Carta del Director

Golpe electoral continuado

Carta del Director

Foto: F. Llano

Editorial

Benigno Alarcón Deza

El régimen tiene la urgente necesidad de terminar esta batalla con la oposición, que se inicia con la juramentación de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y luego como Presidente Interino en enero de 2019. Para ello la renovación del parlamento que, por mandato constitucional, toca este año, se presenta como la oportunidad ideal para finalizar con una situación extremadamente incómoda y peligrosa mediante la neutralización definitiva de un gobierno interino que, aunque no tiene control del territorio ni de las instituciones del Estado, es reconocido por la casi totalidad del mundo democrático y cuya existencia se fundamenta en el control de la Asamblea Nacional por la oposición  

Lo extraordinario no es lo que ocurre, sino lo que no ocurre.

Mientras la vida del país continúa en medio de grandes dificultades que, por no ser sobrevenidas,  no nos sorprenden. Lo que si termina sorprendiéndonos es el hecho de que lo más extraordinario no es lo que ocurre, sino lo que no ocurre.

En este sentido, aunque la dinámica de los eventos toma en ocasiones una velocidad vertiginosa en una especie de “tit for tat”, en ocasiones difícil de digerir, analizar y comprender, el escenario cambia tan solo en sus formas y en los medios utilizados por el régimen para avanzar en sus objetivos, pero no en el fondo ni en la tendencia, cada vez más evidente, hacia la autocratización definitiva del régimen.

Es así como el régimen, tras haber iniciado el año tomando la ofensiva al tratar de desalojar a Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional e incluso del Palacio Federal Legislativo, mediante la burda ejecución de una maniobra que debió haberse traducido en la votación por una nueva directiva sin Guaidó, gracias a una operación de compra de votos entre diputados que conocimos como la “Operación Alacrán”, Guaidó responde con una exitosa gira internacional que reafirma su reconocimiento como Presidente interino para regresar al país retomando las movilizaciones de calle que buscarían el “cese de la usurpación”, a lo que el gobierno responde paralizando el juego, o más bien todo el país, mediante una declaración prematura de la cuarentena “por la COVID-19” (y por la reducción de inventarios de gasolina) desde el 13 de Marzo, prohibiendo expresamente las reuniones públicas, desde el día siguiente al que Guaidó convocó a una protesta para retomar la sede del Palacio Legislativo y emprendiendo una ofensiva sin pausa, que toma especial impulso a partir de la “Operación Gedeón”.

Mientras tanto, el país pareciera ignorar la gravedad tanto de la situación política, como económica y social, sin reaccionar incluso ante eventos que en otros momentos lograrían, al menos, hacer tambalear a un gobierno, como es el caso del aumento de la gasolina que pasa de ser prácticamente gratis a tener precios internacionales, agregando combustible adicional al proceso hiperinflacionario. Esta situación de sumisión, en la que cada quien pareciera mantenerse encapsulado en su propia vida, y ocupado en las urgencias que el día a día imponen a la supervivencia, pareciera ser la única respuesta que la población encuentra en medio de una percepción generalizada y creciente de orfandad, impotencia y desesperanza, tal como ocurre en otros regímenes autoritarios bien establecidos.

A esta situación de desamparo y supervivencia contribuye la incertidumbre sobre el coronavirus, que tiende a agravarse, aún en la opacidad de las cifras oficiales que reconocen la aceleración de su crecimiento para colocar el número de casos al cierre de la semana pasada en 3.917. Esto ha implicado ir pasando de una tasa de crecimiento lineal a una que ya comienza a lucir como exponencial, coincidiendo con el aumento de la movilidad de las personas tras la llegada de la gasolina y la flexibilización de la cuarentena, lo que, como decíamos en editoriales anteriores, ha hecho que el coronavirus nos encuentre en la calle, en medio de una situación de presión creciente en la que la mayoría de la población no puede extender por más tiempo este  período de improductividad.

Es así como comienza a hacerse evidente, cada día, una especie de cubanización de la situación del país, en el sentido de que un porcentaje creciente de la población comienza a optar por adaptarse para sobrevivir, motivados por unas bajas expectativas de éxito y una percepción de impotencia y derrota crecientes que les hace rendirse y subordinarse al gobierno, no de manera voluntaria por su legitimidad, sino por razones de fuerza. Sobre lo que llamamos cubanización, con el mayor respeto al pueblo de Cuba, nos referimos a un efecto que ha sido documentado en varios estudios y sobre lo cual Moíses Nahim hace recientemente una interesantes entrevista a Anthony DePalma, profesor de periodismo de la Universidad de Columbia, y que usted puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=3LKh6tZw6dw&feature=youtu.be

Golpe electoral continuado

Tras la imposición de rectores electorales por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se complementa con la otorgación de competencias legislativas al Consejo Nacional Electoral para modificar, entre otras cosas, el número de diputados que será elegido en la próxima elección que tendrá lugar a finales de este año, se da un segundo golpe con la intervención de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia.

En el caso de Acción Democrática, la Sala Constitucional del TSJ emitió durante la noche del lunes 15 de junio una medida cautelar (sentencia N° 0071-2020) que suspende a su Dirección Nacional y nombra una “mesa directiva” ad hoc  a cargo de Bernabé Gutiérrez, secretario general de organización de esa tolda, agregando que “la Mesa Directiva ad hoc podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la organización”. Es importante recordar que Bernabé Gutiérrez es el hermano de uno de los nuevos rectores, José Luis Gutiérrez, designado la semana pasada por el TSJ para formar parte de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, con el rechazo de la oposición, incluída Acción Democrática.

Al día siguiente,  el martes 16, la Sala Constitucional del TSJ (sentencia N° 0072-2020) suspendió a la actual junta directiva del partido Primero Justicia y nombró como coordinador nacional de la tolda aurinegra al diputado José Brito para “conformar una junta directiva ad hoc que podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la señalada organización con fines políticos”.

Continuando con esta dinámica contra los partidos de la Unidad democrática, la Sala Constitucional del TSJ pasó a la Sala de Casación Penal un recurso planteado por el fiscal general, Tarek William Saab, para determinar si Voluntad Popular, el partido del Presidente Interino y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es una organización terrorista.

Tales medidas contra estos partidos políticos de oposición, que podrían extenderse a otros, buscan, evidentemente, expropiar sus tarjetas y símbolos para utilizarlos en la próxima elección parlamentaria con la intención de presentarla como pluripartidista y competitiva, para lo cual cabe esperar que se otorguen algunas condiciones que no implicarían mayores riesgos para el régimen en un escenario de alta abstención del lado opositor.

De esta forma el régimen liderado por Maduro avanza hacia la elección parlamentaria de este año acompañado de una oposición cooptada y diseñada a la medida de sus necesidades, en la que se incluirá la participación de los partidos más importantes del país bajo el arbitraje de un Consejo Nacional Electoral bajo su control y ahora con competencias legislativas en el ámbito electoral.

Las dificultades para el Consejo Nacional Electoral

La irrupción abrupta del TSJ en el proceso, la manera en que se hizo la designación, así como el perfil de los designados (ver editorial de PolítiKaUCAB del lunes 15 de los corrientes), pone cuesta arriba el reconocimiento de este nuevo Consejo Nacional Electoral, tal como se pone de manifiesto en los comunicados emitidos por la Unión Europea, los Estados Unidos y el Grupo Internacional de Contacto, entre otros. El desconocimiento de la legitimidad del árbitro electoral acarreará como consecuencia, el cuestionamiento de sus actuaciones, incluyendo las convocatorias a elecciones, las regulaciones impuestas, la administración del proceso, e incluso sus resultados, lo cual implica para el régimen un traspié importante en el intento por desplazar a la oposición del Poder Legislativo y retomar su control de forma tal que sus decisiones gocen de legitimidad.

A estas dificultades políticas, que echan por tierra uno de los objetivos del régimen, retomar el control del Poder Legislativo de manera tal que sus decisiones sean difíciles de desconocer tanto por actores internos como externos, se suman otras dificultades derivadas de las limitaciones de recursos materiales y humanos derivadas de la destrucción de los equipos y materiales electorales en el incendio de los depósitos del Consejo Nacional Electoral el pasado 7 de marzo, cuya resposición andaría en el orden de los diez millones de dólares, aproximadamente; la deserción de personal técnico y profesional que alcanza a casi un 70% de la nómina del organismo electoral; además de los retos que implicará organizar una elección considerando las dificultades que la pandemia de la COVID-19 podrían sumar.

Es así que, pese a lo expresado por uno de los nuevos rectores, Rafael Simón Jiménez, quien ha sido el asesor de los partidos que han estado negociando con el gobierno en la Mesa Nacional de Diálogo, en el sentido que esta elección gozaría de las condiciones electorales negociadas, primero en República Dominicana y luego en Barbados,  vamos hacia una elección parlamentaria de imposible legitimación, comenzando por el hecho de que las condiciones negociadas comienzan con la violación de los mecanismos de designación de los rectores que resultaron  favorecidos.

Aunque es predecible que esta reconfiguración incial de los partidos, impuesta desde el TSJ con la cooperación de quienes conformarán las juntas directivas ad hoc, significará, en el mejor de los casos, unos beneficios electorales marginales para quienes se han plegado a la voluntad del régimen, no deben perderse de vista los peligros que en el mediano y largo plazo esta decisión implicaría para la dirigencia legítima de los partidos democráticos. En este sentido, es predecible que el régimen tratará de ejercer coerción sobre el activismo político profesional de estas organizaciones para que se plieguen a las decisiones de las nuevas directivas y se mantengan trabajando en las bases organizativas de sus partidos a cambio de recursos y oportunidades políticas en una clara estrategia de clientelismo competitivo electoral.

“Una de las mayores causas de debilitamiento de la oposición en buena  parte de los autoritarismos competitivos se origina en el hecho de encontrarse dividida y localizada geográficamente, a lo cual el régimen suele contribuir estimulando una especie de clientelismo competitivo por recursos y cuotas de poder a nivel regional y local a través de la celebración, a veces con una frecuencia mayor a la de una democracia, de elecciones a nivel sub-nacional (regionales, municipales, locales, etc.) en las que los diferentes partidos, organizaciones e incluso actores individuales con cierto nivel de legitimidad, y a veces sólo con ambiciones, se enfrentan para ganar posiciones que les permitan el acceso a ciertos niveles limitados de poder y recursos, lo que destruye los incentivos para la unidad y dificulta la articulación entre las diferentes organizaciones para construir la capacidad real y necesaria para ser capaz de competir a nivel nacional.” (Alarcón, 2014). Hoy, aunque Venezuela ya no es un autoritarismo competitivo sino hegemónico, las razones que imponen al régimen la necesidad de legitimarse electoralmente hacen que lo afirmado en esta cita siga manteniendo vigencia.

Conclusiones

El régimen tiene la urgente necesidad de terminar esta batalla con la oposición, que se inicia con la juramentación de Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional y luego como Presidente Interino en enero de 2019. Para ello la renovación del parlamento que, por mandato constitucional, toca este año, se presenta como la oportunidad ideal para finalizar con una situación extremadamente incómoda y peligrosa mediante la neutralización definitiva de un gobierno interino que, aunque no tiene control del territorio ni de las instituciones del Estado, es reconocido por la casi totalidad del mundo democrático y cuya existencia se fundamenta en el control de la Asamblea Nacional por la oposición.

Aunque la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral no permitirá el efecto legitimador que el régimen continuará buscando mediante la concesión de condiciones, la administración encabezada por Maduro difícilmente renunciará a la oportunidad de desplazar a la oposición del legislativo y sustituirla por una élite política cooptada y convenientemente colocada al frente de los partidos tradicionales, junto a sus nuevos socios políticos de la Mesa Nacional de Diálogo, para conformar una “nueva oposición” elegida por el mismo régimen.

La única estrategia de contención que podría detener el avance autocrático del régimen a través de una elección cooptada y la persecución y posible apresamiento del liderazgo democrático estaría en la movilización interna y lo que la comunidad internacional sea capaz de hacer para contener esta arremetida contra lo que queda del sector democrático. A todo evento, este intento del gobierno por reconfigurar a la oposición, mediante negociaciones y sentencias judiciales, luce poco prometedor desde el punto de vista político y solo está logrando generar una alternativa electoral evidentemente desdibujada que se confunde con los partidos del oficialismo, lo que los condena a una existencia limitada a lo formal pero sin esencia política ni legitimidad real para convencer y representar a una gran mayoría del país que se opone al régimen y reclama un cambio político y verdaderamente democrático.

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