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La destrucción progresiva de Venezuela

Tomada de El País

Eglé Iturbe

Durante los últimos 22 años hemos sufrido el deterioro institucional del país y observado el milagro de haber convertido una de las democracias y economías más pujantes de la región, en uno de los países más miserables del continente. En 1998 se pensó que la democracia estaba fallida y que hacía falta una renovación y se apostó por el militar golpista Hugo Chávez Frías, que trató de derrocar el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, un 4 de febrero, con la excusa de reivindicar la democracia y resolver todas las fallas que esta tenía. Su programa de gobierno ofrecía “abatir la corrupción, eliminar la pobreza, la discriminación y la invisibilidad de los más pobres y convertirla en una sociedad más participativa, protagónica y solidaria”. Los resultados, 22 años después, están a la vista.

 Este año se cumple el centenario del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, un demócrata cabal, que sufrió la traición de su partido; la presión del fiscal general de la República Ramón Escobar Salón, quien lo acusó de malversación de fondos públicos de la partida secreta, por darle apoyo a la recién electa presidenta de Nicaragua , Sra Violeta Chamorro; la decisión de la CSJ  que había méritos para su enjuiciamiento, y la separación del cargo por el Congreso Nacional;   además,   de la indiferencia de los ciudadanos que habían votado mayoritariamente por él en 1993 .Permaneció en el poder tres años  y falleció en Miami el 23 de diciembre del 2010 a los 88 años ; y por si fuera poco, su cadáver permaneció en disputa familiar por nueve meses, hasta que fue trasladado a Caracas para su entierro, en el país al que tanto aportó para mantener la democracia, la calidad de vida y propiciar el desarrollo económico. político y social. En su discurso de despedida dijo: ” hubiera preferido otra muerte”, no fue hombre de rencores, ni de venganzas y soportó un juicio, destitución, cárcel y exilio, totalmente injustos. Honor a un demócrata a carta cabal. A quien la historia empieza a reivindicar.

El inicio de la desintegración de las principales instituciones del país empezó deliberadamente en 1999 con la convocatoria a una constituyente para redactar una nueva constitución que permitiera cambiar las condiciones del país y empezar a mirar hacia una sociedad socialista revolucionaria. La nueva constitución entra en vigor en el año 2000; y si bien, fue concebida para dar flexibilidad al nuevo gobierno en los cambios ofrecidos, podemos decir que casi todos los artículos han sido violados por el régimen gobernante, sin que se produzca ninguna consecuencia.

Lo primero que hizo el gobierno de Chávez en 1999 fue cambiar los símbolos patrios, el nombre de la República, el escudo y la bandera. El nombre de la República para apellidarla bolivariana se cambió al aprobarse la nueva constitución. El escudo y la bandera en el 2006 con una nueva Ley. El himno nacional no ha sido cambiado. HCH siguió haciendo cambios y amplió el número de ministerios, de 16 a 27 en el 2007, y a 28 en el 2012. Hoy Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, ha llevado el número de ministerios a 33; y   los programas sociales, se realizaron al margen de los ministerios respectivos. Es el caso de las misiones, las cuales fueron centralizadas en la Presidencia de la República.

Es importante el impacto del programa Barrio Adentro, en el área de salud, que debilitó los programas se esa área del ministerio respectivo y provocó el decaimiento de la atención en los hospitales del país. La atención primaria quedó en manos de los cubanos, a quienes se le compró la franquicia, y enviaron a lo largo del programa más de 30.000 profesionales de la salud. Actualmente la mayor parte de los sitios de atención a nivel nacional, los llamados CDI, permanecen cerrados o con poca actividad, porque la mayoría de esos profesionales cubanos se han ido del país y  el gobierno los ha ido sustituyendo por médicos comunitarios, formados en 3 años, sin herramientas tecnológicas adecuadas. Hoy en día los hospitales están en alto grado de abandono y sin medicinas ni equipos.

En el caso de la educación, la pandemia ha contribuido a  debilitar la educación pública por la pérdida de maestros que han emigrado en busca de mejores condiciones económica y el trabajo a distancia que impide una tarea continua por las fallas de internet en la mayor parte del país, la falta de equipos en las familias de menores ingresos y la falta de apoyos familiares a los alumnos. En el caso de las universidades, casi todas las autónomas han sido estranguladas por razones presupuestarias que no permiten una adecuada remuneración a los profesores, que si están jubilados están padeciendo los altos niveles de inflación con jubilaciones, y los activos, en su mayor parte, han buscado actividades complementarias para poder sobrevivir o emigrado. El último año, el régimen ha tratado de poner mano a las universidades , especialmente a la Universidad Central de Venezuela, que cumple 300 años de fundada y ha formado a la mayor parte de los profesionales  del régimen. Como ejemplo  de lo anterior está el video con  la presencia de Maduro y Delcy Rodríguez en el Aula Magna de la UCV haciendo un amplio recorrido por sus instalaciones , y además, nombrando ministra de Educación Universitaria a la exrectora del CNE, Tibisay Lucena, en cuyo ministerio se está preparando una nueva ley de universidades, con el objetivo de eliminar la autonomía.

 Las instituciones fundamentales de la República, como la Tribunal Supremo de Justicia (TSJ ), la Asamblea Nacional (AN) , la Contraloría General de la República (CGR) , el Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General de la República,(MP), y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ahora funcionan como brazos del Poder Ejecutivo: siguen órdenes de la presidencia, lo precisamos en casos como las elecciones de Barinas, donde se dejó de reconocer al gobernador ganador y el TSJ ordenó convocar a nuevas elecciones, el 9 de enero del 2022. En esta decisión participaron además del TSJ (pasando por encima del CNE), la CGR que  declaró inhabilitado para cualquier cargo público a Freddy Superlano, sin expediente y sin que el CNE estuviera informado de ese hecho, impidiendo su participación en los nuevos comicios; también inhabilitó a otros potenciales candidatos.

El TSJ entre 2015 y 2021 ha intervenido a una decena de partidos y reasignado sus tarjetas a discreción. Los partidos intervenidos han sido AD, VP, PJ, BR, MEP, REDES, PPT, COPEI, NUVIPA.  Todos se han ingeniado para participar en las recientes elecciones regionales en alianza con otros partidos. Esta situación elimina la democracia interna de estas organizaciones, que por sus reglamentos deben escoger a sus autoridades en elecciones internas. Solo PJ no ha participado en estas alianzas y está buscando fórmulas para elegir a su propio candidato presidencial de cara al 2024.

La otra institución que ha sido destruida en estos últimos años es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya ley ha sido cambiada varias veces para darle una organización más horizontal en las regiones y más independencia a los comandantes regionales. Esta pérdida de eficacia de la FANB quedó en evidencia en los sucesos recientes en el estado Apure, cuando se intentó combatir a la guerrilla del ELN y FARC, con el resultado de varios militares venezolanos muertos y otros secuestrados; ambas guerrillas aún permanecen en territorio venezolano. La otra parte de la destrucción de las FANB viene de la participación de uniformados en la administración pública nacional y regional, con un desempeño muy deficiente por no saber manejar la toma de decisiones en las políticas públicas. Los militares mandan y se obedece, pero en la administración pública es necesaria la coordinación entre varias oficinas e inclusive ministerios, para poder definir políticas públicas eficientes y de calidad. Actualmente hay 11 ministro militares de alto rango (un tercio del Gabinete), con incentivos económicos, y según Control Ciudadano,  el 17% de los gobernadores electos en noviembre.

En lo social, lo más grave es el crecimiento exagerado del trabajo informal para poder encontrar recursos de sobrevivencia. Los estratos más perjudicados por esta indiferencia gubernamental son los ancianos y los niños, cuando sus madres no tienen como alimentarlos. Las cifras de la investigación de ENCOVIC son ilustrativas sobre estos aspectos.

El régimen ha estimulado la salida de casi 7 millones de venezolanos, jóvenes en una proporción elevada, lo que afecta el bono demográfico de la nación. Se dice que estos siete millones de venezolanos están repartidos en más de 90 países del mundo; y una gran parte de ellos, en la región latinoamericana. Sufren xenofobia, maltratos y poca solidaridad. Países como Chile, Argentina y Perú olvidan que Venezuela fue el principal receptor de sus conciudadanos cuando las dictaduras los expulsaron. Colombia ha sido el país más solidario del continente con la diáspora venezolana.

En lo económico, además de la destrucción programada de la industria petrolera, se arruinó el campo con la toma de haciendas productivas y fincas lecheras; la industria y el comercio con la expropiación de empresas productivas que han pasado a ser ineficientes o están desmanteladas y vendidas como chatarra de exportación. El gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de dar un giro a la situación, permitiendo una dolarización informal que lo obliga a quemar reservas internacionales para mantener estable el tipo de cambio. De hecho, hemos pasado del país con la hiperinflación más alta del mundo, a un país con una inflación alta (+de 600%), donde solo pueden sobrevivir los que reciben dólares  en remesas familiares, o hacen negocios con el régimen y pueden comprar en los bodegones: Caracas está llena de estos establecimientos.

El régimen ha aprobado una ley de protección contra las sanciones, que permite entregar empresas expropiadas a inversionistas extranjeros, sin que la información sea conocida por la sociedad, lo cual estimula aún más la corrupción. La industria eléctrica Guri está en franco proceso de destrucción y los apagones son constantes en todo el país, al igual que el suministro de agua potable y gas doméstico. La gasolina y el diésel se traen parcialmente de Irán, violando las sanciones impuestas por Estados Unidos a la comercialización de productos del sector petrolero . El arco minero del Orinoco es la devastación más grande de la zona de Guayana, y de la calidad de vida de los indígenas pemones y otras tribus que allí habitan desde tiempos ancestrales; la deforestación, el uso del mercurio para la explotación del oro y otros minerales es la fuente de ingresos más fuerte de régimen con la exportación a países amigos como Turquía y Rusia.

Venezuela ya no es un país, es un territorio invadido silenciosamente por Cuba, las guerillas colombianas, los chinos, rusos e iraníes. El régimen tiene mano libre para violar todas las leyes y la constitución. Ha impedido el referendo revocatorio, convocándolo con condiciones imposibles de cumplir; ha eliminado los resultados de las elecciones que se realizaron en el estado Barinas en noviembre; adelantó la fecha de las elecciones presidenciales del 2018; viola sistemáticamente las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países para la comercialización  de los hidrocarburos ; no respeta los derechos humanos y mantiene un elevado número de presos políticos, tanto civiles como militares, en condiciones poco dignas; mantiene al 80% de la población con un salario mínimo de $2 al mes al igual que las jubilaciones de los ancianos; desatendió la salud y la educación; ha permitido la libre circulación del dólar para beneficio de los que reciben remesas, y recientemente ha subido el costo de todos los trámites oficiales al valorarlos en petros; ha propiciado la diáspora de siete millones de compatriotas y le son indiferentes los atracos, asesinatos y vejaciones que están sufriendo estos compatriotas, recientemente han perecido dos niños, una niña ahogada en el Río Grande tratando y otro niño abaleado, en brazos de su madre, por un guardacostas de Trinidad y Tobago . No es posible vivir en Venezuela, mientras no alcancemos de nuevo la libertad y la democracia, que nos permita iniciar la reconstrucción de nuestro país. Estos crímenes serán penados a su debido tiempo. La justicia tarda, pero llega.

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