro Comunicado, la Presidencia de la CEV reitera que la intención de imponer un modelo sociopolítico sigue siendo la causa de la grave crisis del país, que se agravó con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que, previamente, la misma Presidencia de la CEV, el 27 de junio de 2017[3], había calificado como una iniciativa innecesaria, inconveniente y dañina para el pueblo venezolano.

La Presidencia de la CEV, también denunció oportunamente no sólo a la ANC como una instancia inconstitucional e ilegítima, sino que, además, alertó que la misma representa un instrumento parcializado y sesgado que con su actuación agravará los problemas y agudizará la crisis política del país.

Recientemente, a través de un nuevo Comunicado de fecha 29 de enero 2018[4], la Presidencia de la CEV exhortó a la comunidad nacional a reflexionar serena y seriamente sobre el significado que la ANC exija al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria anticipada a unas elecciones presidenciales.

Con la ANC el régimen concretó definitivamente un proceso progresivo, sistemático y generalizado de violación al orden democrático y constitucional venezolano. En este sentido, es oportuno recordar que fue el 10 de mayo de 2016 cuando la Asamblea Nacional, electa en diciembre 2015 –primer Parlamento desde el 2000 bajo el poder de la oposición democrática– denunció expresamente en un Acuerdo[5] la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, materializado en las violaciones de la Constitución por parte del Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Ese mismo año, la Asamblea Nacional, mediante otro Acuerdo[6] de fecha 13 de octubre,  declaró de manera expresa y formal el desconocimiento a la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen los valores, principios y garantías democráticas, y lesionen los derechos fundamentales, inspirados en el artículo 7 y 333 de la Constitución vigente.

Unos días después, los hechos políticos llevaron a la Asamblea Nacional, mediante un nuevo Acuerdo de fecha el 23 de octubre 2016[7], a declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado continuado, cometido contra la Constitución y el pueblo.

Para el 18 de abril de 2017[8], la Asamblea Nacional, mediante un nuevo Acuerdo decidió denunciar ante la comunidad nacional e internacional la continuación y agravamiento del golpe de Estado perpetrado por Nicolás Maduro y los órganos judiciales, militares y de seguridad puestos a su servicio.

Ante la grave situación del país, el “bastión republicano de la soberanía popular”, como se autocalificó la Asamblea Nacional –en el Acuerdo de octubre de 2016 ya citado–, hizo un llamado formal a la sociedad civil venezolana para la conformación de un movimiento nacional de defensa de la Constitución, de la democracia y del voto.

Previamente, la Asamblea Nacional, en su Acuerdo del 5 de abril 2017[9], había exhortado a los venezolanos a mantenerse movilizados y en protesta permanente, junto a sus representantes, conforme al artículo 333 de la Constitución y hasta la recuperación del orden constitucional y la democracia. Por su parte, la Presidencia de la CEV, también en su momento, exhortó a los ciudadanos a no ser pasivos y menos aún conformistas.

Foto: AFP / JUAN BARRETO

La Asamblea Nacional, como institución política que ostenta una indiscutible legitimidad de origen tiene un rol fundamental en el llamado que recientemente, el 28 de enero 2018, hizo la Presidencia de la CEV a todos los dirigentes políticos para buscar el consenso con los diferentes sectores de la sociedad, a los fines de reconocerse y lograr la unidad política, que como bien lo dice el Comunicado,  va mucho más allá de las alianzas electorales.  En esa tarea el compromiso unitario de gobernabilidad pareciera ser una pieza útil y básica.

Es importante insistir y no olvidar que ese bastión republicano de la soberanía popular llamado Asamblea Nacional, es la única institución legítima que sobrevive y se resiste al golpe de Estado continuado y, en tal sentido, tiene una gran responsabilidad ética y moral, principalmente con las generaciones futuras, de reivindicar su naturaleza política a través de un proceso formal de inclusión ciudadana en un debate político sobre los temas de interés nacional, en procura de identificar los grandes consensos nacionales sobre los cuales proponer un gran Acuerdo político nacional para la restauración de la Unidad y la transición en Venezuela.

En ese sentido, resulta necesario citar y recordarle a la dirigencia política y a la sociedad civil en general que el 25 de octubre de 2016, la Asamblea Nacional, mediante un Acuerdo, decidió declararse en “sesión permanente de consulta popular, por medio de  la plenaria de la Asamblea Nacional y de sus Comisiones permanentes, en la sede del Parlamento y en las comunidades, para determinar junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos, movilizaciones y diversas formas de deliberación y manifestación pública las decisiones posteriores que deben adoptarse ante la ruptura constitucional, impulsada por el Presidente de la República.

Cuando se plantea la necesidad de crear consensos y la Asamblea Nacional se declara en sesión permanente pareciera que facilita el desarrollo de un proceso político de movilización nacional para que, junto a los diputados como facilitadores del mismo, se puedan identificar los grandes consensos, conformar ese movimiento cívico nacional a que se comprometieron en el 2016 y lograr construir un gran acuerdo político nacional que se presente como la ruta unitaria, viable y constitucional para el rescate del orden constitucional y democrático y sirva de alternativa democrática frente al nuevo Plan de la Patria que propone el régimen.

@Carome31

[5] Asamblea Nacional. Acuerdo exhortando al cumplimiento de la Constitución y sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Conejo Nacional Electoral para la preservación de la paz y ante el cambio democrático en Venezuela

[6] Idem. Acuerdo sobre el rescate de la democracia y la Constitución. 13 de octubre de 2016

[7] Idem. Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela.  23 de octubre 2016.

[8] Idem. Acuerdo en rechazo a la ejecución continuada del golpe d eestado y en condena a la rpresión, persecución, torturas y otras violaciones a los derehcos humanos de la población. 18 de julio 2017.

[9] Idem. Acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y a la permanencia de la situación de golpe de estado en Vnezuela. 5 de abril 2017.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s