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¿El Ministro de la Defensa de Venezuela no cree en la democracia?

Foto extraída de: El Tiempo Latino

Yakeling Benarroche Amado | 15 de julio de 2020

Licenciada en Estudios Internacionales, Especialista en Derecho Internacional Humanitario, Magíster en Seguridad y Defensa de la Nación, con estudios de Doctorado en Seguridad y Desarrollo Integral y de Estudios Políticos y de Gobierno. Se ha desempeñado como Coordinadora Académica de programas de postgrado y extensión en la Universidad de las Fuerzas Armadas, en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (IAEDEN) y del Centro Internacional de Servicios Educativos en Línea. Actualmente es la Coordinadora Académica del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello y docente de postgrado en diversas áreas como Derecho Internacional Humanitario, Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, Pensamiento Estratégico, Seminarios de Trabajo de Grado, entre otras.

@yakybena


Las recientes declaraciones del Ministro de la Defensa de Venezuela, General en Jefe Vladimir Padrino López, dirigida a los grupos opositores al régimen de Nicolás Maduro, que entre otras afirmaciones expresa “no pasarán, no serán más poder político en Venezuela mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos: anti imperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela”, lejos de generar un clima de confianza hacia la organización militar y evidenciar su respeto por las instituciones políticas, por las leyes y el estado de derecho, constituyen una verdadera afrenta a los principios básicos del sistema democrático y al rol que debe jugar la organización militar en una República. Si bien es cierto que la Fuerza Armada Nacional ha experimentado un proceso de transformación legal, estructural y doctrinario como parte de los mandatos del denominado “Socialismo del Siglo XXI”, que la han aproximado a los intereses del proyecto político-ideológico del gobierno, parte de dichas mutaciones han sido contrarias al mandato constitucional. En este orden ideas, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1.999, le corresponde a la FAN la misión de garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, lo que implica el mandato de la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Para cumplir con las responsabilidades conferidas es necesario que la organización posea una estructura con capacidad de respuesta y un talento humano que tenga la aptitud moral y las competencias físicas e intelectuales para hacer frente a las amenazas que pueden afectar la sobrevivencia de la Nación. Sin embargo, el posicionamiento político asumido por el jefe de la cartera de defensa, pareciera estar más en sintonía con los intereses del régimen de conservar el poder, que con las responsabilidades otorgadas en la Carta Magna y que están directamente asociadas al bienestar de la nación y de sus ciudadanos. Tal apego resulta aún más contradictorio, cuando se resalta el contenido del artículo 328 que establece, entre otras cosas, que la institución “en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.

No existe duda alguna que el General Padrino López expresó su sentir antidemocrático desde una posición de poder que, al parecer, le permite estar por encima de los valores y principios que caracterizan a un sistema democrático, conquistado por los venezolanos con esfuerzo durante los 40 años de la llamada IV República. Con base en esto, cabe reflexionar acerca de qué elementos privan para que uno solo de los miembros de la organización militar, y de esa jerarquía, desconozca que la alternabilidad es uno de los principios de la democracia; que los partidos políticos son los legítimos representantes de los intereses de los ciudadanos; que las instituciones independientes y autónomas son el corazón de este sistema; y que las Fuerzas Armadas son una organización al servicio del Estado, y por ende del soberano, es decir los ciudadanos venezolanos. Acaso también se está cercenando el derecho a opinar, a disentir, a elegir?. No es poca cosa lo que estamos presenciando, es la aniquilación del estado de derecho y con él las garantías de los venezolanos, así como la vigencia de los entes públicos, que a duras penas subsisten en un país donde la precariedad institucional se ha normalizado.

La imagen que percibe el ciudadano común de la organización castrense es la de una institución incapaz de comprender las reales demandas de la sociedad venezolana y asumir la existencia de una crisis estructural que está afectando al grueso de la población. Un ente ajeno al padecimiento continuado de la gente, que además carece de respuestas claras y coherentes de parte de los entes del Poder Ejecutivo, responsables de generar las soluciones a las apremiantes demandas de la sociedad. Situación crítica a la cual no están ajenos sus propios miembros.

La sociedad venezolana clama por una solución a la profunda y generalizada crisis humanitaria compleja que padece, pero no consigue eco en las instituciones responsables de brindar tales garantías, y, de acuerdo a la opinión del ministro Padrino López, las FAN no están dispuestas a  coadyuvar al cumplimiento de las leyes de la República. Al parecer, se pretende ignorar la existencia de un colectivo que clama por un cambio de rumbo y que requiere de soluciones urgentes, dentro de las cuáles está un proceso electoral con garantías y condiciones de confiabilidad, seguridad y transparencia. Como podría entonces verse un proceso de elecciones custodiado por el Plan República, cuando el máximo representante militar ha afirmado que “la oposición nunca será gobierno”?, cómo creer en la honestidad de los miembros de una organización cuyo líder de antemano expresa posición política “anti imperialista, revolucionaria y bolivariana”?. Resulta poco comprensible y excesivamente peligroso el presenciar la destrucción de una institución con trayectoria histórica, con valores y principios sólidos, para dar paso una organización al servicio de una parcialidad política, incapaz de defender y garantizar la seguridad de los ciudadanos asediados por grupos paramilitares, hampa común, pranatos institucionalizados, y un sinfín de males que han creado un clima donde la desesperanza y el desánimo marcan el inicio de proceso de destrucción irreversible del Estado venezolano.

En este sentido, Samuel Huntington (1972) certeramente afirma que el rol de guardianes que los integrantes del sector militar de algunos países asumen sobre el funcionamiento del Estado, su legalidad e instituciones, los condiciona a visualizarse como promotores imparciales y garantes de las reformas sociales y económicas en sus sociedades; y en el caso venezolano, tal como afirma Jácome (2011) los militares han tenido un papel relevante en la desinstitucionalización del Estado, al asumir  una importante cuota de conducción política, especialmente en materia de políticas públicas y han pasado a tener una tutela sobre todos los aspectos de la vida del país.  Este comportamiento termina por socavar las bases de la democracia, minar la institucionalidad y generar declaraciones como las señaladas en este análisis.

Es imperativo que los ciudadanos venezolanos y los integrantes de la  Fuerza Armada Nacional comprendan e internalicen que en una democracia formal la institución militar debe existir bajo la dependencia del control político civil, responsable de invertir en el diseño de unas fuerzas armadas modernas y eficientes, cuyas características principales sean un elevado apresto operacional, competencia profesional, organización vertical, flexible, bien equipada, con capacidad de hacerle frente a las amenazas internas y externas de la República, al igual que adaptadas a los retos y desafíos propios de estos tiempos. En suma, una organización capaz de representar y defender los más altos intereses de la Republica y de sus ciudadanos. El monopolio del uso legítimo de la fuerza debe estar orientado a brindar la seguridad y defensa requeridas para garantizar la protección de los venezolanos sin distingo de raza, credo, posición económica o ideología política.

Definitivamente, la institución militar debe fundamentarse en principios y valores democráticos y progresistas que contribuyan a reestablecer el equilibrio en la relación Estado-FAN-Sociedad Civil para la convivencia pacífica y la consecución del desarrollo. La organización castrense históricamente ha estado llamada a jugar un rol fundamental como garante de la soberanía e integridad territorial, del respeto a la Constitución y las leyes, así como ejemplo de organización, planificación, orden, disciplina y moral ciudadana. Podemos tener la esperanza de encontrar esos valores en lo que queda de institucionalidad militar?

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