Elsa Cardozo

En sus dos declaraciones más recientes el Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima coincidieron en que, para resumirlo en los términos del primero: “Los costos para la población de la continua erosión de la democracia y el estado de derecho, la represión política, las violaciones de los derechos humanos y las malas condiciones de vida, así como el impacto sin precedentes en la región, son insostenibles”. 

Sigue siendo necesario denunciar por todos los medios posibles que la situación que viven los venezolanos es cada día más espantosa, sea cual sea el ángulo desde el que se la considere, a la vez que hace falta advertir, dentro y fuera de Venezuela, que su continuidad, pretendida por el oficialismo, no es una opción.  Así lo han estado señalando también con creciente insistencia y lo han reiterado en tiempos recientes altos cargos e instancias de las Naciones Unidas, como en julio y septiembre la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en septiembre la Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre el envío de una Misión Independiente a Venezuela y en noviembre el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia; la Unión Europea a fines de octubre en la Declaración inicial de la Alta Representante, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Director General de la Organización Internacional para las Migraciones y luego en la Declaración Conjunta de la Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la Crisis de Refugiados y Migrantes de Venezuela; entre países americanos, la Resolución del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano y Asistencia Recíproca aprobada en septiembre, así como,  en noviembre, la Declaración Final del quinto encuentro del Proceso de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región. 

Todas estas declaraciones y compromisos ilustran lo que internacionalmente se considera insostenible, pero quizá convenga recomenzar por las definiciones: insostenible es lo que no se puede mantener en pie; también lo que no se puede defender con razones.

En cuanto a la primera acepción, el diagnóstico viene acompañado por el anuncio de iniciativas -no siempre materializadas- ante lo que aprisiona y sofoca, aísla y exilia a los venezolanos, con un efecto expansivo para el que no hay contención fronteriza que valga. Pero lo insostenible se sigue sosteniendo, y pasar de las palabras que denuncian y anuncian a la coordinación y complementación internacional efectiva de iniciativas políticas y humanitarias, nacionales e internacionales es una faena aún incompleta que sigue siendo muy necesaria, aunque ciertamente no suficiente: entendido que el empeño mayor y crucial es el de los venezolanos con su voluntad de organización y movilización confirmada el pasado 16 de noviembre, y sin negar ni dejar de agradecer lo que hasta ahora se ha dicho y hecho internacionalmente para apoyarlos.

El Grupo de Lima -con sus doce o catorce participantes, ya alejado México y según se sumen o no Guyana y Santa Lucía- y el Grupo Internacional de Contacto  -con sus ocho miembros Europeos y cinco latinoamericanos, dos de ellos parte del Grupo de Lima (Costa Rica y Panamá), con uno (Ecuador) recientemente cercano y otro en veremos (Bolivia)- no solo han coincidido en que el statu quo es insostenible y en las razones de esa insostenibilidad: humanas, de principios y de seguridad. En realidad no es difícil constatar que no se refieren tanto a lo insostenible en cuanto a su posibilidad de mantenerse en el tiempo y empeorar: remiten ineludiblemente a lo inaceptable -también por razones humanas, de principios y de seguridad- y a las iniciativas que deben continuarse o emprenderse para contribuir tanto a aliviar las consecuencias de la emergencia humanitaria dentro y fuera de Venezuela, como a alcanzar una solución política, pacífica, democrática, y liderada por los propios venezolanos. Y en esto conviene evitar la competencia y mucho más la sustitución de lo uno por lo otro respondiendo humana y políticamente una pregunta: ¿qué puede hacer sostenible la situación venezolana, con cuáles efectos y consecuencias, para quiénes? De la respuesta dependerán la franqueza y la eficiencia del compromiso ante lo inaceptable. 

En ese compromiso es particularmente importante -sin disminuir el apoyo de Estados Unidos-  la confluencia entre Latinoamérica y Europa en los vínculos que deberías cultivarse y mantenerse en el acercamiento entre el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto. Así ha quedado enunciado de modo general en sus acuerdos conjuntos de junio y septiembre y, especialmente, en lo mucho que hay en común en las posiciones trazadas por cada uno a comienzos de noviembre. En sus ya citadas declaraciones expusieron tres conjuntos de tareas en la que los solapamientos entre sus miembros y agendas pueden contribuir a fortalecer las medidas de presión y persuasión indispensables para actuar ante lo inaceptable. Expresadas en las palabras de uno u otro grupo, las coincidencias son fundamentales: precisan que solo una negociación con el respaldo de la legítima Asamblea Nacional -y no en la mal llamada “Mesa Nacional de Diálogo”- puede “conducir a unas elecciones presidenciales creíbles con observación internacional, reinstitucionalización de los poderes públicos y garantías que permitan la coexistencia política puede aportar una solución duradera” (GIC); ofrecen hacer un “esfuerzo concentrado y coordenado junto a países de otras regiones para exponer y denunciar la situación producida por el régimen ilegítimo de Maduro con miras a obtener su cooperación para una transición democrática” (GL),  lo que se expresa también como exhortación “a los gobiernos que apoyan al régimen ilegítimo de Venezuela a favorecer la transición democrática” (GL); también coinciden en la urgencia de la atención a la emergencia humanitaria, dentro y fuera de Venezuela, y en el apoyo a iniciativas para enfrentarla. 

No cabe negar, por otra parte, el relativo contraste entre la orientación más persuasiva del Grupo Internacional de Contacto (si bien propiamente desde la Unión Europea fueron acordadas nuevas sanciones personales en septiembre y, en noviembre, prorrogadas las medidas restrictivas impuestas en 2019) y la de mayor presión del Grupo de Lima (aunque hasta ahora ha sido mucho menos efectivo en la adopción de las iniciativas anunciadas). Con todo, la situación presente, posibilita y debería obligar a mayor coordinación entre ambos, tanto más cuando urge convertir a lo conceptualmente insostenible en prácticamente inaceptable.

Esto nos lleva, final y brevemente, a la segunda acepción. No es difícil constatar la reducción de los apoyos explícitos al régimen al que tantos y tan calificados diagnósticos, tantas y tan incontestables evidencias hacen responsable del descalabro nacional y su desbordamiento exterior. Esto ha hecho cada vez más escasos y rebuscados los argumentos para apoyarlo, sea que visiblemente pragmáticos y dispuestos a seguir pescando en el río revuelto, sea que interesados en Venezuela como tablero de apuestas geopolíticas, pero sin argumentos para defender la conveniencia humana y política de un calamitoso statu quo. No hay manera de sostener un discurso internacional coherente en apoyo al régimen venezolano ni argumentos para abonar la indiferencia ante una crisis imposible de ignorar y ante los notorios responsables de su agravamiento.