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El declive y la debilidad institucional

Foto: REUTERS

Eglé  Iturbe de Blanco

24 de Septiembre de 2019

Venezuela entró al Siglo XXI bajo signos de cambio y con la promesa de rectificar los errores del pasado, entre ellos, desterrar  la corrupción, mejorar la inclusión social  y convertir al país en una  potencia energética mundial. Los resultados, 20 años después, muestran un país con la mayor corrupción de toda la historia, crisis económica y social de gran magnitud  y la perdida de posicionamiento en el mercado energético mundial.

El camino trascurrido entre 1999 y 2019 estuvo marcado por signos positivos y altamente favorables: el mayor ingreso petrolero de toda la vida republicana del país (Un mil millones de dólares), un gobierno con gran arraigo popular  (Entre 60 a 40% de aceptación popular para el 2010 dependiendo de la empresa encuestadora), alto reconocimiento internacional, hecho que permitió que el fallecido presidente Hugo Chávez Frías recorriera varias veces el mundo entero con el objeto de transmitir sus ideales revolucionarios.

En los primeros años del gobierno de Hugo Chávez se mejoraron sustantivamente los niveles de pobreza de las clases populares (de 48,9% en 1998 a 33,1% en 2015, según datos suministrados por el INE), pero esta  ilusión de bienestar duró poco, para el año 2018 ya se habían vuelto a alcanzar los niveles de pobreza de 1998, tanto que de acuerdo a la encuesta Encovi 48,0% de la población había retrocedido nuevamente a niveles de pobreza preocupantes.

Los minuciosos estudios realizados por las tres universidades más prestigiosas del país demuestran que este fenómeno se debió a las erradas políticas económicas y sociales, al desmantelamiento de la estructura institucional del país y el despilfarro de los recursos petroleros, así como a  la corrupción desmedida, indicadores que  hicieron el milagro de convertir un país rico de ingreso medio en uno de los países más pobres del continente, dejando de ocupar el cuarto lugar en tamaño de la economía de los países latinoamericanos para pasar al décimo lugar en el 2019. La situación es de tal magnitud que hoy Venezuela forma parte de los 41 países que según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (por sus siglas en inglés FAO) necesita ayuda humanitaria urgente. Cabe destacar que solo dos países de la región aparecen reflejados en ese informe: Haití y Venezuela.

No solo se ha reducido el tamaño del PIB, también se ha reducido el número de habitantes del país, porque se estima que la diáspora de los venezolanos en búsqueda de alimentos, medicinas y condiciones dignas de vida en los últimos años, alcanza más de cuatro millones de personas, la mayoría en edades productivas.

La desinstitucionalización del país es evidente, el comportamiento actual de la administración pública es muy particular porque es ineficiente y desprofesionalizada. El fallecido presidente Hugo Chávez recibió en 1999, al asumir su mandato, 16 ministerios y al término de su administración, en el año 2013, dejó un total de 28 despachos ministeriales con o sin cartera. El empleo público no llegaba al millón de personas en el año de referencia, pero se duplicó para el 2012 y se ha triplicado para el 2019.

El crecimiento del tamaño del Estado no solo se ha dado en los ministerios;  también ha crecido desmedidamente gracias a la creación de organismos ineficientes, Misiones y Grandes Misiones que ofrecen dádivas a la población, además, la política de expropiaciones que condujo a la  reducción de la actividad productiva privada ha puesto en manos del Estado siete veces más empresas que las que habían en el año 1999. Las empresas adjudicadas al Estado, a través de diferentes mecanismos, no han sostenido ni incrementado la producción, por el contrario, una parte importante de estos centros de producción hoy se encuentran paralizados, cerrados o desmantelados, contribuyendo así al desabastecimiento que hoy caracteriza al mercado venezolano.

El sector petrolero ha sido quizá el más destruido de todos, tanto que las consecuencias de este declive han afectado seriamente la calidad de vida de los venezolanos, por la reducción de su producción, el desmantelamiento de la capacidad gerencial de PDVSA, el despido masivo, en el año 2002, del grueso de sus técnicos y planta gerencial, el abandono del mantenimiento de las instalaciones, el cambio de criterio en la participación de los capitales extranjeros a través de las empresas mixtas, así como el abandono de la política de apertura petrolera. A todo este terrible escenario se unió la moderación de los precios en los últimos dos años. En paralelo, el empleo en la industria petrolera se multiplicó por cuatro, mientras los ingresos fiscales se derrumbaban luego del auge alcanzado en los años  2004-2012.

El sector agrícola ha sufrido la confiscación de buena parte de las fincas y empresas productivas. La Ley de Tierras de  Noviembre del 2001  inició este proceso y la expropiación de empresas como  “Agroisleña”, en el año 2016 (ahora Agropatria) afectó el  crédito  y el suministro de insumos, semillas y productos químicos a los agricultores. En paralelo, no existe una visión integral del sector, cinco  ministerios  y varias  corporaciones y conglomerados, actúan sobre el mismo, con criterios independientes y poca coordinación.

El país requiere volver a tener una visión integral de sus políticas públicas y fortalecer y estabilizar su institucionalidad  para poder superar el declive de la actividad económica del país y lograr la mejora de los indicadores sociales, apoyándose en la restitución de la democracia y en los recursos y valores humanos con que se cuenta, lo cual favorecerá el cambio de modelo económico y la re-institucionalidad en todos los sectores a fin de garantizar un crecimiento estable, en paz y la libertad para todos los ciudadanos.

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