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El decreto de alarma, coronavirus y militarismo

Foto: Extra Venezuela

 Luis Manuel Esculpi

Parlamentario, ex presidente de la Comisión Permanente de Defensa del Congreso de la República, analista político.

Los regímenes autoritarios intentan siempre guardar las apariencias y darle fundamentación legal a sus actuaciones. Por lo general suelen ser antinómicos o contradictorios y simulan atenerse a la norma, pero incumplen o violan simultáneamente todo el ordenamiento legal, comenzando por la propia Constitución de la República.

El decreto que establece el Estado de Alarma fue publicado el martes 17 de marzo del presente año en la Gaceta Oficial No. 6.519 (Extraordinario), el instrumento tiene fecha de 13 de marzo y en general su contenido está dirigido a justificar las medidas que venían aplicando con anterioridad. Es comprensible la extensión de la cuarentena a todo el país y también que se extremen las medidas para evitar la expansión de la pandemia. Eso está fuera de toda discusión. Ahora bien, hay unos aspectos del referido Decreto que merecen ser considerados, por no ajustarse a la norma constitucional.

Desde que la cuarentena estaba circunscrita a siete estados, ya se habían suspendido en la práctica varias garantías, entre ellas, la del libre tránsito (artículo 50) y el derecho de reunión (artículo 53). Sin embargo, el decreto que rige el Estado de Alarma suspende solo, de manera expresa, una de estas garantías, la de circulación, y le confiere a Nicolás Maduro la potestad de tomar la medida, de hecho, el artículo 7 del instrumento indica textualmente lo siguiente: “El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá ordenar restricciones a la circulación en determinadas áreas o zonas geográficas, así como la entrada o salida de éstas, cuando ello resulte necesario como medida de protección o contención del coronavirus COVID-19”.

En el artículo 12, del referido decreto, sí se suspende taxativamente, el derecho a reuniones públicas y cualquier tipo de aforo que suponga la aglomeración de personas.

En la primera de las disposiciones finales el decreto establece: “El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá dictar otras medidas de orden social, económico y sanitario que estime convenientes según las circunstancias presentadas, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución”.

En síntesis, se la confiere a Maduro la posibilidad de suspender otras garantías constitucionales, sin que ellas estén expresamente contempladas en el decreto, remitiéndolo a los tres mencionados artículos de la Carta Magna, referidos a los estados de excepción.

En el texto se obvia una condición que se establece en uno de los artículos citados de la Constitución, en el 339 específicamente,: “El decreto que declare el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación”. Como podrá observarse se pretende obviar olímpicamente ese requisito. Se desprende también de ese artículo que las garantías restringidas deben estar contenidas en el mencionado decreto.

Por la naturaleza del tema tratado, es inevitable referirnos a la materia jurídica y Constitucional, a conciencia de las constantes y permanentes violaciones al estado de derecho.

En esta coyuntura, con la persecución, detención de médicos y trabajadores de la salud, por declarar y denunciar sobre la situación de los hospitales donde trabajan, por las restricciones, obstáculos y acoso a la que han sido sometidos los comunicadores sociales dificultando su labor, se está violando el derecho a la información. De acuerdo al propio articulado constitucional (337), esa garantía no podrá ser restringida en ningún caso.

En los Considerandos, además de justificar el Estado de Alarma de la siguiente manera (…) “la calamidad pública que implica la epidemia mundial de la enfermedad epidémica coronavirus que causa la COVID-19”, indica “la necesidad de adoptar medidas para …”proteger y garantizar los derechos a la vida, la alimentación y, la seguridad”…sin embargo en el quinto Considerando señala: “Que el gobierno de los Estado Unidos de América ha dictado sanciones que atentan contra la estabilidad económica del Estado Venezolano, que dificultan las transacciones y afectan la disponibilidad de recursos que requiere el Sistema Público Nacional de Salud para hacer frente a este tipo de calamidades”.

Es conocido suficientemente en el país, que la grave situación por la que atraviesa la salud es anterior a la existencia de las sanciones. En ese sector, tanto en el ministerio para la Salud  como en el Seguro Social, han sido señalados de gravísimos hechos de corrupción. Las denuncias de los distintos gremios han sido una constante sobre el estado de deterioro y la crisis hospitalaria existente.

En todos los países, durante la emergencia, las Fuerzas Armadas han sido un factor importante de apoyo para atender la situación, es lógico y natural ya que los ejércitos poseen la logística, el transporte y la capacidad de despliegue para contribuir en tales condiciones.

En Venezuela el régimen ha evidenciado una vez más su carácter militarista, en la práctica el país ha sido militarizado, el ministro de la Defensa ha tenido que ver hasta con la supervisión de los hospitales y tal como él mismo lo ha declarado, siendo un vocero privilegiado, además de Maduro y Delcy Rodríguez. Por su parte el ministro de la Salud, quien debiera jugar un rol relevante ante la situación epidemiológica y sanitaria, pareciera no cumplir el papel que le corresponde. La diferencia con los otros países consiste en que la actuación del estamento militar, está bajo la jurisdicción del poder civil y de las autoridades que atienden la problemática de la salud.

Otra manifestación de la militarización en esta emergencia es poner a todas las policías bajo el mando militar, colocando así la seguridad ciudadana, actividad eminentemente civil, dirigida por una institución formada para la guerra y no para el trato ciudadano. Claro, este enunciado no puede pasar por alto el patético cuadro de las actuaciones policiales, en especial durante los últimos tiempos.

En realidad este no es un fenómeno presente solo en la actual coyuntura, la seguridad durante la mayor parte de estas dos décadas, no ha estado conducida por civiles, salvo breves lapsos, solo ha habido tres ministros del Interior y Justicia civiles (Luis Miquelena, Ignacio Arcaya y Tareck El Aissami), los demás han sido oficiales activos o retirados.

En una reciente cadena de radio y televisión Maduro destacó lo preeminente de la “alianza cívico-militar-policial” poniendo de manifiesto, consciente o inconscientemente, el verdadero carácter del régimen.

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