Opinión y análisis

La Consolidación Institucional del Poder Ejecutivo

Foto extraída de: Significado

Eglé Iturbe de Blanco

Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, en Marzo de 2013, se puso como misión avanzar en la implantación del socialismo del siglo XXI, asumiendo la continuación de la destrucción de las instituciones democráticas para edificar otras que le dieran el control total del país. El sacudón adoptado ese año con el cambio de varios ministros fue el primer paso hacia ese objetivo.

Las principales acciones encaminadas a ese proceso estuvieron dirigidas al inicio, al fortalecimiento de la estructura institucional del Poder Ejecutivo, creando para ello un nivel intermedio de coordinación de los ministerios: las vicepresidencias sectoriales. En ese momento se crearon siete de ellas y los ministros pasaron a un segundo nivel, violando el artículo 242 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que señala: “los Ministros o Ministras son órganos directos del Presidente de la República y reunidos o reunidas conjuntamente con este o esta y con el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, conforman el Consejo de Ministros “.

La segunda acción fue la implantación de hecho de un gobierno cívico-militar que se ha manifestado en la incorporación al gabinete de militares de alto rango. Estas personas han ocupado carteras y cargos de significación en las políticas públicas en casi todos los sectores económicos, productivos, de defensa, seguridad interna, infraestructura y transporte. En el 2018 se tuvieron 12 ministros militares, entre activos y retirados¸ y para lo que va del 2020, se tienen 10 ministros en las carteras de Alimentación, Agricultura Productiva y Tierras, Defensa, Desarrollo Minero Ecológico, Petróleo, Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Ecosocialismo, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Obras Públicas, Transporte y Hábitat y Vivienda. Al lado de los ministros se tienen al menos 1 o 2 viceministros por ministerio y varios presidentes de órganos y empresas.

Las siguientes acciones han estado dirigidas a la incorporación, por distintos mecanismos, de las decisiones de los otros poderes públicos a la voluntad del Ejecutivo. En este caso del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. En el 2015 a raíz de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias, con una mayoría calificada con 2/3 de los diputados electos, se generaron efectos inmediatos en el gobierno: a) la presidencia saliente de la AN nombró el 23 de diciembre, antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea, a los 13 magistrados principales y 21 suplentes del TSJ sin que se cumplieran los requisitos establecidos en la CRBV, para así asegurarse una mayoría favorable al gobierno en el máximo tribunal , b) a los pocos días de instalada la AN anuló las elecciones del estado Amazonas para quitarle a la AN la mayoría calificada (110 diputados) y hoy, 5 años después, aún esa entidad no tiene representación, (sentencia No 1 del 2016 de la Sala Electoral ) y ,c) paso seguido, en agosto del 2016,declaró en “desacato” a la AN por el mismo motivo, declarando que todas las decisiones de órgano legislativo eran “carentes de validez ,existencia y eficacia jurídica, mientras dure el desacato”.

El TSJ ha asumido funciones legislativas y nombrado un nuevo CNE sin consulta, ha inhabilitado partidos políticos y entregado sus símbolos y nombres a nuevas directivas seleccionadas por el Tribunal. Así mismo, ha designado el contralor, el procurador y el defensor del pueblo, sin participación de la AN. En marzo el TSJ intentó eliminar la inmunidad parlamentaria por encontrarse la AN en desacato (sentencia 155) pero encontró la oposición formal de la Fiscal General de la República y hubo de suspender la decisión.

En Mayo del 2017 convocó a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que se instaló los primeros días de agosto en el Palacio Federal, donde funciona la AN legítima. La ANC ha dictado a la fecha decenas de decretos y leyes constitucionales, (leyes que no están previstas en la Constitución) pero no ha presentado ningún borrador de una nueva Constitución, que era su mandato. Está previsto que luego de la elecciones del 6 de diciembre, la ANC cese en sus funciones.

El régimen ha tomado iniciativas adicionales para cooptar los gobiernos estadales, y para las elecciones regionales de 2017 designó nueve ministros y diputados para competir por los estados Apure, Aragua, Bolívar, Falcón, Vargas, Lara, Miranda, Sucre y Trujillo .Todos fueron electos y hoy hay 19 gobernadores del chavismo. Igualmente el gobierno ha tomado una nueva iniciativa, la de sustituir ocho ministros del gabinete ejecutivo para que participen en las elecciones de la próxima AN el 6D, incluidos en la lista nacional, no prevista en las elecciones legislativas anteriores y para cuya lista no votarán los electores. Ellos son Jorge Rodríguez, Blanca Eekhout, Pedro Infante, Asia Villegas, Gilberto Pinto, Gabriela Peña, Aloha Nuñez, e Iris Valera.

Con ambas decisiones aspira mantener el control de los 19 gobernadores afectos al régimen y para restarle competencias a los cuatro gobernadores electos por las toldas de la oposición, se le colocó a cada uno de ellos un protector del estado, figura a la que se le transfirió gran parte de las facultades del gobernador y de los recursos destinados a las entidades, dejándolos en minusvalía frente a sus electores.

Siendo esta la situación actual de los poderes públicos, vale la pena preguntarse si en Venezuela se tiene un Estado de Derecho que se refleje en las instituciones que deben garantizar los derechos económicos, políticos y sociales de los ciudadanos. A lo anterior, se ha unido la situación de control social que hoy en día predomina, bajo la excusa de la pandemia que obliga a la desmovilización de los ciudadanos por falta de gasolina, desabastecimiento de comida y medicinas, por la ausencia de salario digno, de escuelas y hospitales adecuados, de seguridad ciudadana, y de servicios básicos como agua, luz, aseo, gas doméstico y transporte público.

Si se revisan todos los decretos dictados desde el 2014 por el Ejecutivo nacional se observa en el primer considerando de los mismos la siguiente frase: “con el compromiso de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionarias en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana basada en principios humanistas, sustentada en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo». Significa que se considera como objetivo principal de la gestión de gobierno dirigir sus acciones a la construcción del socialismo independiente de los otros objetivos subsidiarios.

No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, las posibilidades de reconstruir las estructuras institucionales con la independencia necesaria para garantizar el Estado de Derecho y que la administración pública puede asegurarle al ciudadano servicios básicos, al trabajador un salario digno y al empresario, agricultor y emprendedor, los incentivos necesarios para que incremente la producción nacional y pueda contribuir y tomar las riendas del progreso de la nación, pasa por volver a tener una administración pública, profesional, cuyos funcionarios sean elegidos por su capacidad y formación y no por su militancia política o por pertenecer a las FANB. También pasa por retornar a la independencia de los poderes públicos que garanticen los derechos económicos, políticos y sociales de los venezolanos. No perdamos la esperanza de lograrlo con la contribución de todos.

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