Carta Del Director

A modo de conclusión podríamos decir que resulta evidente que el escenario se mueve, inevitablemente, al menos que ocurra un evento imprevisto que no vemos venir, hacia una elección parlamentaria, lo que colocará el centro de gravedad político en unas elecciones en torno a las cuales se desarrollará toda la dinámica política que incluye el debate entre quienes llamarán a participar y quienes lo harán por la abstención, la deserción de dirigentes políticos por las posiciones asumidas por sus partidos a favor o en contra de la participación, el reacomodo de las fuerzas políticas y la fragmentación, aun mayor, del electorado opositor por el mismo debate

Editorial

15 de junio de 2020   | Benigno Alarcón Deza

La situación social y el COVID-19

Mientras la situación social se continúa deteriorando día a día, a un ritmo que resulta devastador para toda la población, el régimen pareciera no tener muy claro cómo manejar lo que ha llamado la “normalización” durante esta nueva fase que, en sentido opuesto a lo que justificaría la flexibiliación de la cuarentena, es cuando pareciera estarse produciendo una mayor expasión del contagio.  Ello se continúa evidenciando en las contradicciones entre las declaraciones y lineamientos dados desde el mismo gobierno que, en menos de una semana, pasa de un esquema, cientificamente comprobado, de alternacia entre cuarentena y flexibilización, al que se le denomino 5×10 (cinco días de flexibilización y diez de cuarentena) a un esquema 7×7, que pareciera buscar un balance entre un confinamiento, muy difícil de sostener por las condiciones sociales previas del país que además se inció prematuramente para retrasar la escasez de combustible e impedir la convocatoria a protestas de parte de la oposición y la flexibilización mínima necesaria para permitir a la gente procurarse su subsistencia.

El problema de la escasez de combustible, aunque no puede considerarse resuelto, es algo en lo que el gobierno ha logrado avanzar de manera significativa gracias a la ayuda de aliados como Irán. El abastecimento podría decirse que se ha estabilizado en Caracas, pero todavía no en el interior del país. Aun se presentan colas en las pocas estaciones que surten gasolina a precios subsidiados, mientras que las que lo hacen a precios internacionales permanecen con muy poco flujo de vehículos, lo que se explica por la diferencia abismal entre el costo de un litro de gasolina subsidiada (Bs. 5,000) y la que no goza del subsidio ($ 0.50 que hoy equivale a algo más de Bs. 100.000).

A todo evento, es razonable esperar un descenso importante en el consumo automotor, tanto por los nuevos precios como por la cuarentena, extendida desde este viernes por un mes adicional, pero que podrían ser al final varios meses adicionales, como se desprende de una declaración de Aristobulo Istúriz quien asoma la posibilidad de no iniciar el año escolar antes de enero, lo que si bien reduce la presión sobre el gobierno para proveer combustible, aumenta de manera significativa la tensión social, que es hoy el centro de atención y preocupación para la estabilidad del régimen.

Asimismo, las expectativas generales, una vez sea levantada la cuarentena, no lucen para nada prometedoras, no sólo por la crisis que el país ha venido sufriendo en lo social y económico desde antes de la aparición del coronavirus, solo comparable a la sitaución de los países en guerra, sino por una caída mundial de las economías y en el consumo de petróleo que puede continuar complicando seriamente las posibilidades de ingreso para el país.

Toda esta situación ha venido generando un cambio de centro de gravedad en la dinámica nacional en la que se pasa de unas altas expectativas de cambio político en el muy corto plazo, que se originan con la irrupción de Guaidó como líder político de la oposición, su reconocimiento como Presidente Interino por la mayoria del mundo democrático y el discurso de la Casa Blanca que daba por contados los días de Maduro en el poder, a una nueva situación en la que las expectativas de cambio en el corto plazo han desaparecido y los problemas económicos y sociales se han impuesto en el orden de prioridades de la población, lo que se ha traducido en un progresivo cambio de actitud que se mueve entre dos polos opuestos. Uno en el que se encuentra aproximadamente un tercio de la población que ha optado por el desapego a lo político para enfocarse en las urgencias de su subistencia diaria, mientras que un 20% se radicaliza, alejándose también de las rutas políticas, pero en sentido opuesto, o sea, hacia la justificación de la violencia como única solución posible.

Elecciones parlamentarias a la vista

Como decíamos en anteriores oportunidades, uno de los objetivos del régimen en el corto plazo es quitarse de encima a la oposición, sobre todo a ésta liderada por Guaidó y que le ha generado tantos dolores de cabeza desde enero de 2019. Para ello ha intentado distintas fórmulas como la de comenzar apostando por el desgaste, que ha funcionado en otras oportunidades, para seguir con los ataques a su credibilidad coqueteándole con procesos de negociación en los cuales engatuzó a mediadores tan serios y experimetados como los noruegos para, tras comprometerse con unas reglas que incluían la confidencialidad, ejecutar una especie de “vuelvan caras” y dejar a todos plantados y a la vista, en un intento por destruir tanto los compromisos en los que se sostenían los avances de la mediación, como la confianza de las audiencias opositoras en sus representantes.

A los intentos del régimen por acabar con la oposición se suman los errores de su propio liderazgo en su intento por tomar el canal rápido de la transición, pero pese a los intentos de un lado y las equivocaciones del otro, lo que no puede negarse es que en esta oportunidad el liderazgo opositor, aunque seriamente desgastado después de dos años de lucha ininterrumpida, ha gozado de una resiliencia notablemente superior que puede aún darle la capacidad para despegar nuevamente sí tan solo escoge con realismo e inteligencia sus próximas jugadas.

Y las próximas jugadas parecieran estar destinadas, inevitablemente, al tablero electoral en el que el gobierno pretende concretar el jaque mate al sector democrático liderado por Guaidó para recuperar la Asamblea Nacional y sustituirlos por la otra “oposición”, conformada por quienes participan junto al gobierno en la Mesa Nacional de Diálogo, o “La Mesita” como es mejor conocida, y que lideran políticos bien conocidos como Henri Falcón, Claudio Fermín, Luis Romero, Javier Bertucci, Rafael Marín, Felipe Mujica, Segundo Menéndez y Timoteo Zambrano, con quienes el oficialismo pareciera mantener mejores relaciones y una comunicación más fluida.

Lamentablemente, resulta evidente la coincidencia de intereses, por sacar del juego a los partidos mayoritarios de la opocisión, entre el régimen y este sector conformado por los partidos minoritarios de “La Mesita”, algunos de vieja data como el MAS y Avanzada Progresista, y otros recientemente creados como Soluciones para Venezuela, Cambiemos y Esperanza por el Cambio. La oportunidad para ello se presentará con ocasión de esta elección parlamentaria, para lo cual el régimen trata de alimentar la abstención de la oposición, generando razones para avivar el debate entre opositores en torno al nombramiento de los nuevos rectores, las condiciones electorales y el cese de la usurpación como condición previa para ir a una elección, colocando, desde hace ya meses, al liderazgo de la alternativa democrática en el dilema entre participar o no ante la imposibilidd de ganar la mayoría parlamentaria con un electorado dividido, en donde el abstencionismo puede ser la opción mayoritaria entre sus potenciales votantes.

Como primer paso para lograr tal objetivo, el régimen retoma la iniciativa para el nombramiento de los nuevos rectores mediante la respuesta dada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al admitir, el pasado 5 de junio, “la omisión inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, al tiempo que “desaplicó artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordenó asumir el desarrollo normativo al Consejo Nacional Electoral” (sentencia N° 0068-2020), en respuesta a la “demanda por omisión legislativa de la Asamblea Nacional en desacato”, planteada por los ciudadanos Javier Bertucci, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, Luis Romero, Rafael Marín, Juan Alvarado y Segundo Menéndez.

Posteriormente, el pasado miércoles 10 de los corrientes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un torpe intento por legitimar su injerencia en el nombramiento de los nuevos rectores electorales, produce una nueva decisión (la sentencia 0069-2020) en la que se exhorta al Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, para que dentro del plazo de 72 horas, consigne el listado de ciudadanos preseleccionados que integrarán al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

La respuesta del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional, en la vocería del diputado Ángel Medina, fue que se continuaría con el cronograma establecido para designar a los nuevos rectores del Poder Electoral  y no reconocerían el plazo de 72 horas dictado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En este sentido, aclaró que bajo el marco de la Ley “hay unos 14 días para presentar candidaturas, después existen 2 días para revisar esos nombres y posteriormente 6 días para hacer objeciones, es decir, nosotros debemos apegarnos al debido proceso”, y agregó, “nuestra misión como comité no es colocar nombres, sino abrir una consulta donde cualquier venezolano que cumpla con los requerimientos pueda optar por el cargo. Una vez que comienza la convocatoria a los candidatos, nuestra obligación es hacer público quienes se postularon, tal como indica la ley”.

Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de imposible cumplimiento, porque el proceso de postulaciones nunca fue iniciado por la Comisión de Postulaciones que apenas comenzaba sus reuniones cuando se declaró la emergencia sanitaria por el coronavirus, tomaría varios meses para completarse bajo el procedimiento debido y con la necesaria participación de la sociedad civil y las universidades nacionales, cuyas actividades han estado también suspendidas por el decreto de emergencia.

Finalmente,  pasadas las 7:00 de la noche del día viernes 12 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designó a los cinco rectores principales y sus suplentes para el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los nuevos rectores resultaron ser:

1. Indira Alfonzo: Presidenta del CNE. Abogada de la Universidad Santa María, Especialización en derecho penal y Maestría en Ciencias Penales y en Seguridad y Defensa Nacional en el Instituto de los Altos Estudios de la Defensa Nacional Gran Mariscal de Ayacucho. Hasta este viernes era la primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cargo que ocupaba desde 2017, además de ejercer la presidencia de la Sala Electoral desde 2014, donde fue una de las ponentes de la sentencia que suspendió a los cuatro diputados por el estado Amazonas y que dio pie a la situación de supuesto desacato de la Asamblea Nacional.
2. Rafael Simón Jiménez: Vicepresidente del CNE. Fue diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) en el extinto Congreso Nacional, en 1998, por el  Estado Barinas y en 2002 fue designado como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Apoyó la candidatura de Hugo Chávez a la presidencia de la República para luego estar entre quienes lideraron la separación del MAS y el chavismo para fundar, junto a Ismael García y Didalco Bolívar, el nuevo partido Podemos. En 2003 abandona Podemos y crea una nueva organización denominada “Vamos”, como parte del Polo Patriótico, que luego le retira, nuevamente, su respaldo a Chávez. Funda el partido Polo Democrático en 2005 y forma parte del comando de campaña de Manuel Rosales en el 2006, a cambio del apoyo de su partido, Un Nuevo Tiempo, a su candidatura a la Gobernación de Barinas. Puede contarse como el rector otorgado a los partidos que participan en “La Mesita”.
3. Gladys Gutiérrez: Rectora principal. Abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre 2013 y 2017. Actualmente se desempeñaba como magistrada de la Sala Constitucional. Fue Procuradora General de la República y estuvo al frente de la oficina del Consejo de Ministros en Miraflores al inicio del gobierno de Chávez. Además fue ministra consejera, cónsul en Madrid y embajadora de Venezuela en España hasta marzo de 2006. En diciembre de 2010 la Asamblea Nacional la designó como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Está entre los funcionarios sancionados por el gobierno de Panamá en marzo de 2018, acusándosele de supuesta participación en el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
4. Tania D’Amelio Cardiet: Rectora. Es la única rectora que repite en su cargo. Abogada egresada de la Universidad Santa María. Tiene una especialización en Derecho Tributario. Es rectora principal del CNE desde 2009, cuando fue designada por la AN. Al conocer su designación renunció a su militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En ese momento era diputada a la Asamblea Nacional por el estado Vargas entre los años 2000 y 2005 por el desaparecido Movimiento Quinta República (MVR), de Hugo Chávez. Está sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (2017) y el gobierno de Panamá bajo la acusación de participar en el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
5. José Luis Gutiérrez: Rector. Es abogado, especialista en Derecho Administrativo. Es el hermano del dirigente de Acción Democrática y exgobernador de Amazonas, Bernabé Gutiérrez, quien además es el actual Secretario de Organización de la tolda naranja. Podría contarse, si no fuera por la negativa de los partidos de la mayoría opositora, incluída la misma Acción Democrática, a reconocer su nombrameinto, como la concesión hecha por el Tribunal Supremo de Justicia a los partidos mayoritarios de la oposición.

La decisión del TSJ es prueba de que el gobierno regresa a la estrategia que trataba de implementar el año pasado, cuando aceptó participar en la conformación del Comité de Postulaciones, o sea, la de ir a una elección legislativa con un nuevo CNE, que seguramente, ante el inevitable llamado a la abstención de los partidos mayoritarios de la oposición, tratará de colocar a la comunidad internacional en aprietos para desconocer la elección legislativa al otorgar condiciones electorales superiores a las dadas en procesos electorales previos y trataría de ganar legitimidad ante actores tanto internos como externos para construir un muro de contención contra el desconocimiento de la nueva Asamblea Nacional y la posibilidad de que se continúe reconociendo a los diputados elegidos en el 2015 y a Guaidó como presidente interino y del parlamento.

Es así como, en base a esta apuesta, el oficialismo continúa invirtiendo esfuerzos en diseñarse una oposición a la medida, posicionándola para garantizar su participación de cara a la próxima elección legislativa en un escenario en el que el régimen se esfuerza en estimular una alta abstención del lado opositor, lo cual se garantiza tanto con el perfil de los nuevos rectores del CNE como con su nombramiento a través del TSJ y que conviene tanto al gobierno como a “La Mesita”, ya que ello le facilita el control sobre una elección sin sorpresas.

Otra señal que va en el mismo sentido de la inminencia de una convocatoria a elecciones parlamentarias la encontramos en la alocución de Maduro el pasado 4 de junio durante un acto por el sexto Aniversario de La Gran Misión Hogares de la Patria, en la que afirmó que han llegado a 6 millones 200 mil hogares y han constituido el Movimiento de Mujeres Eulalia Buróz con 74 mil Comités de Hogares de la Patria, atendiendo un promedio de 10 a 15 familias cada uno, mientras pidió a sus ministros y ministras que lo mantengan informado todos los días sobre las misiones, ya que éstas son el legado del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías (Venezolana de Televisión). Esta referencia a las misiones sociales es típica de momentos electorales en los que se prioriza el fortalecimiento de mecanismos político clientelares, que hoy podrían encontrar su fuente de insumos más importante en el uso de la ayuda humanitaria, tanto la recibida de países aliados como Irán, China o Rusia, como a través de organismos internacionales que necesariamente deben entenderse con el régimen para desarrollar su trabajo.

En medio de este escenario, que constituye la principal amenaza para los partidos que hoy controlan la Asamblea Nacional y que pone en riesgo, incluso, su cohesión interna y entre los partidos de la alianza democrática, aunque hoy parecieran estar más conscientes que nunca de su mayor vulnerabilidad en caso de que se debilite la cohesión entre ellos, o si no se protege el liderazgo de Guaidó, lo cual es un paso en la dirección correcta.

Conclusiones

A modo de conclusión podríamos decir que resulta evidente que el escenario se mueve, inevitablemente, al menos que ocurra un evento imprevisto que no vemos venir, hacia una elección parlamentaria, lo que colocará el centro de gravedad político en unas elecciones en torno a las cuales se desarrollará toda la dinámica política que incluye el debate entre quiénes llamarán a participar y quiénes lo harán por la abstención, la deserción de dirigentes políticos por las posiciones asumidas por sus partidos a favor o en contra de la participación, el reacomodo de las fuerzas políticas y la fragmentación, aún mayor, del electorado opositor por el mismo debate.

La negativa de la oposición a participar en la elección parlamentaria, lo que parece ser una tendencia ya inevitable después de lo sucedido con el nombramiento de los nuevos rectores del CNE, apunta además hacia la estrategia del oficialismo de apostar todo a una fragmentación de la oposición, en la que el conflicto interno de Acción Democrática (AD) puede ser tan solo la punta del iceberg, para producir una elección en la que los partidos del oficialismo, encabezados por el PSUV y los de “La Mesita” se distribuirían la Asamblea Nacional con una ventaja evidente para el oficialismo que buscará hacerse con la mayoría calificada, o sea dos tercios de los diputados electos, dejándole a las demás fuerzas que participan el tercio restante de la Asamblea, lo que sería una ganancia muy importante en relación con lo que hoy tienen.

La actitud asumida por la oposición frente a las presiones ejercidas por el Tribunal Supremo de Justicia hacia el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional, en la vocería del diputado Ángel Medina, quien respondió al TSJ que continuarían con el cronograma establecido para designar a los nuevos rectores del Poder Electoral  y no reconocerían el plazo de 72 horas dictado por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), era la única respuesta políticamente correcta, al no contribuir a legitimar la decisión que el TSJ, inevitablemente, tomaría pocas horas después.

Hoy podríamos decir que el TSJ ha designado a unos nuevos rectores, pero que no logró resolver el problema de legitimidad del CNE, que era el objetivo final del cambio de rectores. Tanto el procedimiento para la designación de rectores, violando la normativa constitucional vigente, como los nombres y perfiles resultantes, hará imposible barnizar las decisones del nuevo Consejo Nacional Electoral, así como los resultados de los procesos electorales bajo su rectoría, lo cual puede traducirse en graves consecuencias para quienes participen y resulten electos como diputados de la nueva Asamblea Nacional, tal como lo que sucedió con la elección de Maduro en mayo de 2018, y un serio problema para el régimen, tanto puertas adentro del país como hacia el exterior.

Este escenario que apunta hacia la toma del Poder Legislativo por el régimen, el aislamiento y la persecución contra la oposición y su sustitución por una nueva “oposición” implica también un escenario de grandes dificultades para el liderazgo de la oposición, al que muchos actores exiliados, o por exiliarse, tendrían la tentación de responder proponiendo la formación de un gobierno en el exilio. Una idea implementada en otros casos, con muy malos resultados en la casi totalidad de ellos, que si bien hasta ahora siempre estuvo descartado por completo, algunos podrían insistir en reconsiderarla ante esta nueva realidad. A todo evento, la experiencia, tanto propia como ajena, nos enseña que la gran fortaleza del liderazgo está en su presencia. 

Este nuevo escenario muestra, una vez más, la impostergable necesidad de que la oposición centre su esfuerzo en construir un movimiento democrático que se organice en las calles del país para hacer frente a la posible e inminente pérdida del su único espacio institucional, la Asamblea Nacional.