Carta del Director

El Inevitable Escenario Electoral

CARTA DEL DIRECTOR

(Reuters)

EDITORIAL

Benigno Alarcón  | 3 de Febrero de 2020

La imposibilidad de decidir colectivamente coloca la responsabilidad, así como el costo de los aciertos y fracasos de las decisiones políticas y estratégicas, nos guste o no, en cabeza del liderazgo. En este sentido, toca al liderazgo político, hoy en cabeza de Juan Guaidó, tomar decisiones al momento de regresar al país, sobre las cuales luce imposible construir el añorado consenso.

El editorial de esta semana no pretende persuadir a quienes están convencidos de su posición, porque es poco lo que puede hacerse con un recurso como éste para lograr ese fin, y dudo que con cualquier otro, pero sí esta dirigido a quienes, teniendo o no posición inicial, están honestamente interesados y abiertos a la reflexión y al debate de las ideas.

Se suele decir, acertadamente, que la estrategia no es algo que deba discutirse públicamente, lo cual puede ser cierto en muchos casos, sobre todo cuando nos referimos a estrategias militares, o de otra naturaleza, en las que existen alternativas cuya ventaja radica en el que no son conocidas para una de las partes (armas secretas, el lugar y el momento de un ataque, información sensible,  etc.). No es éste el caso de las alternativas de la oposición, al menos en el campo político, en el que todos conocemos, como si estuviésemos presenciando a dos jugadores frente al tablero de juego, las limitadas alternativas que cada uno tiene, sobre todo cuando estamos al final de un juego en el que las piezas  y los movimientos aún posibles son pocos.

En este sentido, hay poco o nada que políticos o analistas puedan decir que la oposición, el gobierno o quienes lo sostienen no sepan, ni mucho que se pueda hacer para cambiar un juego cuyas alternativas son muy limitadas y que todos los actores medianamente informados conocen.

Si las alternativas son limitadas y todos los actores relevantes las conocen, ¿por qué el debate es la constante entre las filas de la oposición sea ésta partidista o no?. ¿Ocurre este debate entre actores racionales o el problema es que al menos algunos no lo son?

La ciencia nos enseña que las personas colocadas frente a sus alternativas suelen actuar, por lo general, de manera racional, al menos que el tiempo o las circunstancias los hagan actuar intuitivamente, situaciones éstas en la que una respuesta equivocada, inducida o no, resulta mucho más probable. Lo otro que la ciencia nos enseña es que la racionalidad absoluta no existe, sino que tal racionalidad está limitada, o condicionada, por al menos tres factores: el o los objetivos que el actor racional persigue con su decisión, la información con que se cuenta para decidir y la interpretación que cada actor le da a la información con la que cuenta.

Los objetivos que cada actor persigue, lo que resulta relevante para cada quien, puede hacer que ante la misma situación y con las mismas alternativas, dos actores tomen decisiones diametralmente opuestas: el soldado que huye de una muerte segura para preservar la vida en espera de una mejor oportunidad para lograr la victoria vs. el soldado que se inmola para inmortalizarse alcanzando un objetivo que valora más que la propia vida. En relación al segundo factor, es bien sabido que la información con que se cuenta siempre es imperfecta y entre los actores que deciden siempre hay asimetrías de información, lo que hace que, por ejemplo, las expectativas entre dos actores sean opuestas, tal como sucede con el vendedor que cree que el precio de las acciones de una empresa están en el mejor momento para ser liquidadas, mientras que el comprador cree que comprando en ese momento aún puede obtener una recompensa cuando decida liquidarlas. Finalmente, la interpretación hace que, aun en aquellos casos en que se persiguen los mismos objetivos y se dispone de la misma información, los decisores puedan procesar sus alternativas de manera opuesta, tal como sucede con el mismo caso de los corredores de bolsa que, teniendo acceso a los mismos medios de información, se forman expectativas opuestas sobre el éxito o el fracaso que el lanzamiento de un nuevo producto implicará para la valoración de una determinada empresa.

En lo político, estas limitaciones a la racionalidad están siempre presentes. Los objetivos de los actores que detentan el poder son diametralmente opuestos a quienes se oponen al régimen, e incluso suelen ser muy distintos entre los diferentes actores de oposición. Es así como mientras quienes lideran una iniciativa en un momento dado centra sus esfuerzos en desplazar al régimen del poder, otros, convencidos de que la estrategia no funcionará, por sentirse excluidos de la iniciativa, o por cualquier otra razón, no cooperan contribuyendo a un esfuerzo determinado y se sientan a esperar su fracaso apostando a una futura oportunidad para implementar su propia estrategia.

Asimismo, en el sector democrático, en donde la toma de decisiones está menos centralizada que en el régimen, las asimetrías de información dificultan de manera muy importante la coordinación de esfuerzos, y esto no es algo que pueda resolverse con una charla o compartiendo con los decisores unos pocos artículos o incluso una biblioteca, lo que implicaría muchísimas horas de lectura, debate y reflexión, porque incluso compartiendo la misma información queda sin resolver el problema sobre su interpretación, en donde los paradigmas individuales también juegan y condicionan lo que comprendemos, nuestras opiniones y decisiones finales.

Estas limitaciones en la toma de decisiones, que exacerban las dificultades para decidir racionalmente aún más cuando estas decisiones se tomen de manera colectiva y se necesita agregar y coordinar las preferencias de muchos, han sido estudiadas por varios autores, entre ellos Kenneth Arrow[1]. El Teorema de Arrow demuestra (mediante una inapelable demostración por el método axiomático) que no existe ninguna regla de agregación de preferencias que permita generalizar las preferencias de los decisores hacia una preferencia social, o sea generalmente aceptada, lo que solo deja como solución que las preferencias sean decididas por un actor que tenga la autoridad o la representación para imponerla.

La imposibilidad de decidir colectivamente coloca la responsabilidad, así como el costo de los aciertos y fracasos de las decisiones políticas y estratégicas, nos guste o no, en cabeza del liderazgo. En este sentido, toca al liderazgo político, hoy en cabeza de Juan Guaidó, tomar decisiones al momento de regresar al país, sobre las cuales luce imposible construir el añorado consenso.

(Reuters)

La lucha por el control de la Asamblea Nacional

Si bien continuamos convencidos de que el intento de golpe de Estado parlamentario del 5 de Enero pasado constituyó un error de cálculo de quienes lo ejecutaron, posiblemente convencidos de que la combinación adecuada de incentivos, amenazas y control de acceso al Palacio Legislativo les daría el quórum y los votos necesarios para hacerse con la directiva de la Asamblea Nacional, sacándole a Guaidó y sus aliados el control del Parlamento y con ello la base de sustentación de la Presidencia interina, el régimen ha decidido intentar sacar algún provecho del revés, no retrocediendo sino avanzando a marcha forzada sobre los escombros políticos y jurídicos de su acción orientada a la destrucción de un parlamento que es la única institución del Estado que no controlan y cuya inhabilitación judicial no ha sido suficiente para hacer control de daños por la derrota del 2015.

En este sentido, pareciera ser que el régimen se siente obligado a avanzar, al ser éste un año electoral, y está tratando de hacerlo al apurar el paso y organizar sus piezas en el tablero para una elección parlamentaria que pretende legitimar como competitiva mediante un nuevo CNE elegido por el Tribunal Supremo, ignorando el mandato constitucional que otorga tal competencia a la Asamblea Nacional; invitando a la ONU y a algunos otros actores internacionales a acompañar el proceso electoral; y garantizándose la participación de algunos partidos cooptados por el régimen, la mayoría de ellos liderados por ex-miembros de partidos mayoritarios de la oposición que exhiben un gran resentimiento contra los que fueron sus partidos en el pasado y cuya principal contraprestación está en la oportunidad de pasar de ser partidos marginales a constituirse en una alternativa electoral que podría beneficiarse de manera importante de la abstención, si la oposición mayoritaria no se presenta en esta elección.

El inevitable escenario electoral

Ante la afirmación, tantas veces escuchada, de que todas las opciones están sobre la mesa, la opinión pública se divide entre quienes preferirían una salida electoral y aquellos que no creen en salidas electorales sino por la fuerza. Estos últimos a su vez se dividen entre quienes continúan a la espera de que la salida de fuerza llegue de actores internacionales como los Estados Unidos, El TIAR, o alguna otra alianza entre ejércitos extranjeros, mientras otros esperan que la salida se produzca por un golpe de Estado y un número creciente, que ya alcanza el 18%,  habla de la necesidad de que los ciudadanos nos armemos para luchar.

La realidad es que, sin entrar a hacer juicios sobre el valor y la probabilidad real de cada preferencia, ninguna de las alternativas de fuerza, a excepción de la última, pareciera estar en nuestras manos, sino que por el contrario dependen de la decisión de otros, que hasta ahora no han dado señales de moverse de manera decidida en tal dirección.

Lo que si pareciera inevitable es el hecho de dirigirnos hacia una elección que luce poco o nada competitiva, por lo que la oposición se debate en el dilema entre participar o no, que afecta principalmente al electorado más radical, al que se suma el más identificado con Guaidó, quienes no creen en elecciones con Maduro en el poder y reclaman el apego a la ruta originalmente trazada (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres). El control del régimen sobre la agenda y las condiciones electorales, que se constituye hoy en el principal obstáculo a la participación de la oposición, ha sido, durante años, una de las principales herramientas de control que, a través de mecanismos de clientelismo político, ha permitido al régimen dividir a la oposición en más de un evento electoral, garantizándose su estabilidad en el poder. Es por ello que el foco actual del régimen en las elecciones parlamentarias, como respuesta a la presión internacional por la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela, no debe sorprender a nadie, así como tampoco el hecho de que se intensifique el debate en la oposición al tiempo que se disparan las disputas por las candidaturas, cuando es tarde ya para hacerlo por primarias, lo que aumentará las dificultades para alcanzar formulas unitarias, a lo que se sumarán las luchas y negociaciones relacionadas con el uso de las tarjetas partidistas habilitadas.

A modo de conclusión

Si bien el debate sobre ir o no ir puede estar hoy más justificado que nunca, sobre todo cuando ya Venezuela no es lo que la Ciencia Política Comparada califica como un autoritarismo competitivo, sino uno hegemónico, en el que elecciones bajo condiciones que impliquen incertidumbre para el régimen sobre sus posibilidades de victoria son prácticamente una utopia,  es importante recordar que las categorizaciones, tan útiles para comprender cualquier fenómeno, son modelos construidos intelectualmente que intentan explicar una realidad, pero no la condicionan, por lo que mucho menos deberían ser camisas de fuerza para pensar estratégicamente.

Es así como, a pesar de que el régimen venezolano es hoy un autoritarismo hegemónico, resulta evidente que continúa necesitando de lo electoral, a diferencia de regímenes como Cuba o Corea del Norte, para legitimarse en el poder ante ciertos actores de los cuales depende su estabilidad, como el militar.

Siendo el caso, el de que la oposición no tiene el control sobre otras posibles salidas, como una intervención militar foránea o doméstica, que no depende de lo que la oposición quiera sino del cálculo y la conveniencia de quien pone hombres y recursos para ello, ni los que dicen que hay que armarse para luchar están armados y listos para hacer lo que dicen que hay que hacer, toca a la oposición decidir si aceptará el desafío de confrontar en el campo electoral, que es el tablero que el régimen ha escogido para tratar de derrotar a la oposición y ganar alguna legitimidad entre quienes lo sostienen y la comunidad internacional. Sí las otras alternativas que están sobre la mesa no dependen de nosotros o no están disponibles cuando nos toca jugar, urge que sea la oposición, liderada por Guaidó, al contrario de negar el escenario electoral, quien tome la ofensiva adaptándose a la realidad de un tablero de juego que, aunque no es el que quisiera, es en el que le toca jugar y hacerlo bien para evitar el jaque.

Tomar la iniciativa y el control del juego implicaría, entre otras cosas, el reconocer que la exigencia por elecciones competitivas y libres es, y seguirá siendo, la única bandera capaz de unir a la mayor parte de la comunidad internacional y a los venezolanos. Todas las negociaciones y presión internacional se han centrado, y deben continuar centrándose, en conseguir una elección presidencial libre y competitiva como solución final y sustentable a la crisis política venezolana. Lo electoral, pese al escepticismo de muchos, sigue siendo la primera opción de desenlace para los venezolanos, según todos los estudios de opinión serios que se hacen en el país.

Tomar la iniciativa implica encarar seriamente, y no de manera ambigua, la puesta en funcionamiento del Comité de Postulaciones para le selección de los rectores electorales, apegándose a la normativa Constitucional y a la Ley Orgánica del Poder Electoral, lo cual  elevaría el costo para el gobierno de intentar el nombramiento a través del Tribunal Supremo de Justicia alegando una supuesta omisión del Legislativo. En este sentido es importante recordar que la condición de la aprobación de dos tercios de la Asamblea aplica para la elección de los rectores y no para su postulación. Asimismo, el hecho de que el nombramiento requiera de una mayoría calificada no es excusa para despojar a la Asamblea Nacional de su competencia, sino una condición intencionalmente impuesta en la Constitución para obligar a que los nombres de los postulados a árbitros electorales deban ser negociados hasta alcanzarse un acuerdo entre al menos  las dos terceras partes de los diputados que conforman el Poder Legislativo. Es así, como el Tribunal Supremo de Justicia no podría producir ninguna decisión que pueda ser reconocida como legal y legítima, mientras la Asamblea Nacional avance en el proceso de postulación y elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, quienes tendrán la responsabilidad de convocar a los procesos electorales a que hubiese lugar.

Desconocer la estrategia del régimen y la importancia y peso de lo electoral, no tomando la iniciativa, podría implicar un serio revés para la oposición al entregarle la ofensiva al régimen, cuya toma de decisiones se hace desde la cabeza del gobierno y colocarse en una posición defensiva en la que podrían producirse serias diferencias y divisiones entre una oposición que se debate en la construcción de un consenso que luce imposible y que puede llevar a una decisión tardía a los fines de su implementación efectiva, que es tal como el régimen concibe su estrategia para producir altos niveles de abstención entre sus electores, aun cuando se atreviese a otorgar condiciones electorales benévolas apuntado hacia su mayor legitimación. Adicional a la maquinaria humana y tecnológica que tal organización implica, es necesario iniciar otros procesos como la negociación de candidaturas por circuito de cara a unas elecciones parlamentarias, presidenciales o generales, ya que hablar hoy de primarias, pese a sus incuestionables virtudes sería utópico dados los tiempos y la dinámica actual.

Extraída de: http://ciudadvalencia.com.ve/votar-donde-sea-votar/

Finalmente, resulta complemento imprescindible a lo estructural, lo comunicacional. Uno de los principales retos que la oposición debe afrontar de cara a un escenario electoral es el de la narrativa. Aquí la estrategia de campaña, el mensaje y el cómo decirlo, además de los medios para hacerlo llegar, pueden terminar siendo el factor que determine el triunfo o fracaso de la oposición. Sin la generación de expectativas positivas, la movilización de la sociedad por el cambio, entendida de forma amplia (organización y activación ciudadana, participación en protestas, elecciones, u otras iniciativas) jamás será posible.

Frente al dilema sobre qué hacer ante una elección presidencial que no reúna las condiciones ideales que todos aspiramos o frente a una parlamentaria que se produzca antes de una presidencial o con Maduro en el poder, vale la pena considerar que el valor de participar en una elección va más allá del debate sobre las condiciones ideales para que votar sea igual a elegir.

Los procesos electorales han sido, en algunos casos, el producto final de un proceso de negociación que llevo a una elección con condiciones en las que el régimen incumbente sabía que sería desplazado del poder, pero se habían negociado garantías que hacían aceptables sus costos de tolerancia a un cambio político, tal como sucedió en Chile, después de que Pinochet perdió el plebiscito o en Sudáfrica, luego de que Frederik de Klerk y Mandela llegaran a un acuerdo. Pero en otros casos fue el poder movilizador de una elección lo que inició la debacle de muchos regímenes autoritarios que se equivocaron al pensar que podían ganar o no fueron capaces de lidiar con las protestas y otras consecuencias que se generaron tras haber perdido, incluso cuando los fraudes electorales estuvieron presentes, tal como sucedió en Venezuela con Marcos Pérez Jiménez, días después del fraude plebiscitario del 57 o como se dieron los procesos de transición democrática de países como Benin, Gambia, Namibia, Nigeria, Filipinas, Sri Lanka, Armenia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia, Brasil, Nicaragua, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay, o más recientemente Bolivia, muchos de ellos bajo dictaduras tan o más represivas e inescrupulosas que la que nos ha tocado vivir en Venezuela.


[1] En la teoría de la elección social, el Teorema de Imposibilidad de Arrow establece que cuando se tienen tres o más alternativas para que un cierto número de personas voten por ellas (o establezcan un orden de prioridad entre ellas), no es posible diseñar un sistema de votación (o un procedimiento de elección) que permita generalizar las preferencias de los individuos hacia una “preferencia social” de toda la comunidad; de manera tal, que al mismo tiempo se cumplan ciertos criterios “razonables” de racionalidad y valores democráticos.  Los “valores democráticos” consisten en las reglas que dan forma a la dimensión valorativa del proceso de elección que son: no dictadura, universalidad de alternativas, eficiencia de Pareto, independencia de las “alternativas irrelevantes”, imposibilidad de expresar preferencias falsas.

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