Foto: Tal Cual

Marcos Tarre Briceño

04 de abril de 2018

“En algún momento, quizás desde su origen, pero ciertamente hace mucho tiempo, los actuales gobernantes de Venezuela dejaron de constituir una “organización política” y se convirtieron en un grupo de “crimen organizado”.

Carlos Sánchez Berzaín[1]

El proceso de autocratización acelerada que ha sufrido Venezuela desde el año 2013 –con bases que se originan desde los primeros años de ejercicio del poder del fallecido presidente Hugo Chávez Frías– no consiste solamente en un proceso limitado a lo político, sino que también ha devenido en un sistema en el que el uso del crimen organizado ha dejado de ser instrumental para convertirse en estructural.

La relación del crimen organizado con las estructuras de gobierno es un problema bastante generalizado en nuestro continente, pero en Venezuela ha adquirido características especiales. Vale la pena mencionar algunas líneas del libro “La política en la violencia y lo político de la seguridad”, publicado por FLACSO Ecuador en diciembre de 2017, presentado por Fernando Carrión M. El texto dice en su introducción:

“América Latina se caracteriza por la coexistencia de tres hechos extremos, únicos a nivel mundial: es el continente más urbanizado (ONU-Habitat 2012), más desigual (CEPAL) y más violento del mundo (UNODC 2015). El 82 por ciento de la población vive en ciudades, esto es más de 500 millones de personas, y cerca del 25 por ciento de los habitantes de las ciudades son pobres. El 20 por ciento de la población más rica tiene, en promedio un ingreso casi veinte veces superior al 20 por ciento más pobre (ONU Habitat 2012). La tasa de homicidios de la región cuadruplica al promedio mundial (OMS 2014) y lo más preocupante, que en estos últimos años la tasa de homicidios se duplicó: pasó de 12 por cien mil en 1990 a 24,6 en 2012 (PNUD). …Es imprescindible abrir el debate de un tema de crucial importancia en el ámbito de la (in)seguridad ciudadana: las relaciones dialécticas entre violencia y política, expresadas en el hecho de que la violencia ha producido –implícita y explícitamente– vínculos con la política y de que en la búsqueda de la seguridad ciudadana también está presente con fuerza, lo cual muestra que la violencia es un elemento fundamental en la construcción y el ejercicio del poder. …El poder político de la violencia se origina y constituye en la necesidad no solo de penetrar y asaltar el mercado, sino también el Estado y la sociedad; no para transformarlos sino para someterlos a sus reglas y a sus necesidades”.

Definir lo que es “Delincuencia Organizada” no ha sido una tarea fácil a lo largo del tiempo, debido a todos los matices y modalidades que pueda tener, así como por su propia evolución criminal y adaptación tanto a debilidades locales como de la globalidad. Algunos países han hecho esfuerzos legislativos y operativos para combatirla, como Italia o los Estados Unidos. Es sólo en fechas bastantes recientes cuando los organismos internacionales han instrumentado acuerdos sobre esa materia, como los tratados de Naciones Unidas de la Convención de Palermo en el año 2000, ratificados por la mayoría de las naciones. Por su parte, la Unión Europea ha propuesto un esquema sencillo que le permite diferenciar crímenes y determinar cuándo se trata de Delincuencia Organizada para que los cuerpos especializados puedan encargarse de los casos.

El ministerio del Interior del gobierno de España, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, en documento del 2 de noviembre de 2010, establece lo que es el crimen organizado o cuáles son sus características:

• Colaboración de más de dos personas
• Actuación prolongada en el tiempo
• Comisión de delitos graves
• Búsqueda de beneficios o de poder

Y al menos dos de los siguientes indicadores:

• Reparto específico de tareas
• Uso de algún tipo de control interno
• Extensión al ámbito internacional
• Uso de violencia
• Blanqueo de capitales
• Uso de estructuras económicas o comerciales
• Corrupción de autoridades públicas o empresas

Por su parte, en Venezuela, la modificación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.912 del 30 de abril de 2012, intenta ser aún más específica:

“Delincuencia organizada: la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de cualquier otro producto del saber científico aplicado para aumentar o potenciar la capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal, con la intención de cometer los delitos previstos en esta ley.”

Foto: Reuters

Sin embargo, una cosa es lo que dicen los tratados internacionales,  las leyes o lo que está en la Constitución y otra muy distinta lo que ocurre en la práctica. La ausencia del cumplimiento de la ley, así como decisiones tomadas por el Gobierno a partir de 1999, fueron abriendo las puertas a los niveles de criminalidad que actualmente sufre el país. Desde el inicio de la primera presidencia de Hugo Chávez comenzaron a cambiar drásticamente muchos de los procedimientos y políticas de seguridad ciudadana. Quizás, una de las primeras modificaciones importantes, fue la intervención del Estado como “negociador” en los casos de secuestros cometidos por la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Luego seguirían la desestructuración, intervención y ahorcamiento financiero de cuerpos policiales que dependían de alcaldes o gobernadores opositores y la sustitución de funcionarios profesionales y experimentados que no demostraran lealtad al régimen, el cese de la cooperación internacional en materia de narcotráfico, la permisividad frente a  la existencia de grupos armados nacionales e internacionales proficialistas en el territorio nacional, la pasividad oficial frente al incremento del narcotráfico proveniente de Colombia y con salida hacia los Estados Unidos o Europa desde el territorio nacional, permitir que las mafias carcelarias o “pranes” se apoderaran del sistema carcelario y lo convirtieran en una lucrativa industria criminal, así como la permanente ausencia de investigación de los organismos competentes frente a la corrupción.

Para el año 1999 se conocían y operaban en Venezuela 14 modalidades de delincuencia organizada: corrupción selectiva, legitimación de capitales, tráfico de drogas, extorsión, secuestro, tráfico de armas, robo y hurto de vehículos, sicariato, delitos informáticos, estafas, tráfico de personas, contrabando, comercio ilícito y extracción ilegal de minerales. Ninguna de esas modalidades fueron seriamente combatidas o eliminadas. Al contrario, todas se fortalecieron y expandieron sus operaciones criminales, pero en los años siguientes fueron apareciendo 17 nuevas modalidades de crimen organizado en el país: corrupción generalizada, ilícitos cometidos al amparo del mercado cambiario, las mafias carcelarias, el robo y reciclaje de teléfonos celulares, el contrabando de gasolina, los ilícitos con los productos regulados, las mafias en los sindicatos de la construcción, el secuestro virtual, la extorsión para la recuperación de vehículos, los colectivos armados, las bandas armadas motorizadas, el tráfico de madera, las megabandas y, más recientemente, el abigeato industrializado, la piratería, el juego ilegal y la extracción de papel moneda. En términos muy generales, las modalidades de delincuencia organizadas que operan en Venezuela aumentaron en un 221,5% desde 1999 hasta el presente.

En ausencia de estadísticas oficiales, prohibida su divulgación en Venezuela, algunas organizaciones y centros de investigación han buscado la manera de subsanar ese vacío. El Observatorio de Delito Organizado que maneja la Organización No Gubernamental Paz Activa, en el Informe anual correspondiente al 2017, realizado con base en informaciones de la prensa nacional, señala que, producto del análisis hemerográfico realizado durante el año 2017, se registró un incremento del 85,2% en relación con el año anterior.

Por otra parte, se ha podido estimar que en el 75% de las 31 modalidades de Delincuencia Organizada que se observan en Venezuela, la corrupción es fundamental para su funcionamiento. Y en el 77,5% de ellas participan o son cómplices funcionarios. La corrupción es la gran facilitadora para la generación y fortalecimiento del crimen organizado. Estas organizaciones comienzan a ser identificadas, muchos de sus integrantes han sido mencionados en las sanciones internacionales aplicadas por los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Panamá y Suiza así como en diferentes procedimientos judiciales abiertos en varios países, sin que hasta el momento se hayan presentado argumentos o respuestas ante las acusaciones formuladas.

@marcostarre

El autor es arquitecto, Doctor en Ciencias Políticas y experto en Inseguridad. Coautor de los libros “Estado delincuente” y “El gran saqueo”, sobre cómo opera la delincuencia organizada en Venezuela.

[1] Investigador, escritor y político boliviano, director del Interamerican Institute for Democracy. Frase extraída de su artículo “Dictadura en Venezuela: de la política a la delincuencia organizada” publicado el13 de agosto de 2017 en el Diario de Las Américas.