Carta del Director

Las elecciones parlamentarias avanzan contra viento y marea

Carta del Director

Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters 

Editorial

Benigno Alarcón Deza

El régimen liderado por Maduro no da señales de ceder en su empeño de llevar a cabo los comicios parlamentarios de diciembre, aún a sabiendas de que no gozarán de legitimidad ni dentro del país ni internacionalmente y  que estarán signadas por una muy elevada abstención.  Busca a toda costa quitarse de encima una Asamblea Nacional controlada por Guaidó, darle una estocada final a la unidad opositora y humillar al Gobierno de Trump, su gran enemigo externo. Para la oposición, ya decidida su no participación, el gran reto está en definir desde ahora mismo sus liderazgos y su ruta a partir de enero


La batalla electoral

A pesar de una situación de pandemia, que incluso ha tocado directamente  a varios de los actores principales del régimen y que se encontrará en fase de crecimiento exponencial, posiblemente por el resto del año, no hay evidencia que permita predecir una posible suspensión de la elección programada para el próximo 6 de diciembre. Tal escenario solo se presentaría  por circunstancias poco probables, como una situación de protesta generalizada que escalara a niveles inmanejables, de tal modo que el aparato represivo se negase a controlarla, o una negativa de la Fuerza Armada a continuar con el proceso por razones de seguridad sanitaria, en protección de sus efectivos. Ambos escenarios lucen poco probables, considerando la estrecha relación entre los intereses de la Fuerza Armada y el régimen de Maduro.

Lo que sí resulta más probable es que el régimen tome ventaja de la desmovilización, potenciada por el miedo al contagio y los llamados a la abstención, para avanzar en un proceso cuyo manejo se facilita por la baja participación. Esto le facilitaría la obtención de dos tercios del parlamento, o algo muy cercano a la mayoría calificada, con tan solo los votos que pueden movilizar coercitivamente, mientras el resto de sus competidores dependerá de su capacidad para persuadir a un elector que, si bien no apoya al oficialismo, tendrá muchas dudas sobre el costo/beneficio de votar, incluyendo el temor a contraer el coronavirus.

Ni las advertencias sobre el desconocimiento del resultado por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea, ni los llamados a postergar la elección por razones sanitarias, harán que el régimen suspenda los comicios. Mucho menos permitirá la observación internacional ni tampoco se abrirá a mejorar las condiciones de competitividad e integridad electoral, planteadas por los mediadores noruegos, para que la oposición participe. Ninguna de estas razones le hará desviarse de la estrategia escogida que, de producir los resultados que ha previsto, se traduciría en el control del Legislativo, la disolución de la unidad opositora y, aunque por motivos exógenos, la derrota que espera de su mayor adversario internacional, Donald Trump.

El Consejo Nacional Electoral avanza en el proceso, pese a numerosos obstáculos como la destrucción de los equipos y materiales electorales en el incendio de los almacenes del organismo comicial, la renuncia de parte importante de su personal,  la esperada renuncia de uno de sus nuevos rectores, Rafael Simón Jiménez, y el crecimiento exponencial de la pandemia.  Una vez concluido el proceso de inscripción de doscientos mil nuevos votantes, y aprobada la compra de 30.000 máquinas de votación, se inició la semana pasada el lapso para la postulación de candidatos, y está por aprobarse la contratación, en las próximas horas, de ExClé, – que ya comenzó la ampliación de sus oficinas en Caracas y otras regiones-, como la empresa designada  para el manejo tecnológico de esta elección.

A pesar de la defensa que  Jiménez ha venido haciendo de las condiciones electorales: “Condiciones de parlamentarias son las mismas exigidas por el G4 en República Dominicana en 2018” [Leer];  está claro que ni los nuevos rectores nombrados fuera de la Asamblea Nacional, ni el aumento de 110 curules, ni la intervención de tres de los cuatro partidos políticos del G4, ni la ausencia de observación electoral, podrían estar entre las condiciones aceptadas por la oposición.

La renuncia de Jiménez al Consejo Nacional Electoral se ha tratado de explicar por su falta de vocación para ser árbitro y su supuesta preferencia por una candidatura para los comicios legislativos. Sin embargo, su denuncia contra Exclé y su desinformación, en condición de rector, sobre el número de máquinas de votación aprobadas para su compra, son indicadores de peso para conocer cómo andan las cosas puertas adentro y la inconveniencia de ser rector en un proceso que evidentemente no controlaba, que de seguro se complicará y que tiene muy bajas probabilidades de ser reconocido como válido. Pero será, finalmente, su aceptación o no de las ofertas para postularse como diputado a la Asamblea Nacional, lo que nos dará una idea más clara de las expectativas que este veterano político tiene acerca del desenlace de la venidera elección.

Por su parte, la decisión del G4 de no participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, ya es una decisión firme e irreversible, y su anuncio público a través del comunicado firmado por 27 partidos políticos busca, para disgusto de los partidos que sí participan, deslegitimar el proceso y generar una mayor abstención, que al día de hoy podría rondar el  60%. Henri Falcón y Bernabé Gutiérrez responden inmediatamente, porque saben lo que tal declaración implica. El primero desconoce la existencia de la mayoría de las 27 organizaciones firmantes; mientras el segundo, ungido judicialmente como secretario interino del partido más antiguo del país, se apresura a afirmar que Acción Democrática sí participará en la elección parlamentaria.

Por si fuera poco, el martes pasado la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se sumó al debate, a través de un comunicado que, entre otras cosas, llama a la oposición a no renunciar a la vía electoral, lo que ha generado las reacciones e interpretaciones más diversas por la ambigüedad de su redacción. Sin pretender convertirnos en intérpretes del documento de la CEV, es importante recordar que este comunicado es emitido por las mismas autoridades de la iglesia que emitieron los comunicados previos. En este sentido, es fundamental considerar que no hay contradicción entre no participar en un proceso y defender el derecho a elegir. La iglesia defiende la vía electoral y exige a la oposición hacer algo más que abstenerse para defender ese derecho a elegir. 

La nueva Asamblea Nacional

El régimen, mediante el  Consejo Nacional Electoral, diseñó un sistema y una dinámica electoral a la medida de sus intereses, lo que le permite controlar y dirigir el proceso condicionando los resultados. Es de esperar que el PSUV controlará la mayoría calificada, y los partidos de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, junto a los partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, alcanzarán una disminuida y fragmentada representación.

La Asociación Civil Súmate ha realizado simulaciones del resultado electoral, que fueron presentadas en nuestro evento Prospectiva 2020 Semestre II, en las que se muestra que con una distribución en el número de votos , similar a la de la elección presidencial de mayo de 2018, en la cual la  proporción de votos fue de 60 /40 (gobierno/oposición), el número de diputados dependerá de la dispersión de candidaturas de los grupos que se identifican como de oposición y que sí participarán.

Posible distribución parlamentaria

El escenario post-electoral

Aunque tanto la oposición, como el gobierno norteamericano y una parte importante de la comunidad internacional han estado muy activos durante los últimos días, pareciera poco probable producir en menos de tres meses un desenlace que no fue posible durante los últimos dos años. Ello responde no sólo a razones relacionadas con lo acertado o no de las decisiones que se pudiesen tomar, sino  a las condiciones que escapan del control de las partes, como  la evolución de la actual campaña electoral en los Estados Unidos, la actitud del venezolano ante la situación social y política, así como sus expectativas en el corto plazo. En este sentido, y a pesar de que existe más de un 30% de la población dispuesta a participar en protestas, la falta de estructuras orgánicas de base en la sociedad civil, hace inviable  lograr para este año el tipo de movilización que el liderazgo opositor intentaba impulsar desde el regreso de Guaidó de su gira internacional, el pasado mes de febrero.

Es por ello que, para los partidos de la oposición representados por el G4 -que si incluimos a los partidos firmantes podríamos comenzar a denominar como G27-, el resultado subóptimo que podrían aspirar de cara a esta elección se limita a lograr su desconocimiento nacional e internacional, para lo cual necesitan estimular y justificar políticamente la abstención, a los fines de deslegitimar el proceso y a quienes han decidido participar. Tal apuesta parece, al menos hasta ahora, de bajo riesgo, considerando las proyecciones actuales de participación que apenas superan el 40%, según nuestros propios estudios de opinión, el efecto erosionador que podría tener la continuidad de la campaña del G27 y otros actores contra la participación, junto a las denuncias constantes de la comunidad internacional por la falta de condiciones para esta elección.

Es importante reconocer que la abstención, como estrategia de deslegitimación electoral, enfrenta importantes costos para la misma oposición. Hoy, la abstención no goza del mismo nivel de consenso que tuvo en las parlamentarias de 2005, en la elección de la Asamblea Constituyente de 2017, e incluso en la presidencial de 2018, cuando solo participaron los partidos que actualmente  integran “la mesita”.

El régimen comprende, mejor que nunca, los costos  de la deslegitimación electoral, principalmente por los que ha tenido que pagar desde 2018, tanto por el desconocimiento de su elección como por el reconocimiento de Guaidó como presidente interino, y ha tratado de evitar que la historia se repita convocando a una elección multipartidista caracterizada por la coerción, el clientelismo competitivo y la manipulación de los partidos minoritarios, a los que se tienta con más curules y la promesa de heredar los espacios del G4 en el parlamento. A ello se suman las consecuencias de la abstención para los funcionarios electos que aspiran o quieren preservar sus posiciones en las regionales y municipales del próximo año, lo que podría generar fracturas adicionales entre las filas de la oposición. A todo evento, pese a que habrá más de cien partidos compitiendo en la elección parlamentaria, el objetivo de dar legitimidad al proceso se ve cada vez más remoto, dadas las advertencias de la comunidad internacional, por una parte, y lo que parece ser una sólida tendencia hacia la abstención.

Pese a todas estas dificultades, lo cierto es que nada indica que el régimen esté dispuesto a suspender o posponer las elecciones parlamentarias. Elecciones que, aunque no  liberan de costos al gobierno de Maduro, sirven como medio para lograr un propósito prioritario para el régimen: arrancarle la Asamblea Nacional a Guaidó y al G4 que, a pesar de sus errores, se han convertido, junto al gobierno de Trump, en los adversarios más costosos que ha tenido en años.

Frente a esto,  para el G27 el reto está en definir desde ahora mismo sus liderazgos y su ruta a partir de enero, considerando que las tendencias apuntan hacia una baja probabilidad de que los partidos que participan en el proceso puedan capitalizar la empatía de quienes se autodefinen como opositores, e incluso de una porción muy grande de quienes no se identifican con el gobierno ni con la oposición. Todo se traduce en una ventana de oportunidad tanto para el liderazgo de oposición como para nuevos liderazgos, que se abrirá para aquellos que tengan la capacidad de interpretar de manera más acertada las demandas de esa mayoría, que desde hace mucho aspira y espera por un cambio político.

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