Carta del Director

Editorial

Benigno Alarcón Deza | 13 de julio de 2020

En medio de una aceleración en el número de contagiados por COVID-19, y las protestas de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional democrática por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), relacionadas con las condiciones impuestas de cara a las elecciones parlamentarias, todo parece avanzar hacia su concreción el próximo 6 de diciembre, fecha ya anunciada por el organismo comicial.

Ante este escenario, la lucha dada por la democracia, tanto desde dentro como desde fuera del país, debería centrarse en el derecho a elegir, a fin de socavar la capacidad legitimadora de los procesos electorales fraudulentos por venir, tanto el de diciembre de este año como los que servirán para renovar las autoridades regionales y municipales en 2021, al tiempo de aumentar sus costos para el régimen.

La bandera por elecciones libres como estrategia de lucha, ha ido ganando terreno en las filas opositoras. Con el tiempo prácticamente ya agotado, parece muy poco probable que se alcance una decisión unitaria y mucho menos que tal decisión se incline hacia la participación en las próximas elecciones parlamentarias. A estas alturas de juego, la decisión que se impone entre la mayoría de los actores políticos del G4 es la de no participar.

La mayor dificultad de la oposición para participar no está en la intervención judicial de sus partidos mayoritarios, pues existen tarjetas habilitadas que podrían asumirse como plataformas unitarias, como es el caso de Alianza del Lápiz Partido Popular (Alianza del Lápiz), La Fuerza del Cambio (FDC), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC), Partido Unión y Entendimiento (Puente), Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa), entre otros. El inconveniente más importante está en el tiempo para hacer campaña y organizar una maquinaria en medio de la cuarentena sanitaria y en cómo redireccionar el discurso para justificar la decisión y sacar a la gente a votar para derrotar al gobierno con este Consejo Nacional Electoral bajo las actuales condiciones y con Maduro en el poder.

El escenario que se conforma en la actualidad pareciera avanzar hacia la consolidación de un jaque electoral y judicial contra los partidos mayoritarios de la oposición y aquellos minoritarios que han acompañado al G4 de manera incondicional. Tal derrota implicaría la elección e instalación de un nuevo parlamento dominado por el oficialismo, pero con la participación y presencia de una minoría opositora muy fragmentada representada por una multiplicidad de partidos, que pondría punto final a las tesis en las que se sustenta la continuidad de la Asamblea electa en el 2015, así como la del gobierno interino ejercido por el actual presidente del parlamento.

Tras la ausencia de alternativas viables, Guaidó y sus aliados defienden, como “estrategia”, tras la abstención, la tesis de la continuidad administrativa de la actual Asamblea Nacional y del Gobierno interino como consecuencia de la celebración de una elección parlamentaria írrita que implicaría su desconocimiento de parte del sector democrático nacional y de los países que hoy lo reconocen como Presidente encargado.

Tal “estrategia” presenta varias debilidades importantes. Una de ellas es lo establecido en el Estatuto de Transición, según el cual el mandato del actual Parlamento culmina el 4 de enero de 2021. A ello se suma la dificultad para extender la vigencia de una Asamblea en la que una importante proporción de sus diputados, que incluye a los del oficialismo así como a los representantes de los partidos minoritarios que participarán en esta elección e incluso a algunos de quienes forman parte de la oposición mayoritaria, pero no están dispuestos a asumir los costos de esta jugada; no continuarían formando parte del órgano legislativo.

 Cabría preguntarse si ante este escenario existe alguna tesis política o jurídica aceptable que permita continuar reconociendo la continuidad de la Asamblea Nacional o del gobierno interino, independientemente de la suerte que corra el Poder Legislativo Nacional. Esta posibilidad es altamente dependiente del reconocimiento de la comunidad internacional, más allá de la posición que asuma el gobierno de los Estados Unidos a partir de enero.

Luce cuesta arriba encontrar los argumentos políticos y jurídicos que permitirían a los aliados internacionales del sector democrático mantener el apoyo al gobierno interino bajo las tesis continuistas. En el mejor de los casos,  la mejor alternativa posible para el sector democrático sería lograr que se imponga el desconocimiento de la elección de parte de la comunidad internacional y la gran mayoría del país, por las mismas razones que se desconoció la elección presidencial de mayo de 2018, aunque ello implique un resultado subóptimo como lo sería el vacío legislativo.  

Asimismo, para impulsar esta estrategia de ilegitimación de las parlamentarias y de lograr elecciones libres, se hace necesario que la oposición emprenda un proceso urgente de reinvención y reconfiguración, distinto al que pretende el régimen mediante las intervenciones judiciales de los partidos mayoritarios y su desplazamiento electoral por otros partidos minoritarios cooptados que tienen muy pocas posibilidades de lograr legitimarse ante una proporción mayoritaria de la oposición.

Tal proceso implica la generación de una nueva plataforma unitaria e inclusiva en la que puedan encontrarse nuevos y viejos actores, pero en la que lo nuevo tendrá un peso específico para lograr su legitimidad ante la mayoría del país. Esta plataforma tendría que considerar acuerdos y coordinación con otros sectores de la sociedad civil que han logrado capitalizar la confianza de la población como la Iglesia, las universidades, los empresarios, los estudiantes y las organizaciones ciudadanas.

El reacomodo dentro del régimen

De la misma forma en que el régimen pretende el desplazamiento de la actual oposición y su sustitución por una cooptada, pareciera que también avanza en una reconfiguración de su propia arquitectura interna, en la que actores que acompañaron a Chávez son desplazados por otros leales a Maduro tanto en lo político como en lo militar, donde la figura del General en Jefe, Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López toma un poder mayor al que ya tenía.

El pasado 5 de julio, con ocasión del Aniversario 209 de la Independencia de Venezuela, el Ministro de la Defensa pronunció un inédito y polémico discurso en el que, apartándose de lo que habría sido su comportamiento habitual, advirtió a la oposición que “no pasarán, no serán poder político en Venezuela jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria y bolivariana”[1]

Algunas interpretaciones, desde nuestro punto de vista equivocadas, asumieron tal discurso como un intento desesperado de Padrino por ser ratificado como Ministro de la Defensa para el nuevo período, lo cual no tendría sentido si se considera que su ratificación nunca estuvo en duda. Tal discurso sí evidencia la confrontación personal y directa del ministro con la oposición liderada por Guaidó, al tiempo que envía un mensaje a múltiples actores, dentro y fuera de Venezuela, en su rol de actor esencial, con voz propia, en cualquier proceso que se pretenda.

La actitud de Padrino, injustificable desde el punto de vista legal y de la neutralidad política que corresponde a una institución militar al servicio de la nación, encuentra su explicación como respuesta a la narrativa de la oposición hacia la Fuerza Armada y sus múltiples intentos por dividirla para generar un alzamiento militar como consecuencia de una insubordinación hacia las actuales autoridades políticas y militares, así como una posible confrontación en la que facciones militares de uno y otro lado estarían, irremediablemente, en primera fila.

A continuación, el martes 7 de julio en la tarde, durante el acto de graduación conjunta de oficiales comando y técnicos, egresados de la Universidad Militar Bolivariana en el Patio de la Academia Militar en Fuerte Tiuna, Maduro realizó los anuncios sobre la composición del Alto Mando Militar en el que, sin que mediase sorpresa alguna, se ratifica a Vladimir Padrino López, por sexta vez consecutiva, como Ministro de la Defensa afianzándose su poder como máximo líder militar y actor clave para el gobierno presidido por Maduro. Cabe destacar que este oficial ejerce el cargo desde el 25 de octubre de 2014.

La constancia, disciplina y paciencia del General Padrino López como actor no sólo militar, sino también político, pareciera estar dando sus frutos para él, tras el desplazamiento de la totalidad de la promoción General de Brigada Tomás Montilla- la de Diosdado Cabello-, mediante su pase a retiro, mientras fueron ascendidos a mayores generales otros militares que acompañaron también a Chávez en los intentos de golpe de Estado de 1992, como Wistohor Gregorio Chourio Andrade (Jefe de la ZODI del Distrito Capital) y Félix Osorio Guzmán (ex Ministro para la Alimentación), además del nuevo Comandante de la Aviación, José Rafael Silva Aponte. Entre quienes fueron removidos de sus cargos, en el Alto Mando Militar destacan dos hombres incondicionales a Diosdado Cabello: el Comandante del Ejército, José Rodríguez Cabello y Jesús Mantilla Oliveros, quien era el segundo del Comando Estratégico Operacional.

Este giro representa un duro golpe a la base de poder de Cabello, quien de hecho no estuvo presente en el acto del 7 de julio en el que se formalizó el pase a retiro de la promoción y desde entonces ha desaparecido de la escena pública por haber, supuestamente, contraído el coronavirus.

En este reacomodo del tablero, Cabello podría constituirse en uno de los principales perdedores si al pase a retiro de la totalidad de su promoción se suma la extinción de la Asamblea Nacional Constituyente en el próximo año, como al parecer sería la intención tras la toma del control de la Asamblea Nacional en enero de 2021. No debería resultar extraño encontrarnos con un Diosdado Cabello que compita en la elección parlamentaria y trata de hacerse con el control del nuevo parlamento.

La comunidad internacional sigue presente

Mientras en lo internacional continúan los pronunciamientos a favor de elecciones libres en Venezuela y se continúa presionando al régimen a través de sanciones, destaca la evolución del impasse entre el gobierno y la Unión Europea tras el anuncio hecho por Maduro sobre la expulsión de la Embajadora Europea con motivo de las sanciones impuestas a Venezuela el pasado 29 de junio, que incluían la congelación de activos y la prohibición de entrada a suelo comunitario a once altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro.

La medida de expulsión fue revertida en menos de dos días, luego de conversaciones entre el canciller de Maduro, Jorge Arreaza y el Alto Representante de la Unión Europea para asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Ante esta situación y la necesidad de “rebajar tensiones para preservar la cooperación y el diálogo político”- que fueron los argumentos usados en el comunicado conjunto de Borrell y Arreaza-, es previsible una moderación de la Unión Europea que podría tener efectos inmediatos en la aplicación de las sanciones existentes, la imposición de nuevas sanciones, e incluso en los esquemas de cooperación internacional tanto con el gobierno de Maduro como con la oposición y las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la democracia en Venezuela.

Así pues, en el plazo de los meses que restan para la elección parlamentaria del 6 de diciembre, y la inmediata instalación de la Asamblea Nacional, el escenario más probable es el de la concreción de un  jaque electoral y político por parte del gobierno de Maduro, dejando poco espacio para una oposición conformada por una parte mayoritaria, pero sin control de sus propios partidos y seguramente sujeta a persecuciones y otra representada por partidos pequeños y figuras poco relevantes. 

Tal jugada no significaría necesariamente la desaparición de la oposición encarnada por el G4, pero para que así sea requiere un proceso urgente de reinvención, reconfiguración y redefinición estratégica que mira más allá de enero 2021, partiendo del inevitable reto de luchar por el incuestionado derecho a elegir libremente.