Benigno Alarcón Deza

Los partidos de oposición que obtuvieron la mayoría parlamentaria en el 2015 bajo lo que se conoció como la UNIDAD, se juegan hoy su existencia misma si se toman las decisiones equivocadas y se dividen, permitiendo su disolución por la persecución oficial y una serie de decisiones judiciales que buscan su desaparición y la reconfiguración de una “nueva oposición” controlada por el régimen, lo que nos aleja mucho más de un cambio democrático

Perspectivas políticas 2020

En un ejercicio de actualización de escenarios hemos comenzado por revisar el contexto que planteamos en diciembre del año pasado para el primer semestre de este año, a partir de allí, hemos revisado factores, variables y tendencias que podrán moldear la conformación de los posibles escenarios de cara al segundo semestre. Comencemos por contrastar lo que decíamos en diciembre pasado sobre lo que sería el primer semestre de este año[1]  y lo que ha venido materializándose en la realidad y que debería servir para sonar las alarmas de todo el sector democrático, que hoy pareciera estar sumido en la mayor confusión y parálisis, pese a que nada de lo estamos viendo hoy ha resultado sorpresivo o imprevisible.

En este sentido, desde el año pasado hablábamos sobre la certeza de encaminarnos hacia una elección parlamentaria inevitable hacia finales de este año, así como sobre lo muy poco probable que resultaba el escenario de una elección presidencial. Tal escenario se comienza a materializar apuntando hacia una elección parlamentaria que muy probablemente tendrá lugar entre el 6 y el 13 de diciembre próximo, mientras que la elección presidencial luce como un escenario completamente descartado.

Asimismo, decíamos que “el régimen apostaría a la celebración de elecciones parlamentarias bajo condiciones electorales suficientes para que éstas no sean eventualmente cuestionadas por la comunidad internacional, como sucedió con la presidencial de mayo de 2018, al tiempo de mantener las condiciones políticas capaces de inducir una abstención suficiente del lado de los electores de oposición, haciéndoles preferir el boicot a la participación y producir así resultados electorales favorables que le devuelvan el control de la Asamblea Nacional, como sucedió en el 2005, ahora con la cooperación de “una nueva oposición” representada por sus interlocutores en la Mesa Nacional de Diálogo, lo que excluiría a la oposición  política mayoritaria de los espacios institucionales de representación oficial, dejándoles sólo la calle y las redes sociales como campo de acción.”

Aunque hasta el presente el régimen pareciera ir bien encaminado hacia el objetivo de lograr la abstención de la oposición mayoritaria en la próxima elección parlamentaria y su sustitución por una “nueva oposición” cooptada, las condiciones para evitar los cuestionamientos que originaron el desconocimiento de la elección presidencial de 2018 no parecen correr con la misma suerte tras la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en la designación de rectores y la posterior intervención de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia, así como la solicitud hecha por la Fiscalía general para que Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó, sea declarado como organización terrorista, y prueba de ello son los pronunciamientos realizados desde distintas instancias internacionales como la Unión Europea, los Estados Unidos, el Grupo Internacional de Contacto y la Organización de Estados Américanos.

Asimismo, pese a la alta disposición a protestar que se mostraba en los distintos estudios de opinión, incluidos los nuestros (Opinión Pública de noviembre de 2019[2]) la falta de disciplina para constituir una estructura orgánica mediante iniciativas como Voluntarios por Venezuela y Operación Libertad, así como el mal uso, el abuso y la improvisación en la convocatoria a protestas originaron la desmovilización de una población con una alta disposición a manifestarse, que se vio exacerbada por los efectos de una cuarentena, imprevisible para el momento en que presentamos nuestros escenarios en diciembre pasado, lo que, aunque no cambió en nada el resultado previsto que indicaba una mayor autocratización del régimen durante este año, sí exacerbó el control social y la desmovilización reduciendo de manera importante los costos de represión para mantener la estabilidad del régimen.

Nuestro ejercicio de escenarios de diciembre pasado se desarrollaba entre cuatro escenarios:

1. Autocratización (rojo): Lo que implicaba mayor concentración del poder en Maduro y la élite gubernamental que le acompaña, el avance en el control del régimen sobre el poder político, o sea, sobre el sistema de partidos políticos, incluidos los de la oposición, una menor dependencia de la legitimidad electoral (incertidumbre sobre las reglas y procedimientos, certidumbre sobre cuáles serían los resultados), un nuevo avance en la eliminación de los contrapesos institucionales o políticos, lo que en este caso se traduciría en la retoma del control de la Asamblea Nacional.
2. Militarización (verde): Un aumento del poder político de la élite militar, el desplazamiento de la élite política por la militar y el control sobre las decisiones políticas, la estabilidad y gobernabilidad se hacen más dependientes del uso de las armas y no de la legitimidad.
3. Transición Tutelada (amarillo): Transición por reforma, o sea, por decisión de parte de los actores que están en el poder, pero bajo la tutela o el control de una élite, donde el componente militar tiene el principal peso, ésta élite tolera la inclusión o el cambio de actores en el gobierno, se impone el condicionamiento de una transición a los acuerdos entre la élite militar y la élite política opositora, se impone un sistema de contrapesos en el que existe el control militar y de parte de la élite gubernamental sobre las garantías institucionales otorgadas y los cambios institucionales son progresivos y lentos.
4. Transición plena (azul):  La transición se produce por una ruptura o una reforma que desplaza a la casi totalidad de la élite gubernamental, se produce un cambio de actores en el poder, este cambio de élites se acompaña de cambios institucionales y constitucionales que buscan la consolidación del proceso haciéndolo irreversible, se impone la independencia de poderes y reinstauración de balances y contrapesos institucionales y se reinstala un sistema que permite elecciones bajo condiciones de integridad electoral.

Fuente: cuadro original elaborado por la Mesa de Análisis Coyuntural del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (UCAB).[3]

Al finalizar el año pasado, el statu quo estaba representado por el escenario número 24, aunque considerábamos probable que pudiera moverse hacia el escenario 20 si la oposición (G4^[4] y Guaidó) no reunificaban filas al interior de sus fuerzas, luego del saldo negativo de 2019 con respecto a los intentos fallidos de cambio político.

El escenario que proyectábamos entonces como el más probable era uno de autocratización, reflejado en el cuadrante número 3, para el primer semestre de 2020 y posiblemente para el resto del año, aunque el régimen trataría de reducir los niveles de protesta para colocarse en un escenario más estable, por sus menores costos de represión, representado por el cuadrante 4. El coronavirus permitió en alguna forma justificar un aumento del control social y abortar los intentos por retomar la movilización que se hicieron inmediatamente tras el regreso de Guaidó de su gira internacional.

A todo evento debe reconocerse que este esquema de control social comienza a mostrar algunos signos de agotamiento al haberse extendido por ya casi cuatro meses, y sin idea de cuándo terminará, como consecuencia de una imposición prematura de la cuarentena, por razones políticas más que sanitarias y su extensión por la ralentización del contagio como consecuencia del aislamiento previo del país y la desmovilización que impuso la carencia de combustible.

El desarrollo de las tendencias

Hoy, cuando nos encontramos en pleno proceso de revisión de algunas tendencias de cara a la evolución de los escenarios para el segundo semestre y el próximo año, y a la espera del resultado de los estudios que nos ayudarán a dilucidar cómo ha evolucionado la actitud de la población desde nuestra última medición al cierre del año pasado, el reto electoral planteado por el régimen para finales de este año y la evolución de la pandemia y sus posibles consecuencias, lucen como el centro de gravedad en torno al cual se moverá buena parte de la dinámica que dará forma a los escenarios posibles.

Es así como el régimen, en la medida que ha venido avanzando hacia la construcción de una elección parlamentaria controlada (rigged election) que le permita desplazar a Guaidó y a la oposición mayoritaria contra la cual perdió la elección parlamentaria de 2015 para retomar el control del Poder Legislativo, trata de encontrar una fórmula entre cuarentena y normalización, que le permita mantener el equilibrio ante las crecientes presiones sociales y una posible pérdida de control de la panemia, lo que podría acarrear una situación de ingobernabilidad en la que todo es posible.

Aunque los casos reconocidos de contagio por el coronavirus vienen aumentando en número y ritmo, aún en las cifras oficiales, todos los expertos coinciden en que hay una subestimación muy importante en el número de casos reconocidos que se explica por la monopolización de las pruebas PCR por el gobierno, a través del Instituto Nacional de Higiene con sede en Caracas, en el que no hay capacidad para procesar más de unas 100 pruebas diarias, lo que se complementa con un número mayor de pruebas rápidas que, según fuentes oficiales suman alrededor de unas 400.000 a la presente fecha, pero cuyo porcentaje de error puede superar el 50% y cuyos resultados no se están haciendo públicos.

Esta tendencia creciente en el contagio de la enfermedad y el temor a una posible pérdida de control de la situación sanitaria de parte del régimen hace predecible una continuación de la cuarentena, con avances y retrocesos en el esquema de flexibilización, lo que demandará un mayor despliegue del aparato represivo y de control social, entre otras medidas como las limitaciones de combustible y transporte público, lo que se convierte en uno de los principales desafios para la sustentabilidad del régimen al agregar mayores tensiones a un escenario con condiciones ya muy precarias.

En lo electoral

En relación a lo electoral, los últimos eventos relacionados con la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y la intervención de los partidos Acción Democrática y Primero Justicia para ponerlos bajo la dirección de Juntas Directivas ad hoc designadas también por el Tribunal Supremo de Justicia, han generado una debacle entre los partidos de oposición que hasta hoy aún no se pronuncian sobre la estrategia que adopatarán en relación a la elección parlamentaria, cuya convocatoria se debe producir en los próximos días, tan pronto los nuevos rectores logren ponerse de acuerdo en los aspectos relacionados con su organización técnica y logística, así como sobre algunos aspectos políticos no menos importantes. Entre estos aspectos que deben estarse discutiendo entrarían, sin mayor lugar a dudas, lo relacionado con la adquisición de nuevos equipos y material electoral, tras la destrucción de los inventarios por el incendio de los galpones de Mariches cuyas causas aún no se han determinado; así como los compromisos adquiridos con los liderazgos representados en la Mesa Nacional de Diálogo y que permitirían el desplazamiento de la actual mayoría parlamentaria del control de la Asamblea Nacional por esta “nueva oposición”, como es el caso de un aumento sustancial en el número de diputados a ser electos.

Conclusiones

Pese al enorme deterioro económico y social de los últimos años, agravado en la actualidad como consecuencia de la pandemia, el gobierno sigue siendo sostenible con un muy bajo nivel de ingresos gracias a la reducción de su tamaño y como consecuencia de los recursos que necesita, lo que ha contribuido a mantener su viabilidad en medio de una situación muy precaria, pero en la que el régimen continúa detentando el control del Estado, sus instituciones, el territorio y las armas, gracias a que se mantiene una alta cohesión entre sus actores claves, lo que hace que, en la medida de lo que es previsible, nos alejemos de las condiciones políticas necesarias para que se produzca una transición democrática.

Tal como habíamos previsto en los escenarios proyectados a finales del año pasado, ante la falta de resultados y la ausencia de consensos sobre una estrategia alternativa y los incentivos que genera la inminencia de un evento electoral como las parlamentarias de este año, además de las regionales y municipales del próximo, la oposición comienza a perder cohesión y a fragmentase, lo que se manifiesta primero en la negociación realizada en paralelo a la de Barbados con un grupo de partidos minoritarios y el gobierno, en lo que se conoce como la Mesa Nacional de Diálogo, liderados por Henri Falcón, Claudio Fermin, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica y Javier Bertucci; y tras las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, por el debate en el G4 entre quienes abogan por la abstención y quienes buscan mecanismos paralelos de participación.

Los partidos de oposición que obtuvieron la mayoría parlamentaria en el 2015 bajo lo que se conoció como la UNIDAD, se juegan hoy su existencia misma si se toman las decisiones equivocadas y se dividen, permitiendo su disolución por la persecución oficial y una serie de decisiones judiciales que buscan su desaparición y la reconfiguración de una “nueva oposición” controlada por el régimen, lo que nos aleja mucho más de un cambio democrático.

Sin embargo, aunque el régimen se mueve rapidamente, lo hace en un escenario que no está libre de riesgos, al verse obligado a navegar entre las tensiones sociales derivadas de la emergencia humanitaria y sanitaria, el deterioro progresivo de las condiciones económicas que hacen cada vez más difícil la subsistencia y una sociedad que durante viente años se ha mostrado resiliente, lo que podría traducirse, en algún momento, en nuevas dinámicas o movimientos, así como en un crecimiento de la conflictividad, ante el cierre de mecanismos institucionales como el electoral, con resultados imprevisibles.

[1] Presentación de Benigno Alarcón, CEPyG-UCAB, sobre el tema político: https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/12/alarcc3b3n-pdf.pdf

[2] Presentación opinión pública nacional (diciembre, 2019) con base en el estudio del CEPyG-UCAB: https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/12/seijas-pdf.pdf

[3] Presentación de Benigno Alarcón, CEPyG-UCAB, sobre el tema político: https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/12/alarcc3b3n-pdf.pdf

[4] G4: Partidos que representan la mayoría en la Asamblea Nacional, que, además, solían conformar el núcleo político de la extinta Mesa de la Unidad (MUD), contexto en el cual surgió la denominación del G4: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT).