Elsa Cardozo | 29 de enero de 2020

Ya sobre la sexta escala de la intensa gira internacional de Juan Guaidó, los enredos madrileños en torno a su visita, antes que minimizar la relevancia del visitante y la gravedad de la aguda crisis venezolana, contribuyeron a reforzar la legitimidad de su liderazgo -como Presidente interino, juramentado por la Asamblea Nacional, así reconocido por cincuenta y seis países (España entre los primeros)-  y la importancia de que en la agenda europea se mantenga un respaldo internacional coherente y coordinado con la causa de la recuperación del estado de derecho y la democracia en Venezuela.

Los países, foros e instituciones de Europa incluidos en la gira han confirmado la importancia que el liderazgo democrático venezolano otorga, muy justificadamente, a la interlocución y apoyo de la gran referencia democrática mundial al otro lado del Atlántico. Allí conviene detenerse, para no perder de vista la oportunidad que se abre a la causa democrática venezolana en el marco de los retos y aspiraciones de la política externa y de seguridad de la Unión Europea, sobre cuya importancia  la polémica gubernamental  española ha contribuido a llamar la atención.

Valgan algunas anotaciones para ayudar a valorar la ubicación de la crisis venezolana en la agenda política europea, en la que ya tiene varios años de antecedentes, en la vocería e iniciativas del Alto Representante y en el Consejo de la Unión Europea , en el Europarlamento desde 2014 -como resume el primer párrafo del borrador de la Resolución aprobada el pasado 16 de enero-, a lo que se suman iniciativas de asistencia humanitaria y cooperación.

No es el caso ignorar la  cantidad y complejidad de los asuntos requeridos de atención desde Europa. La agenda incluye asuntos continentales y globales tan importantes y diversos como la gestión y los efectos del retiro del Reino Unido; el cuidado de la alianza del Atlántico Norte y la necesidad de autonomía estratégica frente a Estados Unidos en medio del deterioro de las relaciones trasatlánticas; las tensiones con China, Rusia y Turquía; las crisis, conflictos y guerras en el Medio Oriente y África; la inmigración y los desacuerdos sobre su atención o las dificultades para hacer efectivo el compromiso por una transición ecológica sostenible.

Desde diciembre pasado la nueva presidente de la Comisión Europea –Úrsula von der Leyen– y  su vicepresidente y Alto Representante para la Política Externa y de Seguridad –Josep Borrell– vienen definiendo a esta instancia, propiamente comunitaria por su composición y responsabilidades, como una comisión geopolítica. De ese modo se expresa la intención de fortalecer los medios para que la acción europea sea más rápida, más eficaz y con mejores y más adecuados instrumentos que hagan sentir la presencia, valores, compromiso y poder de Europa. Esa disposición así definida, tiene buen sustento en la realidad pues la naturaleza de los desafíos que enfrenta ha cambiado de escala: interiormente, por la disminución del crecimiento y por los populismos y nacionalismos que desacreditan el proyecto europeo y, cuando les es posible,  desconocen sus reglas; internacionalmente, por las manifestaciones más y menos tradicionales de la política de poder -en lo militar, territorial, comercial, comunicacional, financiero- y por las nuevas modalidades y recursos de poder que, aunque se confunden con las fórmulas persuasivas del “poder blando” (soft power), tienen diferente propósito y estrategias (de desinformación, intervención digital, instrumentalización política del financiamiento y el comercio) a la vez que deliberado potencial de alcance global.

Esa concepción y necesidad de una Europa más fuerte -por realista en sus fines y medios-, unida en torno a sus decisiones y acciones, a la vez que orientada a la cooperación y a la acción multilateral que su agenda requiere, se sigue sosteniendo en la responsabilidad interior y exterior de  fomentar la democracia y el estado de derecho, las libertades fundamentales y los derechos humanos, y el desarrollo sostenible. Dos cuestiones procedimentales reflejan la importancia e interés en hacer más unitaria y eficiente a la política exterior y de seguridad: la frecuente rendición de cuentas por el Alto Representante ante el Parlamento y la propuesta -ya presentada en la gestión anterior de la Comisión- de adoptar las decisiones de política exterior por mayoría calificada -en lugar de la actual unanimidad- y apoyarlas unánimemente.

En estos trazos gruesos se recoge no solo “el espíritu que anima” sino las orientaciones necesarias para que la Unión Europea proteja y aumente su relevancia. En el seguimiento europeo a la crisis venezolana ha habido cada vez mayor compromiso, más fácil en el Parlamento, que decide por mayoría, que en el Consejo, por la requerida unanimidad. Esta se ha logrado cuando los cancilleres europeos han aprobado sanciones a Venezuela. En noviembre de 2017 acordaron el marco legal de las medidas e impusieron un embargo a la venta de armas, municiones, equipos militares y paramilitares,  así como el financiamiento de esas actividades; en enero de 2018 decidieron la prohibición de ingreso y tránsito  en los países de la UE a siete funcionarios de gobierno vinculados a la represión y a la inconstitucional convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); en  junio de 2018 fueron incorporadas otras once personas con responsabilidades en la represión y en el desarrollo de las ilegítimas elecciones presidenciales del 20 de mayo de ese año, entre ellas la vicepresidente Delcy Rodríguez,  y en septiembre de 2019, por su participación en graves violaciones de derechos humanos, represión y torturas,  fueron añadidos otros siete nombres a la lista de sancionados. En enero de 2019 el Consejo aprobó la creación del Grupo Internacional de Contacto, sin que la instancia que los aliados del gobierno venezolano intentaron en paralelo (el “Mecanismo de Montevideo”)  lo desplazara y, en cambio, con disposición a profundizar la coordinación que se inició con el Grupo de Lima en junio y septiembre de 2019.

Volviendo al principio: en el manejo y reacciones ante el aterrizaje del avión que llevó a suelo español a la vicepresidente Rodríguez violando el régimen de sanciones se hizo manifiesto el freno que acabó imponiendo la obligatoriedad de cumplimiento de una decisión europea, y en los arreglos de encuentros con el gobierno español, la ausencia del Presidente Sánchez acabó haciendo más notoria  la condición del visitante -recibido por la Canciller González Laya con la reiteración de su condición de Presidente interino en la nota de prensa oficial tras el encuentro- y más sujetos a escrutinio y crítica eventuales giros respecto a la posición europea.

En suma, tanto el fluir de las complejidades políticas como la magnitud de la convocatoria humana en la escala española son representativos de la naturaleza de los obstáculos y de la voluntad de superarlos para la recuperación de Venezuela por los venezolanos; pero también lo son de la importancia de que la Unión Europea -con sentido geopolítico-  mantenga las posiciones asumidas, medidas acordadas y propuestas de coordinación internacional en apoyo a la recuperación democrática venezolana.